Amnistía Internacional constata la continuación del veto a las prendas de carácter religioso en lugares públicos. Foto/fuente externa
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REDACCIÓN AMÉRICA. – Amnistía Internacional advierte de un deterioro generalizado de los derechos humanos en América, donde se han intensificado las restricciones a la disidencia ya las protestas, y ampliado el uso del aparato estatal para silenciar críticas con detenciones arbitrarias, violencia institucional y persistente impunidad.
En su informe anual sobre la situación de los derechos en el mundo en 2025, AI menciona como principales focos de preocupación en la región a Venezuela, Nicaragua y El Salvador, donde documentó patrones sistemáticos de persecución política, así como México, donde continúa la crisis de desapariciones forzadas, y EE.UU., por el uso excesivo de la fuerza y políticas migratorias restrictivas.
Represión y justicia debilitada
«La región continuó enfrentando el deterioro del espacio cívico como resultado de la violación de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica», señala el organismo.
AI documenta que en al menos una docena de países, como Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, México y Venezuela, se registraron restricciones a las protestas con el «uso ilícito de la fuerza» por parte de las autoridades y «continuaron las detenciones arbitrarias y los juicios injustos, lo que demostró que el uso del poder punitivo del Estado no estaba sujeto a controles adecuados ya menudo respondía a intereses políticos».
También alerta del aumento de las agresiones contra periodistas, incluyendo asesinatos en Colombia, Ecuador, México y Perú.
Señala el uso creciente de mecanismos legales y judiciales para intimidar a la prensa, como demandas por difamación o procesos penales con irregularidades.
La situación de los defensores de derechos humanos continúa siendo especialmente crítica ya que, según el informe, en casi todos los países se registran ataques, hostigamientos y asesinatos contra activistas, con especial riesgo para quienes defienden el medioambiente y los territorios indígenas.
En Colombia, por ejemplo, se prevé que la violencia contra estos líderes supere los niveles de años anteriores, mientras que en Perú y Chile se reportaron asesinatos y desapariciones de defensores.
El uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales también es una constante.
En Brasil, una operación policial dejó más de 120 muertos en Río de Janeiro, mientras que en EE.UU. la policía mató a 1.143 personas en 2025, afectando de forma desproporcionada a la población negra.
En Honduras y Perú las fuerzas de seguridad fueron denunciadas por abusos durante estados de excepción y protestas sociales.
El informe subraya, además, el uso sistemático de detenciones arbitrarias con multas políticas en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela.
En este último, al menos 806 personas permanecían detenidas por motivos políticos, muchas de ellas sin garantías judiciales.
En El Salvador, más de 90.000 personas seguían privadas de la libertad sin pruebas suficientes en el marco del régimen de excepción.
Las condiciones de detención son otro motivo de alarma. El hacinamiento, la falta de atención médica y los malos tratos fueron documentados en varios países, incluidos Bolivia, Ecuador, Haití y Uruguay.
En El Salvador, AI denuncia torturas, muertes bajo custodia y prácticas como privación del sueño y castigos colectivos.
Crisis de derechos
«La falta de garantías por parte de los Estados respecto a los derechos económicos y sociales afectaba especialmente a los grupos que sufrían discriminación», señala AI.
En países como Haití, Cuba y Venezuela se registraron graves fallas en servicios básicos como salud, electricidad y agua potable, mientras que en Paraguay y Guatemala persisten deficiencias en inversión pública y acceso a servicios esenciales.
AI alerta sobre la persistencia de desapariciones forzadas en la región, con especial preocupación en México, donde la ONU activó un procedimiento para analizar si se trata de una práctica sistemática. Casos similares fueron documentados en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Colombia.
Sobre los derechos de las mujeres y niñas, el informe denuncia que «siguieron enfrentándose a niveles alarmantes de violencia, incluido el femicidio/feminicidio, con casos registrados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay».
En varios Estados de la región, las estadísticas sobre este tipo de delito no eran «ni adecuadas ni confiables».
Además, el acceso al aborto sigue enfrentando obstáculos en gran parte de la región e incluso está totalmente penalizado en países como El Salvador, Honduras y Nicaragua.
«Continuaron registrándose embarazos de niñas y adolescentes sin que las autoridades adopten medidas al respecto», denuncia AI.
Los pueblos indígenas siguen enfrentando violaciones a sus derechos territoriales. En Bolivia, Canadá y Ecuador se documenta la expansión de proyectos extractivos sin consulta previa, mientras que en Brasil y Colombia persisten la violencia, el desplazamiento forzado y los conflictos por la tierra.
Asimismo, hubo un aumento de la discriminación y la violencia contra personas LGBTI, en especial contra la población trans, con asesinatos en Guatemala, Honduras y México, y políticas restrictivas en Estados Unidos, Paraguay y Perú.
En el ámbito migratorio ha aumentado la hostilidad y el racismo. En EE.UU. se denuncian prácticas de detención indiscriminada y operativos en zonas sensibles, mientras que en República Dominicana se documentan expulsiones colectivas y perfiles raciales contra personas haitianas. Además, Colombia y México enfrentan sistemas de asilo insuficientes.
Y sobre el medioambiente, AI advierte que no se han tomado las medidas suficientes frente a la crisis climática, cuyos efectos agravan las desigualdades y la situación de las poblaciones vulnerables.
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