El problema de la vivienda ya no afecta únicamente a las grandes ciudades. Los disparados precios del alquiler se contagian también a las áreas metropolitanas y localidades medianas que constatan cómo las dificultades de acceso a una vivienda se reproducen. Ante una problemática que no para de crecer, la respuesta política no solo difiere, sino que ha provocado un choque entre administraciones.
Esta semana, el Ayuntamiento de Paterna, gobernado por el PSPV y uno de los municipios pegados a València con mayor aumento poblacional de los últimos años, anunciaba su petición a la Conselleria de Vivienda -que aún no tiene constancia de la misma- para ser declarada como zona de mercado residencial tensionado. Su alcalde, Juan Antonio Sagredo, justificó la petición con la idea de “implementar medidas para actuar sobre el mercado del alquiler, incluyendo mecanismos de contención de precios e incentivos, con especial incidencia en los grandes propietarios”. El objetivo: “Favorecer la bajada de precios de alquiler y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias”.
Las localidades que lo han pedido son: tres del área metropolitana de València y una cuarta que es un municipio turístico
Sin embargo, todo apunta a que el Consistorio no recibirá este aval de la Generalitat Valenciana que discrepa de los efectos de la ley estatal de vivienda. De momento, fuentes de la Conselleria de Vivienda confirman a La Vanguardia que son cuatro las poblaciones -Mislata, Pobla de Farnals, Sedaví y Dénia- que han pedido oficialmente su declaración como zona tensionada. Las tres primeras son localidades del área metropolitana de València y la cuarta es una de las capitales turísticas con más renombre. Las cuatro están gobernadas por el PSPV.
Ninguna de ellas, admitida en el departamento que dirige Susana Camarero, ha recibido respuesta todavía del ejecutivo autonómico. Una situación que denuncia el Ayuntamiento de Mislata cuyo pleno municipal aprobó, en enero, la solicitud para ser declarada como zona tensionada con el objetivo de “provocar una rebaja en el precio de los alquileres” sin obtener “contestación alguna”. De hecho, su alcalde, Carlos Fernández Bielsa, remitió una carta exigiendo que se atendiera a la petición del Consistorio.
Ante la falta de respuesta, el alcalde de Mislata remitió una carta a la Conselleria
En la Conselleria no quieren avanzar el sentido de su respuesta ni cuánto se puede demorar, si es que se acaba produciendo. Sin embargo, de sus argumentos en contra de la aplicación de la norma “impulsada por el gobierno de Sánchez” se deduce que no se dará luz verde a los ayuntamientos para que puedan ponerla en marcha.
La Generalitat Valenciana considera que “la declaración de zonas tensionadas se ha manifestado como una medida ineficiente para la contención de precios de alquiler” porque “reduce la oferta de propiedades disponibles en alquiler, agravando la escasez de viviendas”. Apunta que se constata “una tendencia en los propietarios de retirar sus viviendas del mercado de alquiler a largo plazo, optando por otras fórmulas como la venta, el alquiler turístico o el alquiler temporal”. Tal vez por ello, el Ayuntamiento de Mislata, antes de pedir la calificación de zona tensada, aprobada en septiembre de 2025, una moratoria de 2 años para paralizar la tramitación y concesión de licencias destinadas a transformar bajos comerciales en viviendas de uso turístico.
El Consell también defiende que la ley de vivienda “perjudica a los hogares con menor poder adquisitivo y produce un impacto sobre las zonas limítrofes: ante la reducción de oferta e incremento de precios en las ciudades, las familias buscan una vivienda en otras zonas que se adaptan mejor a sus circunstancias personales”. Es por ello que la política de vivienda del Consell está más enfocada a generar una oferta con el plan Vive y las ayudas al alquiler.
Unas evidentes discrepancias que provocan un choque entre administraciones a la hora de afrontar un problema que sigue y seguirá creciendo esta legislatura.
