Estados Unidos no actúa por casualidad ni por altruismo. Como principal financiador de la ONU, aportando alrededor del 22% del presupuesto regular y más del 26% de las operaciones de paz, Washington ha utilizado históricamente su cheque como palanca de poder. En el caso venezolano, informes de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos han servido de munición diplomática para sanciones y aislamiento, mientras que la agresión armada del 3 de enero ha sido condenada por el propio secretario general António Guterres como “profundamente alarmante” y por el Alto Comisionado Volker Türk como un precedente que “debilita el mecanismo que tenemos para prevenir conflictos”.
La contradicción es evidente: el mismo país que sostiene financieramente a la ONU y organismos como el FMI y el Banco Mundial, donde poseen poder de veto, deciden unilateralmente bombardear y ocupar temporalmente un Estado soberano, violando el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro país. Los gobiernos de Brasil, México, Chile, Colombia, Uruguay y España emitieron una declaración conjunta rechazando “las acciones militares unilaterales” y advirtiendo sobre el riesgo de desestabilización regional. China, Rusia, Irán, Sudáfrica y hasta Singapur han condenado la operación como una “violación flagrante” de la soberanía.
El trasfondo económico es imposible de ignorar. Trump ha declarado abiertamente que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela “hasta una transición adecuada” y que el país comenzará a entregar petróleo directamente a Washington, en un movimiento que expertos califican de saqueo colonial moderno. Esta lógica extractivista, controlar las mayores reservas probadas de crudo del planeta, recuerda las intervenciones del siglo XX en Panamá (1989), Guatemala, Chile y nuestra República Dominicana, donde el pretexto de “seguridad” o “democracia” ocultaba intereses corporativos y geopolíticos.
Para millones de venezolanos, la intervención no trae alivio, sino más incertidumbre. Los bombardeos causaron decenas de muertes —civiles y militares—, cortes de energía en Caracas y un éxodo potencial hacia Colombia y Brasil, mientras la crisis humanitaria preexistente se agrava bajo el peso de sanciones previas y ahora una ocupación de facto. Voces progresistas latinoamericanas advierten que esta acción no resuelve la represión ni la corrupción del chavismo, sino que la reemplaza por una tutela extranjera que históricamente ha dejado caos, desigualdad y más migración forzada.
El financiamiento estadounidense a las organizaciones internacionales —ONU, FMI, Banco Mundial, OEA— no garantiza neutralidad; al contrario, lo convierte en un instrumento de poder asimétrico. Cuando Washington decida que “pagar las cuentas”, también decida cuándo y cómo cobrarlas: con sanciones, bloqueos o, como ahora, con misiles y fuerzas especiales. El mensaje al mundo es claro y peligroso: el multilateralismo existe mientras sirva a los intereses de la superpotencia; cuando no, se impone la ley del más fuerte.
En un continente que ha sufrido siglos de intervencionismo, la captura de Maduro no representa el fin de una dictadura, sino el regreso de la Doctrina Monroe en su versión más cruda. La verdadera pregunta no es solo quien paga las cuentas del sistema internacional, sino quien termina pagando con sangre, soberanía y dignidad el precio de la hegemonía estadounidense.
Por Wilson Collado
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