Después de semanas marcadas por informes periodísticos, alertas de organizaciones sociales y reportes sobre la crisis que enfrentan los pacientes del sistema de salud —en especial quienes padecen enfermedades de alto costo—, el Gobierno nacional presentó para comentarios un proyecto de resolución que cambia de manera profunda la forma en la que se manejan y reportan los datos clínicos y epidemiológicos en Colombia. La propuesta llega en un momento de alta sensibilidad política y social, cuando la atención sobre el sistema sanitario colombiano ha traspasado las fronteras del país.
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El anuncio del Ministerio de Salud se conoce apenas días después de que el movimiento Pacientes Colombia viajara hasta Washington DC, en Estados Unidos, para exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que califican como la magnitud de una crisis humanitaria en el sistema de salud colombiano. La organización presentó un informe técnico ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), en el que documenta con pruebas la situación que, según sus voces, afecta a millones de personas en el país.
La iniciativa surgió después de que Pacientes Colombia llevara a la CIDH un informe sobre la crisis. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes entregaron un documento de más de 80 páginas. En él, la organización habla de una “crisis humanitaria inducida por el Gobierno nacional” y recoge casos emblemáticos que, aseguran, ilustran el deterioro de la atención. Entre ellos, la muerte del niño Kevin Acosta, paciente de alto costo y quien falleció mientras esperaba su tratamiento contra la hemofilia, y la de Cecilia Quintero, que murió en un dispensario de medicamentos en Norte de Santander.
El informe presentado ante la CIDH también incluyó cifras que buscan dimensionar la gravedad del problema. Según Pacientes Colombia, la deuda del sistema de salud pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026, con un patrimonio negativo de -15,8 billones. A esto se suma el desabastecimiento de medicamentos, que, de acuerdo con el documento, afecta a pacientes con diabetes, VIH, cáncer, enfermedades huérfanas y trastornos de salud mental, y que habría pasado de menos de 100 tipos de fármacos en 2022 a más de 400 en 2026.
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El proyecto del Ministerio para cambiar el informe de datos
En ese contexto, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó un proyecto de resolución que establece un nuevo procedimiento para el reporte, validación, control de calidad y verificación de consistencia de la información relacionada con las enfermedades ruinosas y catastróficas, denominadas de alto costo. El objetivo central, según el texto, es permitir un seguimiento “oportuno” y directo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, reforzando el control estatal sobre los datos epidemiológicos y clínicos.
Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es el impacto que tendría sobre la Cuenta de Alto Costo (CAC). Este organismo técnico e independiente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, creado en 2007, ha tenido como función principal gestionar, monitorear y analizar la información de pacientes con enfermedades de alto costo, con el fin de mejorar la calidad de la atención, estabilizar el sistema y evitar la discriminación de pacientes, obligando a las EPS a reportar sus casos.
El proyecto de resolución redefine las funciones de la Cuenta de Alto Costo. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
El proyecto propone un período de transición de seis meses durante el cual las entidades obligadas deberán reportar la información tanto al Ministerio como a la Cuenta de Alto Costo. Superado ese plazo, el informe se realizará únicamente al Ministerio de Salud, que administrará de forma directa los registros a través de sus plataformas. La Cuenta de Alto Costo pasaría a centrarse en la auditoría anual de la información que le entregue el Ministerio, devolviendo bases de datos posauditoría e informes técnicos con hallazgos y ajustes.
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Este rediseño institucional ha despertado reacciones inmediatas. Desde Pacientes Colombia, la organización lanzó una alerta pública en la que advirtió que el Ministerio “pretende con resolución eliminar la Cuenta de Alto Costo”, una entidad que, según el movimiento, tiene 18 años de experiencia en el análisis serio, técnico e independiente de los resultados en salud de las enfermedades crónicas. En su pronunciamiento, el colectivo anunció la radicación de un derecho de petición para que se publiquen los resultados en salud de las EPS intervenidas y no intervenidas entre 2022 y 2025.
Las críticas también llegaron desde el ámbito académico. El médico salubrista y profesor de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, señaló que, a su juicio, esto representa un retroceso en salud pública y para el manejo de los datos públicos sobre temas sanitarios.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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