En el contexto de subida de precios causada por las consecuencias de la guerra de Irán, el Gobierno volverá a llevar al Congreso un escudo social para mitigar los efectos en la ciudadanía. Pero como ya ocurrió con el que presentó el Ejecutivo a finales de febrero, este puede caer si Junts no le da su apoyo. Los de Puigdemont mantienen su negativa a que el paquete de medidas que contiene propuestas sobre vivienda, y advierten que “si mezclan nabos con coles no votaremos un favor”. Por su parte, los socios menores del Gobierno, Sumar, insisten en incluir estas medidas.
El secretario general de Junts, Jordi Turull ha señalado, en la 2Cat, que no se puede “privatizar” el escudo social como pretende el Ejecutivo español y ha criticado que este Ejecutivo plantee, a su juicio, una política de “invito yo, pero pagas tú”, en referencia a que es el propietario del inmueble el que se hace cargo de los impagos de los inquilinos.
Pero el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado en La 1 que “nadie entendería que se aprobara otro decreto del escudo social sin vivienda”. Ante un escenario con el IPC disparado “estamos peleando para que los contratos que vencen se prorroguen automáticamente”. Desde Sumar redoblan la apuesta ya “corto plazo” solo ven como solución la “intervención del mercado”.
La posición de Junts es diametralmente opuesta y piden que haya una red de seguridad estatal, y que sea el Gobierno quien se responsabilice del alquiler de las personas en situación de vulnerabilidad en caso que no lleguen a fin de mes. “Cuando haces una política de vivienda en la que te cae más simpático el okupa que el propietario no vas bien”, ha zanjado.
El PNV trata de priorizar medidas y recomienda al Ejecutivo que no proponga cuestiones de diferentes índole que dividen a los grupos. “Si no hay consenso suficiente para incorporar esas medidas es mejor no jugar para hacerle frente a esta crisis que nos viene encima”, espetó ayer la portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero.
Urtasun no ha descartado la posibilidad de que su partido vote en contra del decreto si no incluye medidas sobre vivienda, y no ha querido adelantar escenarios.
La aprobación de esta medida depende de un hilo, ya que no solo genera discrepancias entre socios de investidura, sino que también entre los socios del Gobierno. Este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, daba por “seguro” que la vivienda iba a entrar entre las medidas, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, decía que no era “tan seguro”.
Competencias en inmigración
Otro de los caballos de batalla de Junts en esta legislatura esta siendo la delegación de competencias en materia migratoria. Quieren que sea la Generalitat la encargada de marcar la política en inmigración, y los Mossos d’Esquadra el cuerpo que asuma su gestión.
En primera instancia Podemos cerró la puerta a la delegación porque consideró el texto de Junts racista. Sin embargo, hace unas semanas los morados se abrieron a negociar el traspaso como gesto de buena voluntad hacia el PSOE para impulsar la regularización de migrantes.
Eso sí, los de Belarra y Montero pusieron como condición tocar también el articulado de la ley, algo que Turull descarta. No descarta modificar la exposición de motivos si hay “alguna frase que les incomoda”, pero advierte que no “recularan” en el articulado. Los de Puigdemont quieren evitar un traspaso “como el de Rodalies”.
Concierto singular e IRPF
Por su parte, Oriol Junqueras -en los Matins de 3Cat- ha llamado a Junts a colaborar en materia del IRPF, a lo que Turull ha respondido que considera que la recaudación del impuesto es una medida “poco ambiciosa”.
En cambio, sí tiende la mano a ERC para que negocien en Madrid recaudar el 100% de los impuestos en Cataluña, actuando como un “bloque” independentista de 14 diputados en lugar de hacerlo por separado.
Después de la retirada de los presupuestos -y aún si acuerdo por el IRPF- los de Puigdemont creen que los republicanos no conseguirán “ni concierto singular, ni IRPF”.
