La Contraloría General de la República (CGR), a través de su Dirección de Estudios Sectoriales en Salud, presentó en noviembre de 2025 un detallado estudio técnico que analiza la eficacia y eficiencia de las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) sobre las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) entre 2019 y 2024.
El informe concluye que las medidas adoptadas no han logrado consolidar la sostenibilidad financiera ni proteger adecuadamente el derecho fundamental a la salud.
Ante estos hallazgos, la senadora Norma Hurtado Sánchez denunció que la toma de control de las EPS ha profundizado el caosseñalando que se han entregado $15,2 billones de pesos de forma «ciega» y sin rendición de cuentas, lo que compromete gravemente la vida de los colombianos.
El análisis revela un desempeño global deficiente, evidenciando que el 75% de las EAPB bajo medida de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar (IFAA) presentan un rendimiento medio-bajo.
Ninguna de las entidades evaluadas logró superar simultáneamente el umbral de 3,5 puntos en los ejes de eficacia y eficiencia, lo que indicaría que las intervenciones aún no logran una estabilidad real en el uso de los recursos.
LEA TAMBIÉN
Además, la mayoría de los indicadores Fénix de seguimiento no presentan cambios estadísticamente significativos o tendencia al deterioro; casos críticos como los de Savia Salud y Asmet Salud registraron empeoramientos en el 43,48% y 34,83% de sus métricasrespectivamente.
Esta gestión se ve afectada por el uso predominante del mecanismo excepcional para designar interventores en siete de cada ocho entidades, lo que, sumado a una rotación frecuente de entre uno y cuatro agentes por entidad, compromete la continuidad técnica de los procesos.
En cuanto a los procesos de liquidación forzosa (IFAL), los resultados financieros son igualmente alarmantes para el sistema. De un monto inicial de cuentas por cobrar de $3,05 billones, solo se materializó un recaudo efectivo del 6,07%.
La gestión de pasivos ha sido insatisfactoria, dejando una deuda residual de $7,13 billones sin resolver tras años de liquidación, con casos extremos como el de Coomeva, cuyo saldo por pagar aumentó un 42,05% durante el proceso por el reconocimiento de pasivos ocultos o costos excesivos.
LEA TAMBIÉN
El estudio también cuestiona la eficiencia operativa, pues entidades como Medimás y Ambuq destinaron más del 50% de sus recursos totales a gastos administrativos en lugar de pagar a sus acreedores.
Existe además una desconexión crítica entre la gestión formal y los resultados, ya que varias entidades reportaron cumplimientos de sus planos de acción superiores al 90% mientras sus tasas de pago efectivo apenas rondaban el 1% o 8%.
Esta ineficiencia impacta directamente a las Empresas Sociales del Estado (ESE), cuyas acreencias reconocidas y no pagadas ascendieron a $770 mil millones en 2024.
Los departamentos más afectados son Huila, con $165 mil millones en deudas, Norte de Santander con $123 mil millones y Bogotá con $74 mil millones, concentrándose la mayor afectación en diez hospitales públicos que acumulan $420 mil millones, lo que compromete su capacidad operativa.
A la par de esta crisis hospitalaria, la Procuraduría General de la Nación reporta 15 procesos disciplinarios activos vinculados a irregularidades en las liquidaciones, incluyendo anticipos girados irregularmente.
Finalmente, el modelo econométrico Logit implementado por la Contraloría proyecta un escenario crítico para el futuro inmediato del aseguramiento en salud.
LEA TAMBIÉN
La probabilidad media de riesgo de crisis del sistema aumentó sostenidamente del 30,04% en 2019 al 49,47% en 2024con proyecciones que alcanzan el 54,7% para 2025 y el 60,4% para 2026.
Actualmente, cinco EAPB —Capresoca, Comfachocó, Mutual Ser, Savia Salud y Salud Total— presentan probabilidades de crisis superiores al 98%.
Ante este panorama, el organismo de control insiste en que el sistema debe transitar de un modelo de intervención correctiva a uno de supervisión preventiva y técnica, considerando que los 29,25 millones de afiliados en entidades intervenidas representan más de la mitad de la población asegurada del país.
! function (f, b, e, v, n, t, s) {
if (f.fbq) return;
n = f.fbq = function () {
n.callMethod ?
n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments)
};
if (!f._fbq) f._fbq = n;
n.push = n;
n.loaded = !0;
n.version = ‘2.0’;
n.queue = ();
t = b.createElement(e);
t.async = !0;
t.src = v;
s = b.getElementsByTagName(e)(0);
s.parentNode.insertBefore(t, s)
}
(window, document, ‘script’, ‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘2639268933010768’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);
