El sistema de salud en Colombia atraviesa un momento de tensión tras la publicación de un proyecto de acto administrativo del Ministerio de Salud. El documento, que se encuentra en etapa de consultas públicas, plantea la posibilidad de movilizar a 6,6 millones de ciudadanos hacia entidades promotoras de salud (EPS) distintas a las que pertenecen actualmente, lo que ha encendido las alarmas en diversos sectores políticos y sociales.
La principal preocupación radica en el destino de estos usuarios. Según las proyecciones, la gran mayoría de los traslados se realizaría hacia entidades que hoy se encuentran bajo medida de intervención por parte del Gobierno nacional. Los críticos de la medida señalan que esto no solo limitaría la autonomía de los pacientes, sino que pondría en riesgo la continuidad y calidad de los servicios médicos.
Entre las instituciones que más afiliados recibirían se encuentran Nueva EPS, la aseguradora con mayor cobertura en el territorio nacional, y Savia Salud, que concentra la operación del régimen subsidiado en el departamento de Antioquia. Ambas organizaciones operan actualmente bajo la administración de agentes interventores designados por el Estado.
Las EPS intervenidas arrastran deudas considerables con la red de prestadores. Foto:supersalud
Dudas sobre la capacidad operativa y financiera
Uno de los argumentos centrales contra este movimiento masivo es la salud financiera de las entidades receptoras. Sectores gremiales y legislativos han registrado que las EPS intervenidas arrastraron deudas considerables con la red de prestadores. En el caso específico de Antioquia, los pasivos con los hospitales y clínicas ascienden a cerca de 5 billones de pesos.
El congresista antioqueño Luis Carlos Ochoa manifestó su inquietud ante el panorama que enfrenta millones de personas. «No solo se vulnera el derecho a la libre escogencia de la entidad promotora de salud, sino que, lo más grave, es que los usuarios serán trasladados mayoritariamente a las EPS. que están intervenidas”, explicó el parlamentario a MiOriente, cuya preocupación es respaldada por la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios de la Salud.
Ochoa fue enfático en cuestionar si estas instituciones cuentan con el respaldo necesario para ampliar su base de afiliados en las condiciones actuales. “¿Será que las EPS intervenidas sí tienen capacidad para recibir a más afiliados? Como congresista de la República exijo que el Ministerio de Salud le dé claridad al país”, puntualizó el legislador en declaraciones recogidas por medios regionales.
Los puntos críticos del proyecto de traslado
El debate nacional se centra en varios ejes que afectan directamente la estabilidad del modelo de aseguramiento:
- Sostenibilidad del servicio. El temor a que el aumento de pacientes profundice las fallas en la asignación de citas, entrega de medicamentos y procedimientos quirúrgicos.
- Derecho a la libre elección. El cuestionamiento jurídico sobre la facultad del Gobierno para reubicar usuarios sin que estos hayan manifestado su voluntad de cambio.
- Carga administrativa. El reto logístico que supone integrar a millones de personas a bases de datos y redes de atención de entidades que ya enfrentan dificultades internas.
- Impacto en la red hospitalaria. La presión adicional que recibirían los hospitales públicos y privados al tener que atender a más población bajo contratos con EPS que presentan moras en sus pagos.
Por ahora, el país permanece a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Salud que despeje las dudas sobre el futuro de los 6,6 millones de beneficiarios. Mientras el proyecto sigue en discusión pública, los representantes de los usuarios han solicitado que se priorice la estabilidad del sistema y se eviten medidas que puedan agravar la ya compleja situación de las finanzas de la salud en Colombia.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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