Las pruebas sobre malos reportes presupuestales están sobre la mesa y dejan muy mal parado al equipo del presidente. Victimizarse y deslegitimar la decisión del CNE es bajo e inaceptable.
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En medio de tanto ruido, tantas acusaciones y tanto escándalo, entender la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) pasa por recordar la pregunta en el corazón de este debate: ¿la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia violó las normas electorales al superar los topes de lo que podía gastarse? Porque si la respuesta es afirmativa, como la dio el CNE, entonces es apenas obvio que los responsables tienen que ser sancionados. Más allá de que el juicio ocurra en vísperas de una campaña electoral y de que Colombia esté en mora de reformar su órgano electoral, las pruebas sobre malos reportes presupuestales están sobre la mesa y dejan muy mal parado al equipo del presidente.
Son múltiples las respuestas del presidente Petro y de sus copartidarios sobre lo ocurrido. Es útil que analicemos las más importantes. En un mensaje de X, el mandatario dijo que no se encontró dinero ilegal ni de narcos. Eso es cierto, pero también es verdad que este proceso nunca giró en torno a eso. En el mismo mensaje, el presidente Petro dijo que “ninguno de los puntos que llaman sobretopes y, en cuyo proceso ni siquiera leyeron nuestra defensa, son sobretopes”. Sin embargo, hay dos aspectos cuestionables. Por un lado, la defensa fue escuchada y se presentaron todos los recursos para garantizar el debido proceso. Por otro, el CNE mostró que se omitieron reportes de gastos por más de COP 1.200 millones en transporte, que no se reportaron donativos de Fecode y de la Unión Sindical Obrera (USO), que se reportaron inadecuadamente unas facturas sobre publicidad y que el pago a 30.256 testigos electorales durante las dos fases electorales tampoco se incluyó. Si se suman los hallazgos, no solo hay sobretopes, sino que hay una clara violación a la norma electoral.
Defensores del presidente han señalado que el CNE guardó silencio en otros casos importantes, como la infiltración de Odebrech a las campañas de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga. Eso es cierto, pero también es una falacia. ¿Que no se haya actuado en esos procesos significa que, con pruebas de sobretopes, tampoco debería actuar en la campaña Petro? El debate es otro: necesitamos una reforma al Consejo Nacional Electoral que modifique la manera en que se elige a sus miembros, pero el consenso no se ha construido en el mundo político. Mientras tanto, tenemos las normas que tenemos y su cumplimiento no es opcional, por más críticas que uno le pueda dirigir al CNE.
También han dicho que el presidente Petro no puede ser tocado por el CNE, lo que es cierto y defendimos en este espacio. Pero ese abuso de poder no ocurrió. Al final, los sancionados fueron Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y María Lucy Soto, quien fue la auditora. Ellos tendrán que pagar una multa de COP 6.000 millones, mientras que los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica recibieron una sanción de COP 600 millones. Cualquier responsabilidad del presidente Petro tendrá que estudiarla su juez natural: la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Las reglas electorales existen para evitar abusos y trampas. Incumplirlas es fallarle a la democracia. Bienvenidos los debates sobre cómo reformar el CNE y cómo hacer que las campañas sean más transparentes en sus gastos, pero victimizarse y deslegitimar es una táctica baja e inaceptable.
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