La Nueva EPS, la aseguradora más grande de Colombia, con más de 11,7 millones de afiliados, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente: no solo por su deterioro financiero y operativo, sino por un vacío de poder que hoy la deja en un limbo jurídico y administrativo. Desde la medianoche del 3 de abril de 2026, cuando venció el decreto que prorrogaba su intervención por parte del Gobierno Nacional, no existe claridad sobre quién está al mando de la entidad ni bajo qué figura jurídica continúa operando.
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El problema es de fondo. La intervención de la Nueva EPS —ordenada el 3 de abril de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud— había sido prorrogada en dos ocasiones. Sin embargo, este año no ocurrió ni lo uno ni lo otro: ni se extendió la medida, ni se expidió un acto administrativo que la levantara. El resultado es un escenario inédito en el que, en la práctica, la EPS más grande del país quedó sin dirección formal.
La falta de articulación para la segunda prórroga de la intervención profundizó el limbo jurídico. Foto:CEET
En este punto, el procedimiento institucional añade otra capa de complejidad. Para una segunda prórroga —es decir, una tercera etapa de intervención— el superintendente ad hoc debe remitir un concepto técnico al Ministerio de Salud. A partir de ese insumo, es esa cartera la encargada de expedir el acto administrativo correspondiente, el cual debe ser publicado oficialmente a través de Presidencia o del propio Ministerio. Nada de esto ha ocurrido hasta ahora, lo que profundiza el vacío jurídico.
La incertidumbre institucional es total. Distintas entidades del Estado, consultadas por EL TIEMPO sobre el tema, se han deslindado de la responsabilidad. Mientras la Superintendencia de Salud ha señalado que la competencia recaería en la superintendente ad hoc, desde el Ministerio de Salud aseguran no tener información sobre la expedición de una resolución que define el futuro de la entidad. A su turno, el superintendente ad hoc respondió que se encuentra por fuera del cargo por motivos médicos y no precisó si dejó a alguien encargado.
En la práctica, esto significa que no hay una cabeza visible con plenas facultades para tomar decisiones. El último interventor, Luis Óscar Gálvez, dejó el cargo al vencerse el término de la intervención, y desde entonces no se ha anunciado su continuidad ni el nombramiento de un reemplazo. El resultado: más de 11 millones de afiliados y cientos de prestadores de salud permanecen en una especie de vacío administrativo.
Una crisis que venía gestándose
Este limbo ocurre en medio de una crisis estructural que la intervención no logró resolver. Desde 2024, cuando el Gobierno asumió el control de la entidad, la situación de la Nueva EPS no ha hecho más que deteriorarse.
La aseguradora no presenta estados financieros claros desde hace dos años, lo que impide conocer con precisión su situación patrimonial. Esta opacidad financiera ha sido uno de los principales obstáculos para cualquier intento de recuperación.
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Al mismo tiempo, la entidad lidera el ranking de quejas en el país. Solo entre enero y julio de 2025 se registraron cerca de 295.000 reclamos, y para 2025 la cifra total superó los 518.000. A esto se suma un dato especialmente preocupante: más de 120.000 tutelas permanecerían sin abrir en los correos de la EPS, según la Defensoría del Pueblo, lo que evidencia fallas graves en la capacidad de respuesta institucional.
La Nueva EPS tiene más de 11 millones de usuarios a su carga. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @melgarejocesarnew
La crisis también se siente en la red de prestación de servicios. Varias clínicas y hospitales han optado por suspender la atención a usuarios de la Nueva EPS debido a las deudas acumuladas. Los hospitales han advertido sobre posibles cierres y la terminación de servicios esenciales, mientras la cartera en mora sigue creciendo. Según estimaciones del sector hospitalario, la deuda con prestadores ya superaría los 5 billones de pesos, con un incremento acelerado en los últimos meses.
A este panorama se suma la inestabilidad administrativa. Desde el inicio de la intervención, la Nueva EPS ha tenido múltiples interventores —entre ellos Julio Rincón, Bernardo Camacho (actual superintendente de Salud), Gloria Polanía y el más reciente, Luis Óscar Gálvez— en un constante relevo que ha dificultado la implementación de estrategias de largo plazo.
La figura de la supervisión tampoco ha sido estable. En noviembre de 2025, Angi Liset Rodríguez fue nombrada superintendente ad hoc para garantizar la imparcialidad, pero renunció apenas un mes después de denunciar presiones. Posteriormente, la responsabilidad recayó en Luz María Múnera, quien ahora se encuentra fuera del cargo por razones médicas, profundizando aún más el vacío de liderazgo.
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Un limbo con riesgos sistémicos
Las implicaciones de este escenario van más allá de la incertidumbre administrativa. De acuerdo con el exministro de Salud Augusto Galán, el país enfrenta una situación sin precedentes en la que ni siquiera es claro el estado jurídico de la entidad.
«Estamos en un escenario en el cual, como decía Horacio Cerpa, ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí tampoco. No se soluciona nada», explicó. Para Galán, la ausencia de una decisión formal —ni prórroga ni levantamiento de la intervención— deja a usuarios, pacientes y prestadores en un limbo que impide cualquier acción efectiva.
El exministro advierte que, sin un interventor con plenas facultades, las personas que hoy están encargadas de la administración carecen del poder necesario para tomar decisiones estructurales. “Están encargados, pero seguramente no tienen poder de solución”, señaló.
A esto se suma un problema aún más profundo: la falta de información financiera confiable. Según explica Galán, la Nueva EPS no presenta saldos desde septiembre de 2023, y ninguno de los interventores posteriores firmados estados financieros actualizados. “No tenemos ni idea cuál es el estado financiero de la Nueva EPS, no tenemos una información clara ni mucho menos veraz”, afirmó.
La ausencia de decisiones de la superintendencia ad hoc y Minsalud mantiene a la EPS sin dirección. Foto:MAURICIO MORENO
Esta opacidad impide determinar si la entidad cumple con los requisitos para levantar la intervención, como la capitalización y la solvencia financiera. “Si no tiene los indicadores que le permiten levantar la intervención; está en un nudo gordiano”, explicó.
El riesgo, advierte, es que la crisis siga profundizándose sin que haya una hoja de ruta clara. El aumento de quejas, tutelas y problemas en la prestación de servicios sugiere que la situación no solo persiste, sino que empeora.
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Mientras tanto, el Gobierno guarda silencio. No hay claridad sobre si la intención era levantar la intervención, nombrar un nuevo gerente o continuar con la medida bajo otra figura. Tampoco se sabe si existen desacuerdos internos que estén frenando una decisión.
En medio de este panorama, la alcaldesa EPS del país —responsable de la atención en salud de cerca de una cuarta parte de los colombianos— permanece sin rumbo definido. Y con ella, millones de usuarios quedan atrapados en una incertidumbre que, más allá de lo jurídico, tiene efectos directos sobre su derecho fundamental a la salud.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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