Incluso cuando las cámaras graban actuaciones policiales o jugadas futboleras, intereses espurios niegan las evidencias. La desconfianza se ha extendido de tal modo que algunos ciudadanos dudan incluso de cuanto tienen ante sus ojos. Sobre todo si choca con su credo o su marco mental. La desclasificación del 23-F poco puede hacerse contra quienes viven en el recelo. Pero sí entre los muchos dispuestos a escuchar a los expertos en los episodios del pasado.
Tras un análisis de urgencia de la documentación liberada, lo más novedoso son informaciones complementarias a los ejes centrales de la asonada ya conocidos: la implicación de algunos agentes del Cesid, la existencia de tramas y subtramas, los estados de opinión sobre las sentencias posteriores o las reacciones de las cancillerías extranjeras.
Pasado el fragor del chisme y los nervios por la gran revelación que lo aclare todo o hunda a alguien, serán historiadores y periodistas de investigación quienes dedicarán horas a revisar legajos para clarificar las zonas sombreadas del golpe fallido. Sí, hay en ocasiones hallazgos que cambian perspectivas o introducen novedades relevantes en episodios pasados, pero las tumbas de Tutankamón se descubren una vez cada siglo, no más. Quienes se dedican a ello saben que las perspectivas totales aparecen solo después de desbrozar partes.
A ello contribuye, sin duda, la desclasificación del 23-F. Sin embargo, en un Estado con medio siglo de democracia, la ciudadanía no debería esperar que un gobierno le dé una golosina documental según su ánimo político. Ni que sus expertos consulten archivos extranjeros para explicarles el pasado de su país porque este se lo niega. La muestra de un Estado maduro es el proyecto de ley de información clasificada, aprobado por el Gobierno de España y pendiente de tramitación en el Congreso, que supera la norma franquista que rige los secretos oficiales desde 1968 –levemente reformada en 1978–.
Buena parte de las democracias occidentales cuentan con un horizonte de revelación de secretos más o menos cercano. La mayoría con plazos para desclasificar la documentación de 5 a 50 años, prorrogables, para altos secretos: Alemania, de 30 a 60 años; el Reino Unido, de 30 años prorrogables; Estados Unidos, de 25 años prorrogables, y Francia (entre las más restrictivas), con límites de 50 o más. La aprobación del proyecto del Gobierno permitiría la desclasificación automática de sucesos ocurridos hace 45 años o más. Se podrían ya consultar documentos relacionados con el desarrollo de la Guerra Civil, de Franco y el franquismo, la matanza de Atocha o la descolonización de Marruecos, Guinea o Ifni-Sáhara, por ejemplo. Y con la categoría de alto secreto (45-60 años) pronto se podría conocer más sobre el atentado de Hipercor (1987), la participación española en la guerra del Golfo (1991) o la lucha contra el terrorismo de toda índole (GAL, ETA). Otros asuntos clasificados se darían a conocer antes –secreto (35-45 años), confidencial (7-9 años) o restringido (4-5 años)–.
Es lógico dar un margen temporal antes de liberar documentación delicada para que no interfiera en la política del presente o suponga un peligro para personas concretas. Pero desclasificar debería ser norma, no excepción. Lo desconocido genera habladuría, desinformación y aliena teorías conspirativas que aumentan la desconfianza. En un mundo falto de certezas, airear la documentación para que se pueda analizar con calma permite a los historiadores dar argumentos complejos que fortalecen el Estado, no al revés.
