Sin embargo, el aumento de los gravámenes hasta un 15 % —ahora bajo otros mecanismos legales— confirma una preocupante tendencia: la insistencia en una estrategia proteccionista que ignora tanto los límites constitucionales como sus consecuencias económicas reales.
el fallo del tribunal fue claro al establecer que el Ejecutivo se extralimitó al invocar poderes de emergencia en tiempos de paz para justificar aranceles generalizados. Lejos de corregir el rumbo, la respuesta ha sido rediseñar la vía jurídica para sostener la misma política. Esto no solo debilita la institucionalidad estadounidense, sino que envía una señal inquietante a sus socios comerciales: las reglas pueden cambiar unilateralmente, incluso cuando existen acuerdos vigentes.
Para la republica dominicanael impacto es directo, perjudicial y profundo.
Como uno de los principales beneficiarios del DR-CAFTAel país ha construido su modelo exportador sobre la base de acceso preferencial al mercado estadounidense. La imposición de aranceles —primero del 10 % y ahora con aumentos que pueden alcanzar el 15 %— erosión esa ventaja competitiva.
Claves de sectores como las zonas francas, los dispositivos médicos, el tabaco y los textiles que enfrentan ahora costos mayores para entrar al mercado estadounidense. Los productos agrícolas dominicanos —aguacates, tomates, ajíes y pepinos— también pierden competitividad frente a países que logran absorber o evitar estas cargas. Como han señalado análisis económicos recientes, América Latina podría experimentar una reconfiguración comercial donde algunos países se benefician marginalmente, pero otros —como la republica dominicana— enfrentan desventajas estructurales por su alta dependencia del mercado estadounidense.
El golpe no se limita al territorio dominicano. La comunidad dominicana en ciudades como Nueva York También sentirá el impacto. El aumento de aranceles encarece los productos importados, desde alimentos hasta bienes manufacturados que forman parte del consumo cotidiano de la diáspora. En la práctica, esto se traduce en precios más altos en bodegas, supermercados y pequeños negocios, afectado directamente el costo de vida de miles de familias trabajadoras dominicanas.
A su vez, estas medidas provocan un efecto inflacionario indirecto: el aumento en los costos de importación se traduce en precios más altos para los consumidores, deteriora el poder adquisitivo y coloca una presión adicional sobre los pequeños comerciantes que dependen de productos dominicanos. Este encarecimiento del costo de vida reduce el margen económico de los dominicanos en Estados Unidos y, en consecuencia, limita el envío de remesauno de los pilares fundamentales de la economía dominicana.
Resulta particularmente contradictorio que se justifique esta política bajo el argumento de proteger la economía estadounidense, cuando en realidad impone una carga adicional tanto a socios estratégicos como a consumidores dentro del propio país.
La política arancelaria de Trump no solo desafía principios básicos del libre comerciosino que también socava décadas de cooperación económica en el hemisferio. Persistir en aumentos de hasta un 15% tras un revés judicial no es una muestra de fortaleza económica, sino de obstinación política y falta de visión: empobrecer a los socios del hemisferio puede terminar incentivando nuevas olas migratorias hacia Estados Unidos.
En este contexto, insta a una respuesta firme y estratégico. La republica dominicana debe defender los principios del comercio justodiversificar sus mercados y apoyarse en mecanismos multilaterales.
Como presidente y fundador del Caucus de Amigos de la republica dominicana en el Congreso de EE.UU. UU., y defensor del DR-CAFTA y de las relaciones bilaterales entre ambos países, actuaré con firmeza para que el Congreso estadounidense reafirme su rol en la supervisión de la política comercial, evitando que las decisiones unilaterales continúen afectando a aliados confiables ya millones de consumidores, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
