La participación de Jordi Pujol Ferrusola en el mega proyecto inmobiliario de la costa mexicana “no fue relevante” por ser quien es, sino porque “había sido quien había encontrado aquella oportunidad (de negocio) inicial”.
Así lo ha declarado este miércoles Ángel Serrano Martínez-Estéllez, desde 1999 consejero independiente en la junta de accionistas de la empresa que compró el proyecto, Isolux.
Pujol Ferrusola participó con un 21’5% en la sociedad que desarrolló el proyecto Azul de Cortés, unas 750 hectáreas en la Baja California mexicana donde querían desarrollar una enorme infraestructura turística. Serrano conoció la intervención de Pujol, pero lo que importaba a la compañía era “el precio” y que toda la tramitación de permisos y licencias se hiciera acorde a lo establecido en la ley mexicana.
La zona tenía “unas posibilidades de desarrollo turístico extraordinario”, ha añadido.
Y el precio, ha remarcado, estuvo “incluso por debajo” de los que la compañía había ido sopesando.
Cuando la compañía en la que intervino Jordi Pujol vendió el proyecto a Isolux, multiplicaron sus beneficios por seis.
Serrano defiende que el proyecto de Mar de Cortés estuvo sometido a un exhaustivo control administrativo y empresarial: “No he trabajado nunca en un proyecto que tuviera tantos informes y auditorías”.
El fiscal, Fernando Bermejo, ha incidido en los pagos efectuados por Isolux a Juandro Consultores, que financió el inicio de la operación con un millón de dólares.
Serrano minimizó esa cantidad en una entidad como Isolux que facturaba cientos de millones cada año.
“Un consejo de administración (de una empresa del tamaño de Isolux) no puede entrar en traspasos o transferencias a proveedores o servicios por cantidades de un millón o medio o dos”, ha dicho el ejecutivo.
En el escrito de acusación del ministerio fiscal se exponen que Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironès, simularon “operaciones de inversión” en México que les habrían reportado “un beneficio de 13.469.390,80 € con la mera aportación de un peso mexicano, desconociéndose la razón de esos beneficios obtenidos”.
Hasta el momento, todos los testimonios aparecidos en el juicio han expuesto que la inversión en Azul de Cortés fue real y que los beneficios de Pujol y Gironès en ese negocio fueron, efectivamente, de 13 millones de euros.
La sociedad se constituyó por un peso, algo que permite la ley mexicana.
El otro punto fuerte de las últimas sesiones del juicio es la vinculación entre Jordi Pujol Ferrusola y la empresa Inter Rosario Port Services (IRPS). Ésta fue creada el 12 de diciembre de 2001 y en ella participaron las firmas Fruport, Silos de Tarragona, Tarragona Port Services, Naviera del Odiel y Obrascon Huarte Lain (OHL), aunque esta fue sustituida por Losster Company. Su objetivo era la prestación de servicios portuarios a través de la creación de una empresa argentina.
La fiscalía acusa a Jordi Pujol Ferrusola de una serie de maniobras mercantiles en la salida de aquella operación que le reportó un beneficio injustificado de 5’3 millones de euros.
En el juicio, esta mañana, José Luis Villar Guañabens, representante de Tarragona Port Services, ha asegurado que la venta de las participaciones en la sociedad rosarina no se debía a ninguna “quiebra” sino a que “no nos entendíamos los socios argentinos, que tenían un 49% y de los que no había manera de tener información, y pensamos que lo mejor que podíamos hacer era irnos”.
A Jordi Pujol Ferrusola nunca lo conoció.
En cierto sentido ha testificado Juan Oriol Rovira, consejero delegado de Silos Tarragona, que participó en el intento de expansión del Port de Tarragona.
En un testimonio de apenas tres minutos ha dicho que vendieron las acciones de Rosario porque “nuestros socios argentinos nos robaron, la sociedad perdía continuamente pero no nos contaban por qué”.
Dos de los testigos, Eduardo Lardiés y Javier Suqué Mateu, no han podido detallar por qué sus empresas -del sector cementero y de los casinos, respectivamente- giraron facturas a Imisa, la compañía de Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironès. En ambos casos, la gestión de las empresas en la época de los hechos correspondía a otras personas.
Preguntado por el fiscal sobre el llamado caso Casinos, de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya, Suqué Mateu ha dicho tener poco conocimiento: “A mi hermano ya mi padre nos contaba pocas cosas”. El caso quedó archivado, aunque el auto decía que aquella financiación se había producido efectivamente. El letrado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, quiso apuntillar que Artur Suqué, padre del declarante, nunca fue condenado por estos hechos.
