Esta extensión marca un punto de inflexión para el mercado, especialmente en un momento en el que los conflictos legales vinculados al uso de la vivienda están en aumento. “La decisión responde a la transformación del panorama inmobiliario en España”, explica Pedro Bretón director general de SEAG.
Incremento de viviendas de uso turístico
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se registraron más de 351.000 viviendas de uso turístico declaradas, un incremento que ha venido acompañado de una mayor exposición a daños, ocupaciones y conflictos derivados de estancias de corta duración y de la alta rotación de usuarios.
“Este tipo de propiedades, al no encajar en los modelos tradicionales de seguro de alquiler, ha quedado históricamente desprotegido frente a incidencias legales”, asegura el director.
A esta realidad se suma el aumento de conflictos en segundas residencias —apartamentos en la costa, casas rurales o viviendas en desuso durante gran parte del año—, que se han convertido en objetivo frecuente de ocupaciones ilegales y actos vandálicos. “Las estadísticas de seguridad señalan que este tipo de inmuebles presenta una vulnerabilidad mayor debido precisamente a su baja ocupación ya la ausencia prolongada de sus titulares” continúa Bretón.
El tercer ámbito incorporado por SEAG —los pisos vacíos o en proceso de venta— también refleja un problema creciente. En los últimos años, numerosas ciudades han registrado incidencias relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas sin uso habitual.
“Cada vez más propietarios se ven obligados a vender viviendas en situación de ocupación, asumiendo costes legales y retrasos en la comercialización. Según Idealista, en septiembre de 2025 había 23.010 viviendas ocupadas en venta, casi el 3% del mercado, frente a las 20.464 de un año antes (2,6 %)”, explica Pedro.
La ampliación se produce en paralelo a un clima general de aumento de la conflictividad en el mercado del alquiler. La morosidad media en 2025 alcanzó los 4.000€, con un máximo de hasta 49.500€, una cifra que evidencia la presión que soportan los propietarios.
Asimismo, el tiempo promedio de resolución de las incidencias por vías extrajudiciales es de aproximadamente 6 meses. En el caso de aquellas incidencias que no se resuelven por esta vía, como los desahucios, el tiempo medio de resolución asciende a 14 meses.
Con la incorporación de estos tres segmentos —turístico, segunda residencia y vivienda vacía— SEAG busca dar respuesta a un vacío estructural del mercado. La compañía recuerda que la nueva Garantía de Defensa Jurídica incluye asesoría legal ilimitada, mediación profesional, representación ante tribunales y cobertura en casos de impago, daños u ocupación ilegal, adaptándose a las particularidades de cada tipo de inmueble.
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