La reforma de la Administración: una tarea lenta

Entre los entendidos en el terreno de la administración pública –catedráticos, políticos, directivos, consultores, juristas…– habita la duda sobre si la reforma que está llevando a cabo el Govern de la Generalitat será realmente una transformación o se quedará en una simple mejora. Tras un año de tarea, la impresión general, dentro y fuera del Ejecutivo catalán, es que aún se requerirán años para implantar una nueva cultura administrativa que abarque todos los ámbitos, y todos coinciden en que la inteligencia artificial será clave.

Hacer balance de la labor del Govern en la reforma de la Administración es complicado, según Carles Ramió, catedrático y presidente del comité de expertos que ha definido para el Govern las propuestas de mejora (la Cetra): «No ha pasado tiempo suficiente», pero «se va bastante rápido. Mucho más de lo que suele ser convencional en una reforma que, por su naturaleza, es lenta». Y “esta reforma también será lenta”, asegura. En cambio, para el Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA), que agrupa a las principales asociaciones empresariales de Catalunya, “la reforma avanza, pero a diferentes velocidades”.

“Nadie ha puesto esta reforma sobre la mesa como lo ha hecho el Govern” socialista, constata el exdirector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya del ejecutivo de Pere Aragonès, Ismael Peña López. Por tanto, «¿se está mejor que hace un año? Sí. ¿Estamos allí donde querríamos? No», apunta la FERA en un reciente informe sobre la tarea del Govern.

Hasta la fecha, la reforma de la administración pública que Illa encargó al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha puesto medidas en marcha un abanico de concretas, como la renovación de trámites, la eliminación de la cita previa, la inclusión del derecho al error, la renovación de la web de la Generalitat, o la creación de una dirección general específica de inteligencia artificial (IA), y se está evaluando el rendimiento de los empleados públicos con un nuevo sistema 360º que incluye a compañeros, jefes, subordinados… Además, están en marcha, en diferentes fases, algunas de las reformas legislativas clave, como la ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales, la ley de la dirección pública profesional, la de ocupación pública, o la de la organización de la administración de la Generalitat.

Pero Peña López opina que el Gobierno no ha definido un plan, que requeriría de un equipo específico y permanente que gestionara y evaluara los cambios. “No hay una estrategia, hay una lista de cosas” que se van modificando, y “para muchas cosas no es necesaria una ley”, sostiene.

El plan gubernamental deja fuera el ámbito local, donde trabajan unos 150.000 empleados públicos

Su impresión se basa en que el Govern ha iniciado una reforma “que tiene muchas dimensiones e iniciativas en paralelo”, de manera que el Ejecutivo de Illa se ha centrado en aprobar unas mejoras, con efectos a corto plazo, destinadas a agilizar trámites y, por tanto, a eliminar la burocracia.

“Es el ámbito en el que más se está haciendo, es verdad”, admite Ramió, para quien una reforma de este calado conlleva asuntos muy técnicos, poco atractivos para la sociedad y que empiezan a manifestar sus resultados a largo plazo, de manera que el impacto en los servicios a ciudadanos y profesionales también se notará en un tiempo prolongado. “Para superar este escepticismo normal en el ámbito social y profesional sobre una reforma así, se llegó a la conclusión de que se debían dar señales rápidas a la ciudadanía de que esto mejora”, explica. El Gobierno identificó los 170 trámites y servicios más utilizados para mejorarlos y, de paso, eliminó normativa superflua o caducada (5.740 disposiciones legales).

“En principio, el año que viene lo tendrían que notar los ciudadanos, y más adelante, a medida que se aplique la tecnología, con la IA, en el 2027, deberían notarse muchas más mejoras y establecerse las reformas más profundas”, pronostica el catedrático.

Todos los expertos consultados también coinciden en que la IA será clave en esta reforma porque permitirá aumentar la productividad, el gran reto. En un futuro no muy lejano “tendremos los mismos recursos públicos, pero las demandas sociales aumentarán de manera exponencial por el envejecimiento de la población”, advierten.

Junto a la tecnología, la ley de la dirección pública profesional debe permitir una “verdadera carrera horizontal profesional” y un cambio de modelo organizativo. Así, la estructura administrativa de la Generalitat será “menos densa”, lo que se traduce en suprimir cargos intermedios innecesarios, y que “quien realmente aporte valor añadido significativo sea quien eleve su nivel profesional y su retribución”, señala Ramió.

Entendidos del sector público coinciden en que una verdadera transformación requerirá de años

Donde los expertos de la FERA y Peña López echan en falta una acción decidida es en el terreno local. En los ayuntamientos catalanes trabajan 150.000 empleados públicos, pero la reforma obvia este segmento. Ramió confiesa que al iniciar la tarea se planteó esta opción, pero el Govern aclaró que solo actuaría en el marco de sus competencias.