“Ahora, presupuestos”. Con la carpeta de la financiación singular desencallada y entregada a un debate de Estado, el Govern de Salvador Illa cree que es hora de abrir el melón de los presupuestos, los primeros del mandato socialista, “imprescindibles” para garantizar la estabilidad de la legislatura.
Para entrar de lleno en este cometido, los aliados de investidura (Esquerra y Comuns) han puesto condiciones previas que las tres partes confiaron en resolver en breve para emprender una negociación exprés de los presupuestos que permita, según determina el Ejecutivo catalán, aprobarlos en el primer trimestre del año.
Nadie tiene interés en que los tiempos se dilaten, pero, para que haya una negociación rápida, la condiciónsine qua non de los republicanos es un calendario y un compromiso “claro” del PSOE para empezar a tramitar las modificaciones legales que permitirán recaudar el 100% del IRPF a la Agència Tributària de Catalunya. “O IRPF o no habrá presupuestos”, insiste.
Esquerra confía en que la ley que registró tras el verano con este propósito sirva como base y que supere el primer trámite en el Congreso a finales de febrero.
El Govern cree que en pocas semanas podrá desencallar el entuerto, pero son conscientes de la oposición de la ministra Montero y de una parte del PSOE. En este caso, también hacen piña con los republicanos y consideran que “algo que demuestre el compromiso” de acometer los cambios legislativos, entre ellos el de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), sería suficiente.
El ruido sobre la financiación puede dilatar la decisión del Gobierno, sin perder de vista que Montero concurrirá en cinco meses a las elecciones de Andalucía.
Los Comuns también señalan cláusulas pendientes al Govern. Exigen revertir el “injustificable” incumplimiento del régimen sancionador a quienes se saltan los topes al precio del alquiler, en vigor desde hace casi un año. Hay 60 expedientes de sanción incoados al respecto que el Ejecutivo catalán se resiste a resolver.
El requisito previo de ERC es avanzar en el IRPF, y el de Comuns, sancionar a quien se salta la ley de vivienda
Otro asunto son los 37 millones de euros acordados el año pasado para las clases de refuerzo de catalán, matemáticas e inglés; así como la recuperación de los comedores en los centros de alta complejidad.
En estos temas se ha avanzado, y el Govern entona el mea culpa en cuanto a las sanciones, pero prevé tener el trabajo listo antes de reunirse con la formación de Jéssica Albiach esta semana. Su resultado determinará si hay mimbres para negociar las cuentas.
Todas las partes creen que estos temas pendientes son cuestiones resolubles y, de hecho, tanto ERC como Comuns trabajan desde hace tiempo en las propuestas que llevarán al debate presupuestario.
Las materias serán la vivienda, el transporte, la educación o la salud. En el caso de Esquerra, discrepan de la política de Illa de atacar la crisis habitacional principalmente con la construcción y defienden inversiones para un plan de “rehabilitación masiva” y actuaciones de calado en municipios rurales. Los republicanos pretenden que la ley de barrios también alcance a las localidades más pequeñas de Cataluña.
A la lista añaden la mejora de las infraestructuras ferroviarias –se tiene que aprobar el plan Rodalies 2026-2030– o más recursos para educación, con la gratuidad de la etapa escolar de 0 a 3 años, de los comedores y las extraescolares en el punto de mira.
Los comunes tienen entre ceja y ceja la “vivienda y los trenes”, pero también pondrán el foco en servicios públicos como el de salud. En diciembre avanzaron que pedirán duplicar la partida para la ley de barrios (hasta los 400 millones) y que será “central” la limitación de las compras especulativas de vivienda, sobre la que ya colaboran con el Govern en un grupo de trabajo que alumbrará una propuesta a finales de mes.
Disponer de los primeros presupuestos de la legislatura –los primeros en tres años en Catalunya– aseguraría el mandato de Illa hasta el 2028 y daría impulso a todos estos planos ya los que quiere acometer este año, entre los que desatacan los vinculados con las renovables y la ley de barrios.
La aprobación de las cuentas, las primeras en tres años, aseguraría el mandato de Illa hasta el 2028
La retahíla de acuerdos presentados por el Govern este 2026 –financiación, Rodalies, aeropuerto, tasa turística, vivienda…– están encaminados a cumplir los pactos de investidura y reducir al mínimo las reticencias de los aliados a aprobar unos presupuestos que corroboran que la política catalana ha entrado en una nueva fase, en la que los socialistas y los republicanos están llamados a entenderse y ser protagonistas, también en el Congreso.
En el Govern valoran que ERC ha entendido que, tras el procesoel independentismo no volverá a sumar mayoría en unos años y que por tanto debía situarse en un espacio político de pacto posibilista. Algo parecido creen que pasaría en Madrid, donde ERC se ha aliado con el PSOE y la entente se mantendría si gobierna el PP.
