Fede Durán me entrevistó para Business Insider, y aunque el artículo habla de más cosas, dada la relevancia mediática del tema, lo ha titulado como «Habría que prohibir las redes sociales para toda la población.» (pdf).
Mi posición sobre la regulación de las redes sociales y sobre la protección de menores en particular requiere algunas aclaraciones, porque es fácil, en los tiempos que corren, simplificarla en exceso o interpretarla como una defensa crítica de prohibiciones que, en realidad, considera problemáticas.
Para empezar, como sabrán todos los que me conocen o me leen desde hace tiempo, no me entusiasma la idea de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, al menos tal y como hoy puede implementarse técnicamente. No porque no existe un problema real, que existe y es grave, sino porque las soluciones técnicas disponibles plantean riesgos importantes. Un control efectivo de la edad en entornos digitales probablemente requeriría sistemas avanzados basados en criptografía, credenciales verificables y pruebas de conocimiento cero, tecnologías que aún no están maduras para un despliegue generalizado y seguro. Modelos como los propuestos por iniciativas polémicas pero muy interesantes del tipo de Mundo.org ilustran bien tanto el potencial como los peligros de ese enfoque.
Además, existe un problema educativo evidente: un sistema que impide el acceso hasta una edad concreta y lo permite sin más al cumplirla da lugar a un «salto al vacío». Jóvenes que han estado completamente excluidos de estos entornos pasarían, de la noche a la mañana, a enfrentarse a ellos sin red de seguridad, sin alfabetización digital suficiente y sin herramientas para gestionar. los riesgos psicológicos, informativos y sociales que indudablemente y como todos sabemos llevaran. Desde ese punto de vista, la prohibición estricta podría acabar incluso siendo contraproducente.
A esto se suma una preocupación aún más seria: el uso de credenciales para verificar edad o identidad puede convertirse fácilmente en una herramienta de vigilancia. Cualquier sistema que erosione el anonimato en la red, que lleve toda mi vida defendiendo como un derecho fundamental, abre la puerta al control de disidentes, al seguimiento de adversarios políticos ya abusos que la historia nos ha enseñado a no minimizar. el anonimato, bien entendido y compatible con la responsabilidad legal, es un derecho fundamental que debemos proteger con extremo cuidado, y jamás sacrificarlo en nombre de soluciones aparentemente sencillas.
Por todo ello es que mi propuesta va en otra dirección, que creí haber dejado muy clara pero algunos no han entendido: no quiero prohibir el acceso a las redes sociales a los menores, quiero prohibir el tipo de redes sociales que generan el problema. El núcleo del daño no está en la existencia de espacios digitales de interacción, sino en un modelo de negocio muy concreto: el de la publicidad hipersegmentada basada en la vigilancia masiva del comportamiento de los usuarios.
Las redes sociales dominantes no están diseñadas para facilitar el intercambio de ideas, sino para maximizar el tiempo de permanencia o pegajosidadcon el fin de extraer la mayor cantidad posible de datos personales y convertirlos en perfiles comercializables. Ese diseño incentiva la adicción, la polarización, la amplificación de contenidos extremos y la difusión de desinformación. Mientras este modelo siga siendo legal, cualquier medida periférica será siempre insuficiente.
La paradoja es que, en el contexto europeo, este modelo debería ser ya ilegal si aplicamos Delaware forma coherente el espíritu, no solo la letra, de nuestras leyes de protección de datos y privacidad. El RGPD establece claramente límites al tratamiento de datos personales, al perfilado y al consentimiento informado. Lo que ha faltado hasta ahora no es la legislación, sino la voluntad política de hacerla cumplir frente a actores extremadamente poderosos.
Y este planteamiento no debería limitarse a las redes sociales. La publicidad hipersegmentada es un problema sistémicose utiliza en plataformas sociales, en medios digitales, en servicios de vídeo o en páginas personales. Hay que prohibir todo lo que suponga espiar al usuario, efectos mosaicos incluidos. Pero es en las redes sociales donde sus efectos son más tóxicos, porque allí se combina con dinámicas de identidad, validación social y amplificación algorítmica, y se pone al servicio de todo tipo de intereses, sean políticoscomerciales o genocidasal margen de toda aparente responsabilidad.
Eliminar ese modelo no significa eliminar las redes sociales. Significa forzar una transición hacia modelos compatibles con una sociedad democrática, con la privacidad y con los derechos fundamentales. Existen alternativas perfectamente viables: redes financiadas por suscripciones, por donaciones, por modelos cooperativos o incluso por publicidad contextual no basada en vigilancia, como la que históricamente ha utilizado la televisión o la prensa tradicional. Plataformas como Bluesky o Mastodon demuestran que es posible operar una red social sin espiar sistemáticamente a los usuarios ni convertir cada interacción en un activo comercial.
Si las redes sociales dejan de ser sistemas de vigilancia permanente y pasan a ser, simplemente, espacios de intercambio, la mayor parte de los riesgos asociados, tanto para menores como para adultos, se reduce de forma drástica. Muerto el perro, se acaba la rabia. Y lo mejor de todo es que no haría falta inventar un nuevo marco legal ni introducir mecanismos de control intrusivos: bastaría con aplicar de manera firme y coherente las leyes que ya tenemos, aquellas que precisamente distinguen a la Unión Europea de modelos mucho más permisivos con la violación sistemática de la privacidad como el estadounidense o muchos más autoritarios como el chino.
En resumen, el debate no debería centrarse en quién puede entrar en las redes, sino en qué tipo de redes permitimos que existan. atacar la raíz del problema es más complejo políticamente, pero mucho más eficaz socialmente, además de tener mucho más sentido de corrección tanto política como histórica. El líder que se plantee de verdad terminar con este perverso sistema y desmontar la industria extractiva de las redes sociales y la publicidad hipersegmentada tendrá grandes posibilidades de inscribir su nombre en los libros de Historia. Y, sobre todo, seguir ese curso de acción evita sacrificar derechos fundamentales en nombre de soluciones que solo tratan los síntomas superficiales del problema.
