El popularmente conocido como “edificio fantasma” del barrio de Cerdanyola, en Mataró (Maresme), ha sido finalmente vendido a una empresa privada tras más de dieciséis años de abandono, se convirtió en un símbolo de la crisis inmobiliaria y de la degradación. Ahora se ha puesto fin a una larga etapa de incertidumbre sobre el futuro de esta estructura inacabada. El inmueble, propiedad de la Sareb, había sido objeto de negociaciones por parte del Ayuntamiento, que buscaba incorporarlo al parque público de vivienda y destinarlo a un alquiler asequible.
El consistorio incluso llegó a reservar casi un millón de euros para intentar cerrar la operación y estudió distintas vías legales para asegurar la compra. Entre ellas, la activación del derecho de tanteo y retracto, una herramienta que permite a la administración hacerse con inmuebles con preferencia frente a terceros. Sin embargo, esta opción no pudo aplicarse debido a que la normativa no contempla su uso en casos de edificaciones sin finalizar.
Reivindicado como vivienda para jóvenes
Las negociaciones económicas tampoco fructificaron. La oferta municipal oscilaba en torno a los 800.000 euros, pero no fue aceptada por la Sareb, que finalmente ha cerrado la venta con un comprador privado. Esta decisión deja fuera al Ayuntamiento y frustra el proyecto de convertir el edificio en viviendas de protección oficial, una reivindicación mantenida durante años por vecinos y entidades sociales del barrio.
Desde la oposición, Esquerra Republicana de Catalunya criticó la pérdida de la oportunidad, señalando la necesidad de ampliar el parque público de alquiler, especialmente para los jóvenes. Consideran que operaciones como esta son clave en un contexto de creciente dificultad de acceso a la vivienda y lamentan que no se haya podido materializar la compra.
Por su parte, el gobierno municipal defendió su actuación y asegura que se exploraron todas las opciones viables para hacerse con la propiedad. Asimismo, ha señalado que los recursos económicos inicialmente previstos se reintegrarán a la partida destinada a políticas de vivienda, con la previsión de incrementarla en 1,5 millones de euros adicionales en 2026 fruto de acuerdos presupuestarios.
La venta a una empresa privada abre ahora un nuevo escenario para este esqueleto de hormigón, convertido durante años en símbolo del impacto de la crisis inmobiliaria en la ciudad. Aunque todavía no se han hecho públicos los planos concretos del nuevo propietario, se espera que impulse el acabado del edificio tras más de una década y media de parálisis.
En el barrio, la noticia ha generado opiniones divididas. Mientras algunos vecinos celebran que el inmueble deja de ser un foco de degradación urbana, otros expresan su preocupación por la pérdida de una oportunidad para incrementar la oferta de vivienda asequible. El futuro del edificio entra así en una nueva etapa marcada por la iniciativa privada y la incertidumbre sobre el tipo de desarrollo que finalmente se llevará a cabo.
