El renovado intento de destituirla se basa en gran medida en acusación de que la Sara Duterte malversó fondos públicos mientras estaba en el cargo. El comité de justicia de la Cámara debatirá tres denuncias de ese tipo.
Un cuarto caso fue retirado por los denunciantes, que buscaban acelerar el proceso.
Duterte también está acusado de haber proferido una amenaza de muerte contra su antiguo aliado y actual presidente Ferdinand Marcos, con quien mantiene un explosivo enfrentamiento político.
Según la Constitución filipina, una destitución activa un juicio en el Senado. Un veredicto de culpabilidad inhabilitaría a Duterte para ejercer cargos públicos y la apartaría de la contienda presidencial de 2028.
El último intento de destituirla se desarrolla en un entorno distinto, con la vicepresidenta a la cabeza en las encuestas recientes, dijeron analistas a la AFP.
El mismo comité que examina el caso contra Duterte desechó el mes pasado un par de denuncias de destitución contra Marcos, al afirmar que las acusaciones de corrupción relacionadas con un escándalo de supuestos proyectos de control de inundaciones carecían de sustento.
Michael Wesley Poa, portavoz del equipo de defensa de Duterte, dijo a la AFP que estaban siguiendo de cerca las deliberaciones y confiaban en que se aplicaran «los mismos estándares» utilizados en la audiencia sobre Marcos.
