Emilio Tapia había sido recapturado el pasado 31 de octubre por el caso Centros Poblados, en el que la justicia inició el envío de cerca de COP 70.000 millones de un contrato destinado a llevar conectividad digital a zonas rurales del país.
Foto: LUIS ÁNGEL
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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) ordenó la compulsa de copias contra la juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, por haber concedido nuevamente el beneficio de libertad condicional al empresario Emilio Tapia, conocido como el “zar de la contratación”.
En el oficio, la CNDJ del Atlántico indicó un posible actuar irregular de la funcionaria judicial al otorgar la libertad condicional a Tapia, condenado por el carrusel de la contratación y por el caso de corrupción de Centros Poblados, razón por la cual se dispuso remitir el caso para que sea tramitado como queja disciplinaria ante esa misma Sala.
En contexto: Emilio Tapia, “zar de la contratación”, fue dejado en libertad nuevamente
Este martes 16 de diciembre, la jueza otorgó la libertad condicional a Tapia Aldana, quien había sido recapturado el pasado 31 de octubre por el escándalo de Centros Poblados, caso en el que la justicia desarrolló el destino de cerca de COP 70.000 millones de un contrato destinado a llevar conectividad digital a zonas rurales del país. La decisión adoptada por la jueza Fernández Castellón concedió la libertad condicional a Tapia por un período de prueba de 27 meses y 11 días.
Cabe recordar que en abril de este año, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla ya le había otorgado ese beneficio al considerar que Tapia había mantenido buena conducta durante los últimos cuatro años de reclusión y que, tras estudiar y trabajar para redimir pena, había cumplido las tres quintas partes de su condena. No obstante, la Procuraduría General de la Nación apeló esa decisión.
En segunda instancia, el pasado 10 de octubre, el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la captura inmediata de Tapia al concluir que no cumplía los requisitos para continuar en libertad. Pese a esa decisión, la jueza volvió a concederle el beneficio.
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El proceso disciplinario contra la jueza se remonta desde el 22 de abril, cuando la Presidencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico ordenó compulsar copias para abrir una investigación.
Desde mayo, Fernández Castellón es investigada formalmente y, el pasado 17 de septiembre, Disciplina Judicial anunció la apertura de una investigación formal, “por las circunstancias que rodearon la medida de libertad condicional, como por una presunta mora en la concesión del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público”.
Con la nueva compulsa de copias, la CNDJ busca establecer si la jueza habría incurrido nuevamente en irregularidades disciplinarias. Además de este nuevo episodio, la funcionaria ya se había enfrentado a otra compulsa de copias el pasado 4 de noviembre, por una presunta demora y obstaculización en la recaptura del contratista.
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