El nuevo Reglamento de Energía se posiciona entre los más avanzados de la región. En contraste con la regulación vigente en otros países latinoamericanos, sus beneficios resultan significativamente superiores.
Un ejemplo claro es la digitalización del proceso: el reglamento establece un trámite 100 % digital, con un plazo máximo de 45 días para su aprobación, la cual se produciría de manera automática en ausencia de respuesta administrativa. En Chile no se contempla un silencio administrativo positivo pleno, lo que mantiene al regulador con poder de veto. En Colombia, aunque los plazos están formalmente establecidos, en la práctica suelen extenderse debido a reiteradas observaciones técnicas. En Brasil, los tiempos reales frecuentemente superan los plazos normativos, mientras que en México el proceso resulta más restrictivo y lento.
En relación con la eliminación del límite de penetración por circuito del 15 %, Colombia aún conserva restricciones implícitas derivadas de la capacidad de la red, y en el Caribe, países como Jamaica y Barbados continúan aplicando topes rígidos debido a la fragilidad de sus sistemas eléctricos. En este contexto, debe evitarse que el cuello de botella se traslade de la normativa a la calidad y rapidez de los estudios técnicos.
Respecto a la disposición que establece que el medidor bidireccional sea gratuito o reembolsable, en Chile y Brasil este suele estar incluido o regulado como un costo asumido por la distribuidora. En Colombia, en muchos casos el usuario debe cubrir dicho costo, al igual que en Centroamérica, donde frecuentemente recae sobre el consumidor final.
En cuanto a la retribución al generador por parte de las distribuidoras, el reglamento contempla el reconocimiento del 100 % de la energía excedente (net metering pleno), frente al esquema previo del 75 %. En Chile opera el net billing, con precios inferiores al valor minorista, en Brasil el reconocimiento fue históricamente del 100 %, aunque actualmente se encuentra en transición hacia cargos graduales, en México el net metering es casi pleno, y en el Caribe predomina el net billing o esquemas más limitados. En consecuencia, la retribución del 100 % establecida en el país constituye uno de los incentivos más robustos de la región.
Asimismo, la posibilidad de que el usuario opte por el autoconsumo puro, sin cargos ni penalidades, se sitúa al reglamento entre los más ventajosos del entorno regional. Esta disposición resulta clave para usuarios industriales, hoteles y grandes comercios, ya que reduce las tensiones con las distribuidoras y otorga flexibilidad técnica sin desalentar la inversión.
En lo referente al cargo por uso de la roja equivalente al 25 % de la energía inyectada por generadores de menos de 10 kW, Brasil ha introducido cargas graduales por este concepto; en Chile no existe un cargo explícito, dado que el ajuste se realiza mediante un menor precio de compra, Colombia aplica pesos implícitos a través de las tarifas, mientras que en México no se contempla dicho cargo. El objetivo de esta medida es mitigar el impacto fiscal y financiero sobre las distribuidoras.
En definitiva, las reformas incorporadas en el nuevo reglamento son más proinversión y prousuario que el promedio de América Latina, y buscan un equilibrio del mercado con cautela fiscal y técnica, apoyándose en cargos moderados y estudios especializados. El principal riesgo radica en que la implementación —plataformas digitales, estudios técnicos y mecanismos de reembolso— no esté a la altura de la ambición normativa planteada.
