Desde el terrible accidente de trenes del domingo, la reacción de los principales dirigentes ha sido muy contenida. Ni reproches públicos ni desplantes. De tan poco acostumbrados como estamos al juego limpio entre rivales políticos, esa actitud ha causado sorpresa. Pero es evidente que esa tregua no va a durar. Nadie quiere aparecer como un oportunista (siempre hay alguna excepción). ¿Por qué es tan difícil que, ante una catástrofe sobrecogedora, los líderes se comporten de manera solidaria y dejen a un lado la bronca?
De hecho, la paz política ya ha comenzado a resquebrajarse. No solo por Vox, que entró al trapo desde la misma noche del accidente. La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo lanzó ayer un tuit en el que mezclaba la corrupción en el Ministerio de Fomento, incluyendo referencias a la prostitución (por las relaciones del exministro José Luis Ábalos), con las inversiones en la infraestructura ferroviaria y el accidente. Pero Alberto Núñez Feijóo se ha mantenido por el momento alineado con la posición conciliadora ante la adversidad del presidente andaluz. Juanma Moreno Bonilla ha seguido el manual de la correcta reacción ante un suceso trágico. Acudió enseguida al lugar del siniestro, permaneció al pie del cañón, disponible para los afectados y los medios, pero evitó un excesivo protagonismo y las críticas a otras administraciones. Empatía sin polémicas. Todo lo contrario de su reacción anterior a la crisis de los cribados en las pruebas de cáncer de mama, cuando el Gobierno andaluz incurrió en todo aquello que se debe evitar: negar, minimizar y atacar.
A mucha distancia de Álvarez de Toledo, el responsable de infraestructuras del PP, Juan Bravo, ejerció ayer de portavoz oficial del partido en una rueda de prensa en la que las críticas al Gobierno se mantuvieron dentro de la prudencia. Incluso evitó pedir la dimisión del ministro Óscar Puente. Pero conforme los cuerpos de las víctimas mortales se han recuperado y se pone el foco en las causas del accidente, será inevitable que gane terreno la aproximación política a lo ocurrido. Y en España suele ser habitual que eso derive en bronca. Los expertos en psicología social ante los desastres han identificado diferentes fases en el comportamiento de los ciudadanos ante una emergencia. A grandes rasgos, la sociedad afectada vive un primer momento de impacto, en el que cunde la confusión, la incredulidad y se busca información por parte de las autoridades. Después de una de heroísmo, en la que se refuerzan los lazos de comunidad, las muestras de altruismo y en la que los ciudadanos piden a sus unidades políticas ante la adversidad. Es entonces cuando los dirigentes suelen centralizar las decisiones para mostrarse fuertes ante los ciudadanos. Pero luego llega la época de la desilusión. Surge la rabia y el sentimiento de abandono. Por supuesto, entre los afectados, pero en un plano más amplio es entonces cuando la cohesión social se rompe y afloran las divisiones políticas.
Moreno Bonilla afronta elecciones antes del verano y, según los datos demoscópicos, perdió varios puntos (las encuestas de Ipsos revelan que el PP y la valoración del propio presidente andaluz cayeron entonces siete puntos) por su gestión de la crisis de los cribados. Cómo afrontar el accidente es fundamental para su futuro político, pero también es cierto que no le corresponde a él la responsabilidad en este caso, sino al Gobierno central. El PP viene de una fuerte discusión sobre su capacidad sobre la gestión de emergencias por los incendios del pasado verano, sobre todo en Castilla y León, y por la dana de València. Sin embargo, hay diferencias importantes entre este último caso y lo ocurrido con los trenes en cuanto al tratamiento político.
Todos los focos se van a concentrar en la gestión del ministro Puente, quizás el más beligerante con la oposición.
Cuando ocurrió la tragedia de la dana, Carlos Mazón también apareció conciliador y ensalzando la cooperación junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante un evento meteorológico de dimensiones inesperadas, Mazón habría tenido más fácil encontrar la comprensión ciudadana, pero al intentar eludir las explicaciones sobre dónde estaba en las horas críticas de aquel fatídico día, Mazón acabó por soportarcer el discurso contra la administración central. No le sirvió de nada. De hecho, el PP ha sufrido una erosión electoral en esa comunidad, pero el desgaste se concentró en especial en la figura de Mazón, por lo que el partido tiene margen para resistir, a pesar de que Vox saque el rédito principal gracias a la decisión de salir del Ejecutivo valenciano antes de que ocurriera la catástrofe.
Transcurrido un tiempo prudencial de duelo por las víctimas y de respeto a sus familiares, la sociedad acabará por reclamar con exigencia qué ocurrió en Adamuz, qué falló, si fue evitable y quiénes son los responsables. La búsqueda de un culpable forma parte de las reacciones habituales a este tipo de accidentes. Todos los focos se van a concentrar en el Gobierno de Pedro Sánchez porque suya es la responsabilidad del servicio. Es, además, un suceso que abona el runrún que ya venía siendo insistente en los últimos meses sobre la capacidad de la infraestructura de alta velocidad, derivada de los retrasos e incidencias cada vez más frecuentes. A ello hay que añadir que el ministro que está al frente se caracteriza por una actitud beligerante (en ocasiones incluso arrogante) con la oposición. En realidad, ante una situación como ésta a lo máximo que puede aspirar el Ejecutivo es a no perder credibilidad con actuaciones decididas y explicaciones comprensibles y transparentes. Por tanto, será inevitable, y lógico, que el PP arremeta contra el Gobierno en las próximas semanas. Otra cuestión es el tono que Feijóo decidió emplear ante esta crisis. Desde luego no es lo mismo el utilizado por Álvarez de Toledo que el de Juan Bravo.
Las tragedias, sobre todo cuando se trata de situaciones de afectación muy transversal como la dana o el accidente de Adamuz, suelen provocar un sentimiento de vulnerabilidad entre la población, que esperan certezas de sus autoridades y solvencia a la hora de aplicar medidas que aporten tranquilidad. La política, por su parte, está cada día más pendiente de las actuaciones de reparación, a posteriori, y menos de las de prevención, que son poco o incluso nada visible.
Punto y aparte
Las difíciles relaciones del Govern de Illa con el ministro Puente
Una de las actitudes políticas que más chirrían en los primeros momentos de una emergencia es la táctica de atribuir responsabilidades al otro en función del reparto de competencias. Es algo muy habitual cuando se trata de partidos diferentes, pero incluso se produce entre instancias de un mismo color político. El PSC de Salvador Illa ha evitado cargar contra Renfe en público por la gestión de la interrupción del servicio de Rodalies a raíz del accidente de Gelida. El Govern impuso que los trenes dejaran de funcionar mientras se revisaba la red para garantizar la seguridad. Renfe no tomó medidas para informar a los usuarios y, como el anuncio del Ejecutivo catalán se produjo la noche del martes, el caos fue evidente ayer por la mañana. Como decimos, no ha habido rifirrafe público, pero las relaciones entre el Ejecutivo de la Generalitat y el Ministerio de Transportes no son precisamente las mejores. El ministro Óscar Puente nunca ha sido partidario del traspaso de Rodalies, aunque le toque acometer su aplicación, y en el Govern se tiene la impresión de que tiende a minimizar las quejas procedentes de Catalunya. Illa mantiene excelentes lazos con otros ministros y, por descontado con el propio Pedro Sánchez, pero las relaciones con Puente no pasan de correctas.
