el Revista médica británica (BMJ), revista científica consistentemente ubicada entre las cinco publicaciones médicas generales más influyentes del mundo por su impacto en la práctica clínica, la integridad de la investigación y el debate global en salud, publicó esta semana un extenso reportaje sobre el sistema de salud colombiano cuyo eje central es una afirmación contundente: la politización del modelo por parte del Gobierno Petro terminó por destruir un sistema que durante dos décadas fue considerado un referente regional.
El artículo, firmado por el periodista Luke Taylor, describe una crisis marcada por desabastecimiento de medicamentos, cierre de servicios hospitalarios, colapso de urgencias, interrupciones en la atención y un deterioro acelerado de los indicadores de acceso y continuidad del cuidado.
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El análisis afirma que la intervención estatal aceleró una crisis financiera y operativa. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
El texto del BMJ parte de una secuencia concreta de hechos: primero, retrasos generalizados en la atención; luego, escasez de medicamentos esenciales como insulina y fármacos oncológicos; posteriormente, la negativa de hospitales a recibir pacientes por falta de pagos; y finalmente, el cierre de salas de maternidad, unidades neonatales y servicios de urgencias. De acuerdo con lo publicado en la revista, este deterioro no fue un accidente ni un fenómeno inevitable, sino el resultado de decisiones políticas que alteraron los flujos financieros del sistema y desestabilizaron su funcionamiento operativo.
La relevancia del análisis radica no solo en el prestigio del BMJ, sino en el enfoque adoptado: el artículo no presenta una evaluación académica formal, pero sí un reportaje periodístico sustentado en datos oficiales, cifras comparativas internacionales y testimonios de expertos en economía de la salud. El diagnóstico es claro: un sistema que alcanzó una cobertura cercana al 99 %, con uno de los gastos de bolsillo más bajos entre países de la Ocde y con hospitales reconocidos a nivel regional, entró en crisis tras la intervención estatal a las EPS, la interrupción de pagos y la subfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
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Según el BMJ, la llegada del presidente Gustavo Petro al poder en 2022 marcó un punto de quietud. El Gobierno cuestionó el papel de las EPS, calificó al sistema como captura por intereses privados y propuso su eliminación mediante una reforma estructural. Ante el estancamiento del proyecto en el Congreso, el Ejecutivo recurrió a decretos ya la intervención directa de aseguradoras, incluyendo las dos más grandes del país: Nueva EPS y Sanitas. Como resultado, cerca del 60% de los recursos del sistema pasaron a ser administrados por el Estado.
La crisis hoy se traduce en hospitales desbordados, EPS intervenidas y mayor gasto de bolsillo. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
El reportaje sostiene que, lejos de corregir los problemas financieros, estas decisiones aceleraron la acumulación de deuda. Hospitales y clínicas dejaron de recibir pagos, las farmacias acumularon cuentas impagas y comenzaron los desabastecimientos. A esto se sumó la subestimación de la UPC durante varios años consecutivos, lo que llevó a que las EPS recibieran menos recursos de los que realmente gastaban en la atención de los pacientes.
Frente a este diagnóstico, el Gobierno reaccionó con dureza. el Ministerio de Salud —que según reveló el periodista, Luke Taylor, no respondió a la solicitud de información antes de que se publicara el artículo— rechazó categóricamente el artículo de BMJ, acusándolo de presentar una narrativa sesgada, cuidado de rigor técnico y sin contraste de fuentes oficiales. En su respuesta, sostuvo que el reportaje desconoce que la crisis del sistema es estructural y acumulada durante más de tres décadas. asociado al modelo de intermediación financiera instaurado con la Ley 100 de 1993, y que atribuye de manera injustificada al actual Gobierno problemas históricos del sector.
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La cartera de Salud también cuestionó que el BMJ destaque indicadores como cobertura y gasto de bolsillo para calificar al sistema como uno de los mejores de América Latina, sin considerar variables como acceso efectivo, equidad territorial, calidad de la atención o experiencia de los usuarios. Además, criticó la selección de fuentes y la ausencia de declaraciones expresas sobre posibles conflictos de intereses, así como la omisión de informes de la Contraloría General sobre irregularidades históricas en el manejo de la UPC.
Según el Ministerio, el artículo sobre el sistema de salud colombiano omite la crisis estructural. Foto:Sergio Acero – EL TIEMPO
Sin embargo, el núcleo de la controversia no está en la interpretación política, sino en los datos. Muchos de los indicadores citados por el BMJ provienen de fuentes oficiales del propio Estado colombiano o de publicaciones científicas internacionales. ampliamente reconocidas. El debate, entonces, no gira únicamente en torno a la narrativa, sino sobre cómo se leen y se explican cifras que muestran un deterioro objetivo del sistema, mientras el Gobierno cuestiona su uso y contexto. Entre esos datos están los siguientes:
Seis datos del ‘British Medical Journal’ que explican la crisis del sistema de salud
- Gasto per cápita eficiente: Según el BMJ, Colombia gasta 477,30 dólares por persona al año en salud (un 11,4% menos que México y 62,7% menos que Chile), el monto más bajo de la región, y aún así fue clasificada entre los mejores sistemas de América Latina. Dicha cifra es clave para entender las tensiones financieras estructurales que se agravaron con la subfinanciación reciente.
- Deuda de las EPS superior a 32,9 billones de pesos: El reportaje cita un informe que reconoce que las EPS adeudan más de $32,9 billones de pesos a hospitales, clínicas y otros actores. Dichas deudas están, en su mayoría, en EPS hoy intervenidas por el Gobierno a través de la Supersalud. Para el BMJ, este volumen de deuda explica por qué los prestadores comenzaron a rechazar pacientes y cerrar servicios.
- Subfinanciación de la UPC: Las EPS reciben alrededor de 100 pesos por cada 109 que gastan en atención, debido a que la UPC fue calculada con cifras de la pandemia. De acuerdo con expertos citados por la revista, esa subfinanciación ha ahondado la crisis. El BMJ afirma que el Gobierno se ha negado a recalcular la UPC, pese a órdenes de la Corte Constitucional.
- Intervención estatal de las principales EPS: El BMJ documenta que el Gobierno tomó el control de ocho de las 29 EPS del país, incluyendo Nueva EPS y Sanitas (que luego fue recuperada por Keralty gracias a órdenes judiciales) que suman en conjunto más de la mitad de los afiliados al sistema de salud. Estas intervenciones, lejos de estabilizar el sistema, profundizaron la incertidumbre financiera y operativa, según el análisis publicado.
- Aumento del 17 % en la afiliación a servicios privados: El artículo señala que la afiliación a la atención privada creció un 17 % en el último año, como respuesta a las fallas del sistema público. El BMJ advierte que esta tendencia incrementa la desigualdad, ya que la atención privada es inaccesible para la mayoría de colombianos debido a sus costos.
- Mortalidad del 25 % al cambiar de EPS: El BMJ citó un estudio de 2015 que encontró que los pacientes que debían cambiar de EPS experimentaban un aumento del 25 % en la mortalidad, principalmente por interrupciones en tratamientos crónicos. Durante los próximos meses al menos 2,3 millones de colombianos se verían obligados a cambiar de EPS pues el Gobierno está decidiendo qué aseguradora los atiende, como parte de su estrategia de salud, lo que plantea un riesgo para la atención.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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