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La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) solicitó a la Procuraduría General de la Nación que precisara la situación jurídica de Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la entidad. Mejía fue suspendido provisionalmente por tres meses en medio de una investigación disciplinaria por presuntos nexos con alias “Calarcá”, señalado jefe de disidencias de las Farc.
A través de un comunicado, el DNI indicó que, tras cumplirse el plazo inicial de la suspensión, no se tiene claridad sobre si la medida fue prorrogada o si, por el contrario, se profirió una decisión de fondo.
“Esta dirección elevó una solicitud a la Procuraduría para precisar el alcance de dicha medida, específicamente, si la suspensión fue prorrogada en los términos del artículo 217 del Código General Disciplinario, o si se ha proferido una decisión absolutoria o de archivo. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del ente de control, lo que impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del investigado”, señaló la entidad.
El nombre de Mejía salió a la luz en un informe periodístico de Caracol Televisión que lo vinculó, junto con el general Juan Miguel Huertas, como supuesto colaborador de la estructura de “Calarcá”, y propone a ese grupo la creación de una empresa de seguridad para facilitar su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales. Estos elementos fueron hallados tras el análisis de dispositivos incautados a alias “Calarcá” el 23 de julio de 2024, durante un operativo en Añorí (Antioquia). Tanto Huertas como Mejía han rechazado los señalamientos.
Al momento de emitir su suspensión, el Ministerio Público advirtió que tanto Huertas como Mejía ocupan cargos estratégicos que les otorgan acceso privilegiado a información sensible para la investigación. En particular, señaló que el director de Inteligencia de la DNI tiene entre sus funciones “dirigir, orientar y coordinar la planeación y ejecución de órdenes, misiones y actividades de inteligencia estratégica autorizadas a las subdirecciones, además de coordinar, articular, alinear y armonizar las acciones para dar cumplimiento a la misión de la DNI”.
La suspensión de la Procuraduría fue impuesta el 27 de noviembre y confirmada el 23 de diciembre. Cumplido el plazo de tres meses, el DNI aseguró que requiere una definición formal para determinar la situación administrativa de Mejía mientras avanza la investigación disciplinaria.
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