En fila ya está la posible radicación de la asamblea constituyente que se ha promovido desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Quien gane las elecciones presidenciales estará en la obligación de negociar con el Capitolio que se posesionará el próximo 20 de julio y considerará la viabilidad de una nueva reforma tributaria.
Una votación de más de 20 millones de personas este 8 de marzo recompuso el Congreso, que pasará no solo por una renovación –cerca del 63 % de los legisladores electos son caras nuevas–, sino porque sus primeros 18 días de funciones coincidirán con el final del primer gobierno de izquierda pura en el país. Solo en ese lapso, si la actual Casa de Nariño mantiene su palabra, recibirán de entrada un proyecto para convocar una asamblea constituyente y de paso tendrán que prepararse para debatir si es viable o no otra reforma tributaria para sanear la caja del Estado.
Esas discusiones tomarán forma en un Capitolio que dejó al Pacto Histórico como el partido mayoritario, pero con la necesidad de retomar las alianzas si quiere sacar adelante proyectos que le den continuidad a las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los cálculos del preconteo indican que esa colectividad de izquierdas logró 4,4 millones de votos para obtener al menos 25 curules en el Senado, a las cuales se les deben sumar las 37 que conquistaron en la Cámara.
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El segundo partido con más fuerza es el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, que actualmente representa a quienes están ideológicamente distantes del Gobierno. Bajo esas banderas sumaron más de 3 millones de votos en el Senado, donde alcanzaron al menos 17 curules. En la cámara llegaron a 28.
Esto muestra que las dos fuerzas mayoritarias requieren entrar en negociaciones para adelantar su agenda a partir del próximo 20 de julio. Y por eso apuntan a fuerzas que el pasado domingo también lograron un puesto en el Capitolio: estaban en disputa 285 curules, 103 en Senado y 182 en Cámara, si se tienen en cuenta los dos cupos destinados a la llave presidencial que ocupan el segundo lugar en las votaciones del 31 de mayo (o 21 de junio si hay segunda vuelta).
Las fuerzas petristas ya no cuentan con las 10 curules de Comunes, partido de las extintas Farc-EP que desaparecieron al no lograr el umbral en estas legislativas, pero al menos en el Senado sumó cinco escaños más de los que traía en este período; y en la Cámara, donde tenía 27, por ahora llegó hasta 37. Ahora, para seguir aumentando, tienen que analizar cómo vuelven a atraer sectores de los partidos Conservador, Liberal, La U y Alianza Verde, entre otros, que en parte —vía burocracia— la actual administración ha mantenido de su lado en proyectos claves.
Esos partidos suman, en el Senado, 35 puestos, mientras que en la Cámara llegan a 58. Pero no todos están dispuestos a seguir esa misma línea en el nuevo período, e incluso hay varias señales de cómo se han ido distanciando de lo que representa el actual Gobierno.
Eso pone sobre la mesa el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, por la cual hay dos expresidentes del Capitolio y dos exministros de Petro presos, y otros dos exfuncionarios del Ejecutivo prófugos de la justicia. Además, hay al menos 10 legisladores procesados por lo mismo. ¿La razón? Hay expedientes penales porque supuestamente direccionaron su actuar legislativo a cambio de prebendas provenientes del oficialismo.
Eso pone sobre la mesa el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, por la cual hay dos expresidentes del Capitolio y dos exministros de Petro presos, y otros dos exfuncionarios del Ejecutivo prófugos de la justicia. Además, hay al menos 10 legisladores procesados por lo mismo. ¿La razón? Hay expedientes penales porque supuestamente direccionaron su actuar legislativo a cambio de prebendas provenientes del oficialismo.
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En la otra punta del espectro político pasa lo mismo. El Centro Democrático debe recurrir a alianzas con colectividades como Salvación Nacional, que logró tres curules en el Senado al sumar más de 700.000 votos, mientras que en la Cámara se quedaron con un cupo. Además, deben mantener los puentes con Cambio Radical, fuerza que obtuvo seis curules en el Senado (con 1,2 millones de votos) y 10 en la Cámara; si bien es una reducción en su fuerza (perdió en total 11 cupos frente al 2022), son apoyos que pueden definir el futuro de cualquier iniciativa.
Algo similar pasa con el Partido de la U, que ha jugado durante el actual Gobierno a ambos bandos, pues en ciertos puntos le suma al oficialismo y en otros se va con la oposición. El pasado 8 de marzo logró 1,5 millones de votos para quedarse con 9 senadores; en la Cámara logró 12 curules (perdió cuatro curules). A estas telas le vienen coqueteando tanto uribismo como petrismo, porque al igual que los otros tradicionales, pueden voltear decisiones claves en el Congreso.
