El Gobierno nacional adoptó una nueva estrategia para fortalecer la prevención y atención de la conducta suicida en Colombia. A través de la Resolución 347 de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social creó la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida, una iniciativa que busca mejorar la detección temprana, garantizar la atención inmediata y establecer un seguimiento continuo a las personas en riesgo.
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Uno de los ejes centrales de la estrategia es la activación del Código Dorado, un protocolo que permitirá responder de manera inmediata ante situaciones de ideación o intento de suicidio dentro del sistema de salud.
La nueva norma del Ministerio de Salud busca garantizar la detección temprana. Foto:iStock
Según explicó el Ministerio de Salud, la medida busca fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de situaciones acciones mediante coordinadas entre las entidades del sistema de salud, las autoridades territoriales y diferentes sectores sociales.
La estrategia establece lineamientos que deberán aplicarse en todo el país para mejorar la identificación temprana del riesgo y garantizar que las personas reciban atención oportuna, prioritaria y con enfoque humanizado.
«Con esta estrategia damos un paso decisivo para que ninguna persona en riesgo quede sin atención. El Código Dorado permitirá activar de manera inmediata al sistema de salud y garantizar una respuesta oportuna, humanizada y sin barreras frente a situaciones de ideación o intento de suicidio», señaló el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Un protocolo de respuesta inmediata
El Código Dorado funcionará como un protocolo de emergencias comunitarias y clínicas que deberá ser implementado por todas las entidades territoriales y por los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Entre las medidas contempladas se encuentra la atención prioritaria e integral en servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa para personas que presenten riesgo de conducta suicida.
Asimismo, el protocolo establece la realización de tamizajes obligatorios mediante instrumentos especializados para identificar el riesgo de suicidio en los pacientes.
Otra de las herramientas previstas es la teleorientación en salud mental, que se ofrecerá a través de canales digitales habilitados por las EPS, las IPS y las entidades territoriales.
La resolución también determina que todos los casos deberán registrarse obligatoriamente en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), lo que permitirá realizar trazabilidad nominal de los pacientes y hacer seguimiento a su evolución.
La resolución establece protocolos de detección temprana y teleorientación en salud mental. Foto:STOCK
El acompañamiento a las personas en riesgo será continuo, mediante controles clínicos y seguimiento dentro del sistema de salud.
Un enfoque territorial y comunitario
La estrategia nacional parte del reconocimiento de que la conducta suicida está asociada a múltiples factores sociales, territoriales y comunitarios.
Por esta razón, el Ministerio de Salud se propone fortalecer la prevención y la identificación temprana del riesgo en distintos espacios sociales, entre ellos instituciones educativas, entornos laborales y escenarios comunitarios.
Las acciones también se extenderán a lugares como escuelas deportivas y artísticas, comisarías de familia, casas de justicia y otros espacios donde pueden detectarse señales tempranas de riesgo.
El enfoque comunitario también contempla la participación de líderes sociales, organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas y redes de apoyo como parte de los sistemas de alerta temprana y acompañamiento.
La intención es ampliar los mecanismos de identificación temprana y fortalecer las redes de apoyo que permitan intervenir antes de que se produzcan situaciones de mayor gravedad.
Anguila Código Dorado es un protocolo que garantiza atención inmediata. Foto:iStock
La resolución establece que la prevención de la conducta suicida requiere una respuesta articulada entre diferentes sectores que influyen en los determinantes sociales de la salud.
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Por ello, la estrategia involucra no solo al sector salud, sino también a áreas como educación, trabajo, justicia y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).
El objetivo es promover acciones coordinadas que permitan abordar de manera integral los factores que inciden en la salud mental de la población.
Como parte del esquema de implementación, la Superintendencia Nacional de Salud tendrá la tarea de fortalecer la vigilancia sobre las EPS y las IPS para garantizar que la estrategia se aplique correctamente y que los servicios de salud mental se presten de manera adecuada.
Cinco meses para implementar la estrategia
La Resolución 347 de 2026 establece un plazo de cinco meses, contados a partir de su publicación, para que las entidades territoriales y los actores del sistema de salud adopten plenamente los protocolos y acciones definidas.
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Durante este período deberán ajustarse los procesos institucionales, capacitarse los equipos de salud y poner en marcha los mecanismos de detección, atención y seguimiento previstos en la estrategia.
Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a los desafíos de la salud mental y avanzar hacia una atención más oportuna, coordinada y centrada en las personas.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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