Para la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, el país atraviesa la crisis financiera y de atención más grave de su historia reciente, con un deterioro patrimonial sin precedentes en las EPS intervenidas por el Gobierno y un impacto directo sobre millones de usuarios que enfrentan barreras crecientes para acceder a servicios y medicamentos.
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Vesga sostiene que los datos disponibles muestran una fractura cada vez más evidente entre dos realidades del sistema: por un lado, las EPS intervenidas, que concentran el mayor deterioro financiero, el crecimiento más acelerado de las deudas y los peores indicadores de atención; y por otro, las EPS no intervenidas, que aunque enfrentan una UPC insuficiente y grandes retos de financiamiento, han logrado sostener su operación y evitar un colapso similar.
En entrevista con EL TIEMPO, la directiva cuestiona con cifras la efectividad de los procesos de intervención adelantados por el Gobierno, advierte sobre los riesgos de una eventual liquidación masiva de EPS y plantea interrogantes de fondo sobre el destino de más de 24 millones de afiliados que hoy están en EPS intervenidas por la Supersalud. “Lo que ha pasado con estas intervenciones es tal vez la mayor demostración de la improvisación y del desconocimiento en la gestión de las EPS”, dice.
Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi. diciembre de 2024 Foto:Acemí
¿Qué tan grave está hoy la situación del sistema de salud?
Terminamos el año 2025 en tal vez la mayor crisis financiera y de atención que ha vivido el sistema en toda su historia. Ocho EPS que administran a más de 24 millones de personas, cuyos resultados a noviembre —los últimos que conocemos— dan cuenta de un deterioro patrimonial cercano a los 16 billones de pesos negativos.
Eso habla de EPS que han venido aumentando sus pasivos de forma dramática, erosionando sus patrimonios, y eso se refleja claramente en los niveles de atención que le están entregando a sus afiliados. Tenemos un crecimiento histórico de quejas y reclamos. La última cifra que conocemos da cuenta de que estaríamos cerrando 2025 con más de dos millones de PQR. Es un número inédito y nos habla de una crisis que ya tocó fondo en lo que se refiere a la administración de esas entidades.
¿Toda la crisis es homogénea en el sistema o hay diferencias entre EPS?
Hay una realidad diferente, pero no menos exigente, en el otro grupo de EPS. Hablemos particularmente de las EPS no intervenidas. Estos han logrado revertir la siniestralidad y el resultado financiero, y terminan el año con una leve utilidad, aunque no una utilidad operativa. Es decir, la proporción entre el ingreso y el gasto en salud sigue siendo negativa.
Eso nos habla de una insuficiencia de los recursos de la salud, sobre lo cual hemos insistido a lo largo de toda la discusión sobre la UPC. Pero es importante decir que parecería que la gran crisis se está concentrando en las EPS intervenidas.
El déficit financiero del sector salud ha llevado, según expertos, al sector a una profunda crisis. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
¿Qué explica que la crisis esté concentrada en las EPS intervenidas?
Eso nos tiene que hablar de dos cosas fundamentales. Primero, del mal gobierno corporativo de entidades que durante dos años de intervención —que es el tiempo promedio— han tenido cuatro o cinco interventores, administraciones opacas y, en casos como el de la Nueva EPS, ni siquiera estados financieros.
Segundo, de cambios en el direccionamiento y la gestión de la red que se traducen en enormes dificultades para los pacientes, particularmente para ser atendidos y para recibir medicamentos. Hemos visto recientemente los problemas derivados de los embargos y las dificultades generales de los gestores farmacéuticos.
Parecería que estamos cerrando el año con dos sistemas: uno en cuidado intensivo crítico, que es el de las EPS intervenidas, y otro con muchos retos de financiamiento, pero que ha logrado acompañar el modelo operativo y la gestión financiera, que es el de las EPS no intervenidas.
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Cuando empezaron las intervenciones, muchos expertos advirtieron que era muy difícil que estas derivaran en mejoras reales. ¿Qué ha pasado con esas EPS?
Es cierto. Cuando iniciaron las intervenciones se advirtió que nunca un proceso de intervención había derivado en la mejora financiera, operativa o en mejores resultados en salud para la población atendida. No ha habido todavía el primer caso en la historia.
Lo que ha pasado con estas intervenciones es tal vez la mayor demostración de la improvisación y del desconocimiento en la gestión de las EPS. Por eso hablaba del gobierno corporativo y de los cambios permanentes en la administración.
Nueva EPS es la aseguradora más grande del país. Actualmente está invernida. Foto:EL TIEMPO
¿Qué muestran los datos concretos de esas intervenciones?
Hablemos de casos puntuales. Coosalud fue intervenida en noviembre de 2024 y un año después había deteriorado su patrimonio casi cuatro veces: termina 2025 con $3,2 billones de pesos negativos. En el caso de Sanitas, después de casi dos años de intervención, el deterioro fue cercano a los $2,3 billones de pesos. En Famisanar, cerca de $1,8 billones.
Eso contrasta con lo que ha pasado con las EPS no intervenidas, que tienen la misma UPC insuficiente, poblaciones de tamaños similares y hoy están asomando la cabeza con muchos retos, pero sin ese nivel de colapso.
El Gobierno ha dicho que, si no funcionan, hay que liquidarlas. ¿Qué riesgos ve usted en ese escenario?
La pregunta es si responsablemente el Gobierno tiene resueltas cuestiones básicas: ¿qué va a pasar con cerca de 24 millones de personas?, ¿qué va a pasar con las deudas de esas EPS, que superan los $20 billones de pesos con la red de prestación?