En medio de este panorama, sea quien sea el próximo presidente, tendrá que apuntar en varios frentes para lograr la gobernabilidad. No importa si su tendencia es la derecha o la izquierda, el caso es que la negociación legislativa será muy fuerte, pues en ningún caso está exento de necesitar de votos diferentes a los de su propia orilla política.
La directriz de las toldas rojas es darle vía libre a su militancia para votar por cualquier candidato, y algo similar ocurre en la Alianza Verde, dividida entre apoyos al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. En el Conservador, el presidente Efraín Cepeda tendría el visto bueno para comenzar acercamientos con las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella; mientras que en Cambio Radical no son pocos los guiños que desde sus integrantes han lanzado a Abelardo de la Espriella, sin tener todavía una definición conjunta en torno a una persona.
En todo caso, quien llegue planteará una relación diferente con el Legislativo. El mismo análisis tendrán que hacer los directores de todos los partidos para ver qué tipo de negociaciones comenzarán a entablar con el nuevo jefe de Estado para ver si se declaran directamente en oposición, independientes o propiamente del “nuevo oficialismo”.
El diálogo del actual presidente Petro con sus vecinos está marcado por tensiones y señalamientos de un supuesto “bloqueo institucional” —dirigidos también a las altas cortes— por el freno que, bajo la óptica del mandatario, ha planteado el Capitolio a sus proyectos. Lo cierto es que todas sus reformas han pasado por allí, con resultados agrícolas. Aprobadas fueron la pensional, hoy en pausa por la revisión de la Corte Constitucional, la laboral y la agraria, que también tiene pendiente su ley ordinaria; mientras la de la salud se hundió en dos ocasiones y está en vilo su “resurrección” vía apelación.
Pero más allá de esas diferencias en la conversación entre los poderes, hay proyectos que comenzarán a moverse dependiendo de quien gane, entre ellos, una reforma tributaria que tendrá, sí o sí, que presentará el nuevo Ejecutivo. Cepeda, el candidato que busca reelegir al proyecto del cambio, ha propuesto profundizar las reformas sociales, con énfasis en la agraria, y mantiene su compromiso con las políticas de paz total, en la que fungió, además, como negociador con el ELN, en un proceso hoy suspendido. Ha hablado, incluso, de llegar al punto de un constituyente, en caso de que estos no avancen en el Legislativo.
Otra línea tiene los candidatos que hacen campaña contra el Gobierno. Tanto Valencia como De la Espriella han señalado que de las primeras cosas que harían en caso de llegar a la Casa de Nariño sería acabar con la política de paz total, que nació como un proyecto aprobado en el Congreso en la primera legislatura de este Ejecutivo, cuando todavía los poderes estaban en una “luna de miel”. La candidata del Centro Democrático, por ejemplo, fue una de las autoras de la demanda por la que la reforma pensional está hoy en la Corte Constitucional, así como la que tumbó el Ministerio de la Igualdad, y ha criticado, en varias ocasiones, la política de entrega de tierras del “Gobierno del cambio”. Figuras como López y Fajardo han compartido una visión similar en materia de seguridad, sumándole la reactivación de la exploración y explotación mineroenergética en el país.
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Todo eso ocurrirá en los próximos meses, en la legislatura que suele ser la menos eficiente y en la que todavía hay varios proyectos que el “Gobierno del cambio” quiere sacar antes de dejar el poder. Eso podrá entrar en contravía con aquellos que dejan sus curules, ya sea por baja votación en las elecciones o por un recambio interno en el partido, y que quieren cimentar su legado en el Legislativo.
La ley de sometimiento que busca complementaria la paz total, según supo El Espectadorya no hace parte de las prioridades del Ejecutivo, que tampoco ve el ambiente político para sumar votos. El Ministerio de Igualdad es otro de los proyectos que tuvo un salvavidas en las comisiones primeras conjuntas, pero todavía sigue en vilo mientras que la votación no se define. En lo económico, la reforma al Código Minero y la Ley de Competencias.
Las elecciones del 8 de marzo fueron el primer pulso entre los candidatos presidenciales, que se midieron en las urnas vía consultas y en curules al Congreso. Ahora, analizan si esos votos serán endosables para un tarjetón presidencial que ya cuenta con 14 fórmulas presidenciales y que podrá llevar a una segunda vuelta que ocurre tan solo un día después de la última jornada de sesiones del Legislativo, que también entrará a jugar sus cartas.
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