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Gran controversia provocó la primera reacción del Consejo de Estado frente a las solicitudes de suspensión del Decreto 1469 de 2025, que definió el salario mínimo para 2026. Digo “primera” porque el Consejo de Estado no ha dictado sentencia aún —algo que no quedó claro para muchos en las redes sociales el pasado viernes—.
Como me dijo una jurista destacada, la discusión no habría llegado tan lejos si simplemente “hubieran leído lo dicho por el Consejo”. Todo en cambio se politiza. Algunos candidatos presidenciales se apresuraron a hablar de la necesidad de reducir impuestos para mantener el incremento del 23 % —en medio de una crisis fiscal?—, otros incluso convocaron movilizaciones callejeras para rechazar las decisiones del Consejo de Estado —como si la polarización y la división no ya eran suficientes—. Oportunismo.
En realidad, el Consejo de Estado le pidió al Gobierno justificar técnicamente el incremento del 23% y definir un porcentaje transitorio hasta que haya sentencia. Dejó claro, además, que: “En todo caso, la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025 no tendrá ningún efecto sobre las obligaciones y los derechos que se calcularon con base en el valor del salario mínimo del año 2026 allí establecido…”. Que se respeta entonces el curso institucional y que el Gobierno pueda explicar las razones del porcentaje, tal como lo pide el Consejo de Estado.
Como parte del debate económico, dije en su momento que el 23 % dificultaba la creación de empleo formal y que terminaba afectando a la mayoría de los trabajadores, a pesar de que beneficiaba a una décima parte de ellos. Ya vimos, por ejemplo, que el Banco de la República tuvo que subir su tasa de interés de intervención para contener los efectos inflacionarios de la medida, así como para enfrentar las consecuencias del gasto público excesivo. Esto implicará créditos hipotecarios más costosos y restricciones de financiamiento para que las empresas puedan adquirir capital y tecnología para ser más eficientes y competitivas. Son las malas decisiones del Gobierno las que están provocando las reacciones indeseadas pero necesarias del Banco de la República, no al contrario.
El 23 %, además, estuvo muy por encima de las cifras planteadas en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, donde hay representación de los trabajadores, los gremios y el Gobierno. El aumento tomó por sorpresa incluso a los sindicatos, que pedían el 16 %. Al Gobierno no le importó el espacio de concertación. No obstante, tuvo que convocarlo de nuevo como consecuencia del pronunciamiento del Consejo de Estado. Y ya algunos funcionarios piden un incremento mayor que el 23 % como respuesta política, ¡vaya!
La táctica política es otra vez la misma. Si queda en pie la medida, por populista que sea, cae bien porque les ayuda con la simpatía de ciertos grupos —a pesar del costo fiscal o las nuevas barreras en el mercado laboral—. Si se cuestiona, les permite detonar el discurso de “bloqueo institucional”, convocar movilizaciones y calentar la contienda electoral. Dudo que, en cualquier caso, el incremento tenga a la inversa.
Y ciertamente Colombia merece más que este péndulo de populismo y oportunismo; Merece calma, diálogo, sensatez y respeto institucional, fundamentos para una política económica productiva seria y verdaderamente equitativa.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de economía de la Universidad Javeriana.
