Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están imputador por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
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Este jueves 18 de diciembre se reanudará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Ambos, imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Velasco y Bonilla son señalados por la Fiscalía de presuntamente haber hecho parte de una “organización criminal” que en el año 2023 habría comprometido más de COP 612.000 millones en contratos a congresistas, con el objetivo de amarrar sus votos a favor de las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso de la República. Entre esos proyectos, la reforma pensional ya la salud, que han sido parte de las banderas del presidente Gustavo Petro.
En contexto: Los argumentos con los que Bonilla y Velasco buscan evadir la prisión domiciliaria
Según el ente investigador, los exfuncionarios habrían puesto en juego millonarios recursos del erario público, a través del intento de direccionamiento de 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Por esa razón, tras la imputación, la Fiscalía pidió la detención domiciliaria preventiva para los exministros.
Durante las dos jornadas que se han adelantado hasta ahora en esa diligencia, han intervenido la Procuraduría y los abogados de los exfuncionarios. El Ministerio Público acompañó la solicitud de la Fiscalía; pero la defensa de los exministros ha sido insistente en que no adelantaron actividades por fuera de sus funciones y que Olmedo López, exdirector de la Ungrd, ha intentado ganar beneficios a través de señalamientos falsos.
Este jueves, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, escuchará a los voceros de las víctimas acreditadas por el desfalco a la entidad pública. Además, resolverá la solicitud de medida de aseguramiento en contra de los otros alfiles del presidente Gustavo Petro en dos de las carteras claves del gobierno, hoy investigados por presunta corrupción.
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Siga minuto a minuto la audiencia:
La magistrada cuestiona la solicitud de la Fiscalía
Luego de la presentación de las partes y de una breve intervención de todas ellas para aclarar que sí recibieron nuevas pruebas, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero arrancó la lectura de su decisión. Primero, explicó que la Fiscalía, aunque argumentó de manera correcta la solicitud de una medida de aseguramiento en prisión domiciliaria, tuvo vacíos en por qué considera que esa debe ser la medida.
Para Roso, el ente investigador no desarrolló ese asunto, sino que el asunto se centró simplemente en los argumentos de por qué deben estar privados de la libertad. En pocas palabras, que no explicó por qué Velasco y Bonilla deben ir a prisión domiciliaria y no a la cárcel. Por eso, explicó la magistrada, ella misma va a corregir ese error.
El Tribunal Superior de Bogotá explica por qué hay razones para imponer una medida de aseguramiento
La magistrada Roso explicó que, según los argumentos de la Fiscalía y las pruebas presentadas en el caso, hay pruebas suficientes como para acreditar que ambos ministros ejercían un rol jerárquico, no solo en temas de política, sino también en asuntos de organización y liderazgo en los ministerios de Hacienda y del Interior. Esto es relevante, explicó la togada, porque permite entender que Bonilla y Velasco eran funcionarios que tenían cómo tomar decisiones y actuaciones ilícitas sostenidas en el tiempo.
La togada, además de mencionar informes de policía judicial, dio credibilidad a los testimonios que entregaron el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y la entonces asesora de Bonilla, María Alejandra Benavides. Todas esas pruebas, agregó la magistrada, son pruebas que le permiten anunciar que sí “la existencia de una división funcional de tareas” para tomar decisiones ilegales desde ambos ministerios.
¿Cómo se hizo? A través del direccionamiento de contratos que, además, habrían tenido intermediación de Bonilla y Velasco. Esta práctica política, que las partes presentan como un asunto normal de esas instancias del Estado, no lo es. “Es criminal”, aclaró la magistrada Roso.
Aunque Bonilla y Velasco han negado el conocimiento de la entrega de cupos indicativos, el Tribunal Superior de Bogotá dejó claro que, en este momento del proceso, hay suficientes pruebas para demostrar que existieron y que eran de conocimiento de los más altos funcionarios del gobierno. Esos cupos, agregó la magistrada, se materializaron en la entrega de contratos de la Ungrd y del Invías.
Esa lógica de presión política se justificó entre los participantes del entramado criminal, agregó el Tribunal, bajo la necesidad de consolidar una gobernabilidad para el proyecto político de la Casa de Nariño. La magistrada agregó que ninguno de los investigados habría accionado de manera aislada, sino que se trató de una actuación criminal sistemática y reiterada en contra del Estado.
Bonilla y Velasco afectarán Velasco sí afectarán “la seguridad pública y la tranquilidad colectiva”.
Por todo eso, y otras pruebas que reposan en el expediente, agregó la magistrada Roso, se puede acreditar que las conductas de Bonilla y Velasco sí afectarán “la seguridad pública y la tranquilidad colectiva”. Además, la togada le dio toda la credibilidad, no solo a los testimonios de López y Benavides, sino también al del exdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla.
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