Con un argumento tan simple como irrebatible —que imponer aranceles a las exportaciones textiles de los países del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Cafta-DR) terminaría volviéndose contra la propia industria estadounidense—los textileros de EE.UU. lograron templar la voraz apetito de la Administración Trump por gravar lo extranjero, incluso, cuando eso implicaba desconocer los tratos preferenciales consagrados en acuerdos como éste, del cual forma parte de nuestro país.
No fue en la primera embestida arancelaria cuando se logró frenar la medida. Aquella cayó bajo los vientos huracanados de la Corte Suprema de Estados Unidos, que desplazaron la decisión inicial. Fue en la segunda ola donde la razón estratégica logró imponerse sobre el impulso.
La nueva disposición —un arancel ad valorem del 10 %, sustentado en la aplicación de la Sección 122 de la Trade Act of 1974— tendrá una vigencia inicial de 150 días.
No obstante, excluye explícitamente a los textiles y confecciones provenientes de países miembros del Cafta-DR, siempre que cumplan con las reglas de origen.
En otras palabras, el propio diseño legal reconoció que gravar esta cadena productiva sería, en realidad, gravarse a sí mismo.
Los argumentos de la industria textil estadounidense no apelaron al sentimentalismo, sino a la estructura. El bloque DR-Cafta no es un proveedor externo en el sentido tradicional.
Es una plataforma fabricante regional integrada con Estados Unidos. No se trata de comercio bilateral clásico, se trata de producción compartida. Y ese matiz no es circunstancial, sino, estructural. Estados Unidos no protege solo a un socio: protege una extensión de su propia fábrica.
¿Cómo opera esta integración?
El primer pilar es el origen regional. Para que una prenda ingrese libre de arancel a Estados Unidos, el hilo y el tejido deben producirse dentro de la región (Estados Unidos o países DR-Cafta). Así, el algodón puede cultivarse en suelo estadounidense, el hilo hilarse en sus plantas, la tela tejerse en sus fábricas y la confección final realizada en República Dominicana, Honduras o El Salvador.
No es una simple relación exportador-importador, es una cadena que respira en varios escenarios, pero tarde con un mismo pulso.
El segundo pilar es la especialización productiva. Estados Unidos concentra fibras, hilatura, textiles técnicos e insumos de mayor valor agregado. El DR-Cafta aporta confección intensiva en mano de obra, flexibilidad, rapidez —esa virtud del nearshoring— y producción de series cortas. En el caso dominicano, las zonas francas son engranajes decisivos de esa articulación silenciosa y eficiente.
el tercer pilar es la geografía. La cercanía al mercado estadounidense acorta tiempos de entrega, permite reposiciones rápidas, reducir costos logísticos frente a Asia y mitiga riesgos geopolíticos. En un mundo de cadenas frágiles y tensiones globales, la región se erige como alternativa estratégica frente a China y el Sudeste Asiático.
Al final, no fue altruismo lo que detuvo el arancel, sino, lucidez: comprender que, en una economía entrelazada, castigar al otro puede ser herirse a uno mismo. Porque en las tramas del comercio moderno, cada hilo que se corta en la periferia desgarra también el centro.
