La apertura de la próxima legislatura, a partir de hoy, debe servir para que, como exhortó recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecose inaugura una nueva etapa de negociaciones orientada a alcanzar un acuerdo integral sobre el nuevo Código Laboralsin exclusiones unilaterales ni decisiones arbitrarias.
La orientación de este diálogo debe procurar un equilibrio sensato entre la imprescindible protección del trabajador y la reducción —o eliminación— de las rigideces que encarecen la contratación y estimulan la informalidad.
Varios paises de América Latina ya has avanzado en esa dirección. El Parlamento argentino, por ejemplo, conoce actualmente una propuesta que, entre otros aspectos, otorga mayor flexibilidad a las empresas para el pago de indemnizaciones mediante su fraccionamiento en cuotas.
En el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), se plantea permitir el pago de la indemnización por cese en doce cuotas mensuales, ajustadas por inflación (IPC) más una tasa de interés del 3 %. Para las grandes empresas, el pago podría efectuarse en seis cuotas.
No obstante, entendemos que, en nuestro país, la reforma del costo de la indemnización por despido no debe convertirse en el eje excluyente del debate. El verdadero núcleo de la transformación laboral debe centrarse en el aumento de la formalidad, la productividad y la generación de empleo estable. Con todo, la indemnización constituye una pieza estructural que debe encontrar su justo equilibrio: lo suficientemente razonable para no inhibir la contratación y lo necesariamente protectora para preservar la dignidad del trabajo. No se trata de un asunto menor y, por tanto, no puede ser marginado.
El hecho mismo de que el sector empresarial haya manifestado durante décadas su preocupación respecto a la forma en que el actual código laboral regula el pago de la indemnización por despido injustificado constituye una prueba de que se trata de un problema estructural, no de una simple conveniencia coyuntural. Por ello, el tema debe abordarse junto con los demás aspectos de la reforma, sin temores ni ataduras, para extraer lo mejor posible de un proceso que permita al país dar el salto hacia un desarrollo luminoso, sustentado en la generación de empleos de calidad.
¿Cómo influye este aspecto en la realidad económica? Si el costo es excesivamente alto, desincentiva la contratación, incrementa el riesgo de quiebra empresarial, amplía la informalidad y estimula el litigio. Si es demasiado bajo, en cambio, puede propiciar una rotación excesiva, debilitar la estabilidad laboral y erosionar la cohesión social.
La apuesta debe orientarse hacia un punto medio técnicamente sólido: que la relación entre trabajador y empresa sea predecible, proporcional y no confiscatoria, alineada con la productividad y complementada con mecanismos adecuados de protección social.
Porque la reforma debe garantizar que el vínculo entre empleadores y trabajador no sea una cadena que aprisiona ni un ala suelta que desprotege, sino un puente firme por el que ambos puedan avanzar hacia un futuro compartido.
