EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– A nueve meses del colapso del centro de diversión Jet Set, una de las tragedias no naturales más devastadoras de la historia reciente del país, el sistema judicial entra este lunes en una fase decisiva con el inicio de la audiencia preliminar contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat.
La audiencia, fijada para este lunes 12 de enero de 2026, estará a cargo del juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá determinar si existen elementos probatorios suficientes para que los imputados enfrenten un juicio de fondo por su presunta responsabilidad en el derrumbe que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 lesionadas.
El Ministerio Público presentó acusación formal por homicidio involuntario, junto con el requerimiento de apertura a juicio, alegando negligencias graves en el mantenimiento y las condiciones estructurales del emblemático centro nocturno.
La instancia fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y está respaldada por un equipo de alto nivel del órgano acusador, encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
También integran el equipo acusador el procurador de corte Héctor García, los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, así como los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez, quienes sostienen que existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio.
La audiencia preliminar constituye una etapa intermedia del proceso penal, en la que el juez no emite una condena ni una absolución, sino que evalúa la solidez de la acusación presentada por el Ministerio Público para decidir si el proceso avanza a un juicio de fondo.
Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan a la espera de justicia. A nueve meses de la tragedia, el dolor permanece intacto y la expectativa por una respuesta judicial sigue siendo una demanda central.
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares han reiterado que el proceso debe servir no solo para establecer responsabilidades penales y civiles, sino también para sentar precedentes que fortalecen los controles de seguridad, la supervisión estatal y las sanciones ante hechos de negligencia que ponen en riesgo la vida humana.
Los querellantes han solicitado que se establezcan responsabilidades tanto en el ámbito penal como civil contra Antonio y Maribel Espaillat. En lo penal, piden que enfrenten juicio por homicidio involuntario y negligencia grave; en lo civil, reclaman indemnizaciones millonarias por los daños materiales, morales y psicológicos ocasionados a las víctimas y sus familias.
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