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Abelardo traza línea y Paloma proceden: esta inaugura en campaña el plan de destripar a la izquierda. No otra cosa persigue su vileza de relacionar sin pruebas a Cepeda con el infame asesinato de Miguel Uribe, cuando la Fiscalía síndica del crimen a la Segunda Marquetalia. Grupo criminal con el cual estaría negociando hoy el candidato de izquierda, según Valencia. Para rematar, pregunta Álvaro Uribe dónde están los instigadores, Petro y Cepeda. Mienten. Tergiversan. Todos saben que hubo conversaciones de paz con este grupo armado, pero antes del asesinato de Uribe Turbay. Y recuerdan que ya Paloma había tratado a Cepeda de asesino en pleno Senado cuando le espetó dramático: “No me vaya a mandar matar”, el dedo acusador precisamente hacia el hombre que se había hecho político en la defensa de las víctimas. Entre otras, de los 6.402 inocentes que el gobierno de la seguridad democrática mandó matar sin que Paloma musitara palabra. Así mata ella dos pájaros de un tiro: pone en tumba entredicho a su contendiente por la presidencia y descalifica todo logro o intento de paz negociada. Batiendo a su gusto la colada, le adjudica a la Paz de 2016 los desaguisados de la Paz Total, el mayor descalabro de este Gobierno.
La de hoy es una estrategia fracasada, no el intento deliberado de entregar medio país al “neocomunismo”, como lo sugiere el uribismo. No demanda ajustes, como Cepeda quisiera, sino borrón y cuenta nueva. La impericia y el adanismo del Gobierno en su modelo de Paz Total catapultaron la violencia que venía de atrás, y hoy comprometen la soberanía del Estado en un tercio del territorio. Mafias asociadas al crimen multinacional que no buscan ya el poder central del Estado sino el local, llámense disidencias, Clan del Golfo o frentes superstites del ELN, acorralan a poblaciones enteras, administran justicia, disponen del erario y controlan la economía de la región. En un año largo, la crisis del Catatumbo, verbigracia, deja 126 muertos, casi cien mil desplazados y treinta mil confinados.
Y es que durante tres años se porfió en errores que desde el día uno minaron toda posibilidad de éxito en la negociación de paz. Al menos con el ELN. Se abordó el diálogo con un diagnóstico equivocado, sin hoja de ruta clara, sin líneas rojas que protegieran la postura del Gobierno, sin compromiso de la contraparte en la perspectiva de alcanzar la paz, desmovilizarse y dejar las armas. Se podría discutir el cambio de sistema político y económico e implementar los cambios acordados paso a paso, es decir, consagrar un cogobierno armado; más aún, cuando se ayudó que el grupo armado intermediara la relación del Estado con las comunidades. Y los ceses el fuego prematuros, sin monitoreo, fueron ventaja para la contraparte, porque la Fuerza Pública se paralizaba mientras los armados se expandían a sus anchas.
Otro gallo cantaría si de estrategia de seguridad se tratara. La recuperación del territorio obra no sólo por intervención de la Fuerza Pública sino por acción integral del Estado para propiciar el desarrollo económico y social. Y el propio gobierno creó ya los instrumentos del desarrollo territorial: el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General de Participaciones, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en los 170 municipios más golpeados por el conflicto. Ya se inventaron, no tienen precedentes en décadas, pero el Gobierno debe rescatarlos y devolverles su entidad originaria: ser hojas de ruta de la seguridad y el desarrollo. Ineludible, devolver el monopolio de la fuerza a la Fuerza Pública, hoy con sólo el 11% de su capacidad en inteligencia y el 19% en movilidad de la tropa.
Una paz rediseñada y la seguridad así concebida, podrán ser ariete del acuerdo nacional que Cepeda busca, mirando hacia la concertación de un cambio pacífico, mientras Paloma resarce el honor mancillado a Cepeda.