Después de dos años de intervención, no pudieron mejorar las condiciones, crearon un monstruo y ahora la pregunta es qué hacen con ese monstruo. ¿Lo liquidan y qué? ¿A dónde va a parar la gente? ¿A dónde va a parar la deuda?
No hay ninguna institución con la capacidad financiera, operativa ni legal para recoger 24 millones de personas. Incluso si se liquidara una sola EPS grande, el impacto sería enorme. ¿Qué pasaría si hoy liquidan una EPS con 11 millones de usuarios?
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¿Qué ocurriría con esos afiliados?
Lo que sigue, según la regulación actual, es una asignación forzosa de población al resto de las EPS. El Gobierno liberó el año pasado las condiciones para recibir población, lo que significa que incluso EPS intervenidas o que no cumplen indicadores pueden recibir afiliados.
Eso nos llevaría a crecimientos inorgánicos: más población de la que se puede gestionar, con altos niveles de siniestralidad y desatención. Es una población que cuesta más estabilizar.
El propio presidente lo dijo en su momento: “Yo intervengo, EPS recibe y la llevo a la quiebra”. Eso es lo que suele suceder en estos procesos.
Pasemos al tema financiero. El Gobierno dice que el aumento de la UPC para 2026 es suficiente. ¿Por qué dicen ustedes que no?
Aquí hay una discusión de fondo. El sistema delegó en las EPS la gestión de la población y de los recursos, pero parecería que para este Gobierno esa delegación equivale a que el Estado se lave las manos de su obligación esencial de financiar correctamente el sistema.
La discusión de la UPC no es solo la de 2026, sino la del financiamiento hacia atrás, que es la que originó el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Durante varios años no se ajustó la UPC de manera suficiente, y eso generó una falla sistémica.
El Gobierno ha insistido en que la UPC es suficiente. Foto:Mauricio Moreno
¿Cómo se traduce eso en la operación del sistema?
Los recursos que ingresan siempre se quedan cortos frente a lo que facturan las entidades prestadoras. Si uno compara lo que ingresa versus lo que se factura, la relación es negativa. Se recibe menos de lo que se gasta.
Eso genera déficits año tras año, que se van acumulando en lo que llamamos un pasivo actuarial, producto del mal cálculo de la UPC y del desfinanciamiento del sistema.
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¿Qué fue lo que ordenó la Corte Constitucional?
La Corte, en seguimiento a la sentencia T-760, llamó a todos los actores en 2024 y 2025 y dijo que había que revisar cuánto había sido ese faltante año a año. Invitó a hacer mesas de revisión de la UPC, determinar si había un faltante y, con base en eso, ver cómo se podía pagar.
Es imposible que con la UPC de hoy se pague todo lo que se debe hacia atrás. En algún punto hay que hacer un acuerdo sobre ese pasivo para poner al día el sistema. A eso se negó el Gobierno.
¿Con qué argumento?
Con el argumento de que los recursos son suficientes y que el problema es de mala gestión. Pero hoy, después de dos años gestionando la UPC, las EPS intervenidas —administradas por el Gobierno— son las que presentan el mayor deterioro patrimonial, la mayor deuda y el peor servicio. Entonces la pregunta es: ¿les alcanza o no les alcanza la plata?
¿Por qué insisten en que el aumento para 2026 es insuficiente?
El 17,33 % que nos planteamos no es un número sin sustento. Surge de analizar los datos reportados por las EPS y de aplicar la fórmula de la UPC, que tiene en cuenta el gasto de los años anteriores, la inflación y el crecimiento del gasto en salud.
El Gobierno decidió equiparar la prima del subsidiado con la del contributivo, lo cual es una orden vieja de la Corte y está bien cumplirla. El problema es que el mayor consumo del sistema se da en el régimen contributivo, y un aumento del 9% allí genera una insuficiencia mayor donde más se consume.
Entramos a 2026 con un déficit material. Cada régimen debe tener una financiación correcta, como lo dice la Constitución y la Corte.
¿Qué debería hacer el próximo gobierno?
Lo primero es estabilizar las EPS intervenidas desde la perspectiva de los pacientes. Identificar a los pacientes que no dan espera, los de alto costo, los que tienen tratamientos aplazados, y actuar de inmediato.
Lo segundo es disponer de recursos extraordinarios para dar liquidez al sistema. Los embargos, como los de la Nueva EPS, tienen bloqueados los pagos a la red ya los proveedores. Se necesita un plan de liquidez inmediata.
Y lo tercero es repensar qué va a pasar con esos 24 millones de colombianos, con un proceso ordenado de asignación de población y recuperación de las EPS que sean recuperables.
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¿Qué opinión tiene sobre la inversión en atención primaria en la que el Gobierno ha invertido $8 billones y de esos más de la mitad ha sido en Equipo Básicos de Salud?
La prevención es costo-efectiva, eso es indiscutible. El problema es cómo se ha hecho. Hay dos grandes fallas: la falta de transparencia en el uso de los recursos y la idea de que se puede financiar la prevención desfinanciando la atención del enfermo.
Si esos $8 billones se le hubieran entregado al aseguramiento, hoy la situación sería mejor para los pacientes que necesitan atención. Además, no hay evidencia de la efectividad de los equipos básicos de salud ni de una articulación real con las EPS.
¿Les preocupa que los liquiden?
El riesgo inminente es sobre las EPS intervenidas. Cuando digo “si llegamos al próximo gobierno” no es por temor, sino porque, si no hay un movimiento de liquidación sobre las EPS intervenidas, todavía habría espacio para una solución ordenada.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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