Casi 80 años como columna de la estabilidad monetaria – El Nuevo Diario (República Dominicana)

El Banco Central de la República Dominicana se acerca a sus ochenta años de existencia como una de las instituciones más sólidas del Estado dominicano.

Fundado en 1947, en un contexto internacional marcado por la posguerra y la reorganización del sistema monetario global, nació con una misión clara: preservar el valor de la moneda, ordenar el crédito y servir de ancla de estabilidad para una economía pequeña, abierta y vulnerable a los choques externos.

Con el paso de las décadas, esa misión fue adquiriendo una dimensión histórica más amplia. El Banco Central dejó de ser un simple órgano técnico para convertirse en una verdadera roca institucional sobre la cual se edificó la estabilidad macroeconómica del país.

Esa solidez no fue automática ni lineal. La historia monetaria dominicana conoció episodios de inflación, presiones fiscales, devaluaciones y crisis bancarias.

Sin embargo, incluso en esos momentos de fragilidad, el Banco Central se mantuvo como referencia institucional del Estado, no como apéndice coyuntural del poder político.

Esa diferencia —útil para algunos, decisiva para el desarrollo— explica por qué la República Dominicana logró consolidar una estabilidad monetaria sostenida en el tiempo, mientras otros países de la región se hundieron en ciclos recurrentes de colapso y desconfianza.

El punto de inflexión más claro de esa historia se produjo en 1994, con el inicio de la gestión de Héctor Valdez Albizu al frente del Banco Central de la República Dominicana. A partir de ese momento, el país entró en un ciclo de estabilidad monetaria e institucional que, con la sola excepción del colapso bancario de 2000-2004, ha perdurado por más de tres décadas.

No se trató de un milagro económico ni de una bonanza externa excepcional, sino de una decisión política sostenida: dotar al banco central de credibilidad, continuidad técnica y reglas claras.

El rasgo central de esa estabilidad fue la recuperación del principio clásico de la banca central moderna: la preservación del valor de la moneda como bien público.

Desde 1994 se restablecieron anclas monetarias, se fortaleció la coordinación entre política fiscal y monetaria y se consolidó una cultura de prudencia macroeconómica.

El gobernador del banco central dejó de ser un ejecutor del poder político de turno para convertirse en una garantía institucional, con autonomía técnica, horizonte de largo plazo y responsabilidad histórica.

La crisis de 2000-2004, lejos de invalidar ese modelo, lo confirmó: la quiebra bancaria, la expansión monetaria forzada y la pérdida de confianza demostraron que cuando se rompe la institucionalidad, el costo social es inmediato y devastador. Precisamente por eso, la lección fue aprendida y no repetida.

Este recorrido adquiere pleno sentido cuando se lo contrasta con la experiencia venezolana reciente. Bajo el liderazgo político de Delcy Rodríguez, y con la designación de Calixto Ortega Sánchez como “zar económico” en el escenario post-Maduro, Venezuela consolida un modelo radicalmente opuesto al dominicano.

No se trata de reconstruir la autonomía del banco central ni de restaurar la credibilidad de la moneda, sino de concentrar el control económico en una figura técnica subordinada directamente al poder político, con el objetivo explícito de administrar el colapso, no de revertirlo.

El balance de la gestión previa de Ortega Sánchez al frente del Banco Central de Venezuela entre 2018 y 2025 es elocuente. El BCV dejó de operar como banco central en el sentido pleno del término. La moneda perdió su función de reserva de valor y de unidad de cuenta; la transparencia estadística fue sustituida por silencios prolongados; y la política monetaria quedó reducida a una contención mínima del desastre.

La inflación se desaceleró no por disciplina monetaria, sino porque la economía fue comprimida hasta el límite: salarios reales pulverizados, consumo reducido a subsistencia y una dolarización de facto impuesta por la sociedad como mecanismo de defensa frente al colapso del bolívar.

Aquí se revela la diferencia estructural con la experiencia dominicana. En la República Dominicana, incluso en los momentos más críticos, el banco central fue concebido como institución del Estado.

En Venezuela, por el contrario, fue absorbido por la lógica del poder político y transformado en una oficina de administración de escasez. Donde Valdez Albizu encarna continuidad, previsibilidad y reglas, Ortega Sánchez encarna control, opacidad y gestión de emergencia.

El propio concepto de “zar económico” subraya esa divergencia. En contextos autoritarios y de crisis profunda, el zar económico no es un reformador, sino un gestor del poder.

Su misión no es crear crecimiento ni bienestar, sino garantizar la supervivencia del régimen bajo condiciones extremas. En ese sentido, su designación no inaugura una transición económica, sino que formaliza una economía de control: control cambiario indirecto, control del crédito, control informativo y control de expectativas mediante cifras administradas y silencios oficiales.

La comparación regional refuerza esta lectura. En Argentina, técnicos han sido llamados una y otra vez para contener crisis sin modificar las causas estructurales del déficit y la desconfianza.

En Cuba, el control económico ha recaído históricamente en cuadros técnicos subordinados al partido único, sin autonomía real para reformar. En Nicaragua, una estabilidad macroeconómica mínima se ha preservado mediante centralización extrema y represión política.

En todos los casos, el patrón es el mismo: técnica sin institucionalidad, control sin credibilidad.

Frente a ese panorama, la experiencia dominicana posterior a 1994 adquiere un valor ejemplar.

La estabilidad monetaria no fue un accidente ni una concesión ideológica, sino una política de Estado sostenida por gobiernos de distinto signo. Esa continuidad permitió crecimiento, expansión del crédito, atracción de inversión y, sobre todo, previsibilidad social.

El ciudadano dominicano pudo planificar, ahorrar y producir en una moneda imperfecta, pero funcional. El ciudadano venezolano, en cambio, aprendió a sobrevivir al margen de su propia moneda y, en buena medida, al margen de su propio Estado.

A las puertas de sus ochenta años, el Banco Central de la República Dominicana no es solo una institución técnica: es una lección histórica. Demuestra que la estabilidad monetaria es, ante todo, una decisión política a favor de las instituciones.

Mientras Héctor Valdez Albizu simboliza una concepción de la economía basada en reglas, credibilidad y largo plazo, Calixto Ortega Sánchez representa la lógica inversa: la administración técnica del colapso bajo control político.

Para Delcy Rodríguez, esa designación es una jugada de poder orientada a la contención. Pero la historia económica es implacable: sin instituciones, sin confianza y sin moneda, no hay reconstrucción posible. Solo hay aplazamiento. Y el aplazamiento, una diferencia de la estabilidad, no construye futuro.

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Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes