En un contexto marcado por el deterioro financiero y operativo de la Nueva EPS, que permanece bajo intervención desde abril de 2024, la Procuraduría General de la Nación requirió a la Superintendencia Nacional de Salud reforzar de manera inmediata las acciones de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de la ley, proteger el derecho fundamental a la salud y evitar riesgos sobre la vida e integridad física de millones de pacientes afiliados.
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El llamado fue dirigido a la superintendente nacional de Salud ad hoc para la Nueva EPS, Luz María Múnera, a quien el Ministerio Público le solicitó ejercer un control efectivo sobre los planos de acción adoptados por la entidad, en respuesta a los reiterados requerimientos realizados a sus directivos. La Procuraduría advirtió la necesidad de prevenir afectaciones tanto a los usuarios como al manejo adecuado de los recursos del sistema de salud.
El Ministerio Público pidió acciones concretas de vigilancia y control sobre la Nueva EPS. Foto:Archivo particular.
En ese sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social pidió información detallada sobre el plan de trabajo orientado a cerrar, certificar, dictaminar y aprobar los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023 y 2024, que no se conocen y que mostrarían la gravedad de la crisis de la aseguradora. El requerimiento también abarca la legalización de anticipos entregados a la red prestadora, proveedores de servicios y tecnologías en salud, así como las acciones para estabilizar la radicación, procesamiento y contabilización de las cuentas médicas.
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Además, el organismo de control solicitó a la Superintendencia informes con soporte sobre el giro de los recursos relacionados con el procesamiento y auditoría de las cuentas médicas, además de los avances en la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica. La Procuraduría fijó un plazo de cinco días hábiles para la entrega del informe solicitado, subrayando que el objetivo es proteger los derechos fundamentales de más de 11 millones de afiliados a la Nueva EPS.
La grave crisis de Nueva EPS
El requerimiento de la Procuraduría se produce en medio de una crisis que distintas entidades de control han calificado como profunda y estructural. De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, la deuda de la Nueva EPS aumentó un 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones. En el mismo periodo, el patrimonio de la entidad se desplomó: de registrar un saldo positivo de 485.209 millones de pesos en 2022 pasó a un patrimonio negativo de 6,25 billones de pesos en marzo de 2025, situación que el ente de control calificó como una “inviabilidad estructural”.
Las consecuencias de este deterioro financiero ya se reflejan en la operación cotidiana del sistema. En todo el país se han interpuesto embargos por más de 2 billones de pesos por parte de 95 instituciones prestadoras de servicios de salud, debido a la falta de pagos, lo que pone en riesgo la atención oportuna de los pacientes afiliados. Esta presión sobre clínicas y hospitales afecta directamente la capacidad de respuesta del sistema frente a la demanda de servicios.
Nueva EPS tiene actualmente 11,7 millones de afiliados y es la aseguradora más grande del país. Foto:MAURICIO MORENO
El impacto también se evidencia en el aumento de las inconformidades de los usuarios. Durante 2025, las quejas ante la Defensoría del Pueblo relacionadas con la Nueva EPS crecieron un 107 %, con un total de 14.603 registros. Este incremento da cuenta de las dificultades persistentes para acceder a tratamientos, medicamentos y procedimientos médicos en distintas regiones del país.
Según informes de la Procuraduría General de la Nación, tras la intervención ordenada en abril de 2024, el costo de la prestación de los servicios de la Nueva EPS superó sus ingresos, profundizando el desequilibrio financiero. El indicador pasó del 95,6 % en 2022 a un mayor deterioro en la etapa posterior, lo que evidenció que la medida no logró los resultados esperados y que la situación continuó agravándose.
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En este contexto, uno de los factores señalados en los análisis previos es la falta de reconocimiento oportuno de las necesidades reales del sistema y los retrasos en los giros de recursos desde la ADRES, especialmente en lo relacionado con los presupuestos máximos. Estas demoras han generado asfixia financiera en los distintos eslabones de la cadena de atención y han derivado en barreras concretas para el acceso a los servicios de salud y los medicamentos.
Protestade pacientes frente a las instalaciones de Nueva EPS. Foto:ENHU
Con más de 11 millones de afiliados, la situación de la Nueva EPS se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación del sistema de salud colombiano. La gravedad de la crisis explica el tono del requerimiento de la Procuraduría a la Superintendencia Nacional de Salud, al insistir en la necesidad de adoptar medidas de control que no se limiten a diagnósticos, sino que se traduzcan en acciones efectivas.
El Ministerio Público subrayó que no se trata únicamente de revisar cifras contables, sino de garantizar que los planos de acción eviten poner en riesgo la vida de los pacientes y aseguren la correcta destinación de los recursos públicos.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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