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El profesor, jurista y amigo Olivo Rodríguez Huerta me compartió recientemente un papel escrito por el abogado José Ignacio González.titulado «La (incompleta) reforma de la regulacion de minas en Venezuela». Casi al mismo tiempo, Alejandro Valerio, también abogado, me envió su artículo «Qué tan atractivo es Venezuela para la minería extranjera», publicado en el boletín «El diálogo».
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Ambos textos abordan la reforma a la ley minera venezolana desde perspectivas distintas. Esa coincidencia me dio material para escribir una trilogía de artículos. Este es el primero. Su propósito es aportar al debate sobre una reforma minera en la republica dominicana que ordene el Estado, genere confianzaeleve los controles y convierta el mineral potencial en desarrollo legítimo.
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Cada vez que un país anuncia una reforma minerasurge la misma expectativa: que un nuevo marco legal traerá orden, confianzainversión, sostenibilidad y mejores resultados. La promesa resulta atractiva. Sin embargo, la experiencia muestra otra realidad: las leyes, por sí solas, no transforman los sistemas.
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Ese es uno de los puntos centrales del debate reciente en Venezuela. Una visión destaca la oportunidad económica de reglas más flexiblesconcesiones más largas, arbitraje internacional y apertura al capital extranjero. Otra advierte que la reforma será insuficiente si no enfrenta el problema de fondo: la brecha entre la norma escrito y su aplicación en el territorio, las instituciones y el poder público.
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ese contrastar merece atención en la republica dominicana.
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No porque ambos países sean equivalentes. No lo hijo. Tampoco porque debamos copiar modelos externos. pero todavia reforma minera debe responder una pregunta clave: ¿se modifica una? ley o se corrige un sistema?
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La diferencia importa.
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Una ley minera puede modernizar el lenguaje, introducir mejores contratos, actualizar categorías técnicas, incorporar criterios ambientales y ofrecer mayor seguridad al inversor. Eso suma. Pero si persisten la discrecionalidad administrativa, la fragmentación institucionallos retrasos, la falta de trazabilidad, la debilidad del control territorial o la incapacidad de aplicar la norma, la reforma Queda en promesa.
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Esa es la advertencia del caso venezolano: el problema minero no es solo normativo. También es institucional.
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En la republica dominicanael debate no debe centrarse en la extensión del texto ni en su modernidad. La pregunta es otra: ¿la nueva? ley reducirá la incertidumbreordenará competencias, fijará plazos, evitará duplicidades, fortalecerá los controles y garantizará reglas claras al Estado, las empresas y las comunidades?
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Si la respuesta es sí, hay reforma. Si es no, hay un ajustes formales.
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La institucionalidad minera no se limita a un sector. Defina la capacidad del Estado para gobernar el territorio, proteger el ambiente, recaudar, supervisar con criterios objetivos y decidir sin arbitrariedad. Es, en esencia, Estado de derecho aplicado a una actividad compleja.
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Esto no solo interesa a las empresas. También a ambientalistascomunidades, medios, academia y otros sectores. Cuando una actividad opera con incertidumbre y baja transparenciatodos pierden: la inversión, el Estado, la confianza pública y la protección ambiental.
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el debate dominicano debe evitar dos errores.
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El primero es el triunfalismo extractivo: creer que abrir la inversión resolverá todo. Pecado reglas clarascoordinación y supervisión, la apertura puede agravar los problemas.
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El segundo es el reformismo de papel: producir una ley extensa que intento resolver todo, pero genere más confusiónlentitud o conflictos entre instituciones.
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Una reforma madura debe evitar ambos extremos. Debe reconocer el valor económico de los recursos y, al mismo tiempo, fortalecer la gobierno para reducir discrecionalidad, mejorar el control y generar legitimidad.
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La republica dominicana tiene una ventaja: puede hacer una reforma preventivo, no reactiva. No legisla desde el colapso. Puede aprender de otras experiencias y evitar errores.
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Pero eso exige honestidad.
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Una ley moderna no será efectiva solo por mencionar sostenibilidad o añadir requisitos. Será útil si logra que la autoridad actúe con criterios claros, que los procesos sean predecibles, que el control ambiental work y que el Estado enfrente mejor la actividad ilegal.
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La legitimidad de una reforma se mide en su capacidad de aplicar.
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La lección venezolana no es que reformar la ley mar inútil. Es que hacerlo sin fortalecer la institucionalidad convierte la modernización en una promesa vacía.
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La republica dominicana debe aspirar a más.
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Debes construir una ley minera que funciona como arquitectura de decisiones públicos. Una ley que no promete más de lo que el Estado puede cumplir, pero que corrija la incertidumbrela lentitud y los conflictos actuales. Una ley que entienda que la seguridad jurídica y la sostenibilidad no compiten. Y una ley que parte de una idea básica: en minería, la calidad de la institucionalidad define los resultados.
