Al participar en el Encuentro Industrial “Nueva Ley 47-25 y su impacto en los sectores productivos”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el funcionario resaltó la necesidad de incluir a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en este proceso de democratización.
De hecho, vio positivo que la entidad que preside eleva los niveles de verificación de los proveedores del Estado para asegurar que las adjudicaciones cumplan con su fin social. Según él, el criterio fundamental para otorgar contratos a mipymes será su capacidad real de generar empleos y fomentar la producción nacional, utilizando la trazabilidad de datos para monitorear el cumplimiento de estos objetivos.
Pimentel recordó que la Ley de Contrataciones Públicas establece la posibilidad en la configuración de los pliegos la obligatoriedad de las grandes empresas Delaware subcontratar mipymeslo cual generará encadenamientos productivos con impactos positivos en la economía dominicana.
“En grandes obras de infraestructura donde una mipyme no puede competir como contratista principal, el Estado podrá exigir a las grandes empresas que subcontraten una parte del proyecto a este segmento”, subrayó en su participación.
Otro aspecto fundamental de la nueva normativa es que se limitará el registro a un máximo de cinco actividades comerciales, terminando con las empresas que intentan participar en cualquier rubro sin tener la capacidad técnica real. Esto, de acuerdo con el funcionario, se hará para evitar que las empresas cambien su objeto social según la licitación de turno.
