En Uruguay se ha intensificado un debate en el que participa el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, quien ha abierto la puerta a una eventual reducción de la meta de inflación, actualmente fijada en 4,5%. Esta meta es similar, en su valor central, a la de la República Dominicana (4% ±1), aunque presenta ligeras diferencias en su diseño operativo.
El debate surge en un contexto en el que la inflación uruguaya se encuentra en mínimos de 25 años y, además, existen riesgos de que descienda por debajo del 3%, que constituye el piso del rango de tolerancia. Este fenómeno, positivo en el corto plazo para los consumidores —al incrementar su poder adquisitivo—, podría eventualmente revertirse en su perjuicio si la economía cae en desequilibrios, se deteriora la competitividad y se debilita el impulso al crecimiento.
En la región, varios países operan con metas de inflación inferiores a las de Uruguay y la República Dominicana. El caso más destacado es Perú, cuyo meta es del 2%. A este se suman Brasil (3% ±1,5), Chile (3% ±1), Colombia (3% ±1) y México (3% ±1).
Ante el debate sobre la reducción de la meta de inflación que hoy se plantea en Uruguay —y que ya ha sido abordado por otros países de la región—, la República Dominicana debería evitar respuestas reflejas que conducen, ya sea al aceleramiento oa la inercia.
El apresuramiento conduciría a una reducción prematura de la meta de inflación, sin los alineamientos necesarios para garantizar su éxito. En una economía de facto altamente dolarizada, abierta y atravesada por rigideces estructurales, una rebaja abrupta de la meta —sin que estén dadas las condiciones macroeconómicas e institucionales— constituiría un error. La meta de inflación no es una aspiración: es un ancla de credibilidad. Y la credibilidad se construye antes de reducir la meta, no después.
Ahora bien, la inacción tampoco resulta aconsejable, pues privaría al país de beneficios sustantivos de largo plazo: el anclaje de expectativas, la reducción de las primas de riesgo sobre los activos en pesos, la mejora de la curva de rendimientos reales, el estímulo a los contratos de largo plazo en moneda local y el fortalecimiento de la percepción de estabilidad macroeconómica, sin necesidad de “dolarizar la narrativa”. Dicho de forma más sintética: la meta de inflación vigente protege la estabilidad en el corto plazo, pero a largo plazo cobra un peaje en términos de ahorro e inversión.
Reducir la meta de inflación mediante un plan gradual, explícito y calendarizado, acompañado de los ajustes estructurales necesarios, es perfectamente factible. El ejemplo más elocuente es el de Perú, que en las décadas de 1980 y 1990 padeció una hiperinflación severa. En 1990, la inflación anual superó el 7.500 %, provocando el colapso de la moneda nacional. En aquel contexto, los precios variaban con tal rapidez que las listas publicadas por la mañana quedaban obsoletas por la tarde, obligando a los comerciantes a reajustarlas constantemente para no perder valor real.
Sin embargo, Perú implementó un programa basado en la disciplina fiscal, la consistencia monetaria y la responsabilidad macroeconómica, lo que le permitió consolidar, con éxito, la meta de inflación más baja de la región.
La República Dominicana estaría en condiciones de recorrer un sendero similar si así se lo propusiera, y hacerlo de manera gradual, no abrupta. Podría, por ejemplo, establecerse una meta de inflación de 3 % ±1 hacia 2030 y de 2 % ±1 para 2035.
Existe, sin embargo, una condición indispensable para alcanzar este objetivo: que el proceso esté acompañado por un fortalecimiento sostenido del marco fiscal, financiero y productivo, de modo que se garantice la sostenibilidad del crecimiento económico y la estabilidad cambiaria.
