La Nueva EPS hizo un llamado urgente al respeto por la integridad de sus colaboradores y del personal de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y gestores farmacéuticos, tras registrarse amenazas y agresiones físicas en varias ciudades del país. Los hechos, ocurridos en Medellín, Ibagué y Bogotá, incluyeron golpes a funcionarios, daños a fachadas y mobiliario, y amenazas con armas de fuego en una Oficina de Atención en Bogotá.
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Según informó la entidad, las agresiones se han presentado en medio de un proceso de ajuste operativo para garantizar la entrega de medicamentos, luego de la salida intempestiva de algunos gestores farmacéuticos. Ante este escenario, Nueva EPS advirtió que, de persistir las agresiones, los nuevos operadores podrían suspender los servicios de manera preventiva para proteger la vida y la integridad de su personal asistencial y administrativo.
Nueva EPS es la aseguradora con más afiliados en el país, con 11,7 millones. Foto:MAURICIO MORENO
“El llamado no es solo por el respeto a la integridad y la vida de los colaboradores, que también son seres humanos, sino porque varios gestores han afirmado que, de continuar las agresiones, tendrán que suspender los servicios”, señaló la entidad. De acuerdo con el comunicado, el cierre de puntos de atención será una medida de contingencia ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad.
En los últimos días, como parte de los planos de contingencia, Nueva EPS logró negociaciones con nuevos operadores, entre ellos Medic Colombia SAS, que asumieron la operación en zonas como Ibagué, Medellín y Cundinamarca. Estos gestores han implementado extensiones de horario, entre las 5:00 pm y las 10:00 pm, con el fin de garantizar la entrega de medicamentos mientras se completa el proceso de adaptación. No obstante, la entidad reconoció que esta fase inicial se ha visto afectada por situaciones de orden público derivadas de agresiones al personal, pese a los esfuerzos logísticos realizados.
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La advertencia de posibles cierres se produce en un contexto de profunda crisis de la Nueva EPS, intervenida por el Estado desde abril de 2024 y responsable de la atención de 11,7 millones de afiliados. En los últimos meses, la entidad se ha enfrentado a un deterioro acelerado de su operación, reflejado en cierres de servicios, aumento sin precedentes de quejas y tutelas, suspensión de contratos con clínicas y hospitales, y protestas de usuarios por la falta de medicamentos y atención médica.
La EPS, intervenida por el Estado, registra aumentos récord de quejas y dificultades con prestadores Foto:Luis Lizarazo García. Archivo EL TIEMPO
Este panorama contrasta con las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien recientemente aseguró que “la salud va bien” y defendió un equilibrio favorable del sistema durante su Gobierno. El mandatario afirmó que la mortalidad infantil por desnutrición es la más baja del siglo y que la mortalidad perinatal se encuentra en su menor nivel histórico, y sostuvo que no se está destruyendo el sistema de salud, sino los negocios privados de los dueños de las EPS.
A estas afirmaciones respondió la presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca, Clemencia Mayorga, quien calificó como “falso” el balance presentado por el jefe de Estado. «El aumento crítico de tutelas y quejas por falta de medicamentos y atención lo demuestran. El cierre de más de 10.000 servicios de salud y trabajadores sin pago lo demuestran», señaló. Frente al indicador de mortalidad por desnutrición, Mayorga indicó que la cifra de 2024 es casi la misma que la de 2020, lo que, a su juicio, desvirtúa la idea de una mejora estructural atribuible al actual modelo de gestión.
Las cifras de la Defensoría del Pueblo refuerzan el diagnóstico de deterioro, especialmente en el caso de la Nueva EPS. Un informe de la Delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social muestra que las quejas contra esta EPS se dispararon entre 2024 y 2025. En el Huila crecieron un 564 %; en Vichada, un 538 %; y en Amazonas, un 290 %. En Norte de Santander, las reclamaciones pasaron de 216 a 705, mientras que en el Quindío se registraron 1.314 quejas, la cifra más alta del informe.
Ataques a funcionarios y amenazas con armas en puntos de atención se suman a la crisis de la EPS. Foto:MAURICIO MORENO
De acuerdo con la Defensoría, las principales causas de las reclamaciones son la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, demoras en citas especializadas, acumulación de cartera con los prestadores, insuficiencia de la red de servicios y negación de transporte y viáticos, especialmente en zonas dispersas donde, en algunos casos, Nueva EPS es el único asegurador.
El impacto de esta crisis ya se refleja en decisiones concretas de prestadores. En Cali, la Clínica Nuestra Señora de los Remedios suspendió la atención a usuarios de Nueva EPS tras confirmar que no cuenta con un contrato vigente, mientras que en Bogotá el Hospital Universitario Méderi dejó de atender de manera regular a los afiliados luego del vencimiento del contrato, limitando la atención a urgencias.
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El descontento de los usuarios se trasladó a las calles el 5 de febrero de 2026, cuando los afiliados protestaron en Bogotá por los retrasos prolongados en la entrega de medicamentos, autorizaciones y procedimientos. Durante la jornada, la Defensoría recordó que las quejas contra Nueva EPS aumentaron un 107 % en 2025, superando las 14.600 reclamaciones, y que en lo corrido de 2026 ya se registraron cerca de 1.100 casos.
En este escenario, Nueva EPS presentó excusas por los traumatismos ocasionados en la atención y reiteró que continuará trabajando de manera articulada con instituciones y organismos para restablecer plenamente la entrega regular de medicamentos. Sin embargo, advirtió que la continuidad del servicio depende también de que se garantice la seguridad de los colaboradores, en un contexto donde la crisis operativa, la inconformidad de los usuarios y los hechos de violencia convergen y profundizan la fragilidad del sistema.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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