La normativa, anunciada el pasado octubre, permite al DHS recolectar desde hoy los datos biométricos, como las huellas dactilares y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonan Estados Unidos.
También permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraron exentos hasta esta fecha.
La nueva regla afecta a todos los no ciudadanos, incluidos aquellos que posean una tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.
Según el DHS, este sistema “ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional”.
El uso fraudulento de documentos de viaje, la sobreestadía de los visitantes por terrorismo, la información incorrecta o incompleta de los viajeros, fueron las principales amenazas que citó el Gobierno para justificar la aplicación de la normativa.
“Este sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos”, expuso el DHS en la regla.
La medida fue criticada por activistas de derechos civiles, que cuestionan qué ocurrirá con los datos de los pasajeros, cuánto tiempo se conservarán o qué sucederá en caso de malentendidos.
Además de esta directriz que endurecerá las normas fronterizas, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, propuso el pasado 10 de diciembre que los turistas de 42 países, incluida España, debían entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para ingresar en Estados Unidos.
Esta medida se aplicaría a los ciudadanos que ingresen a EE.UU. bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje.
Este programa cobija a turistas y viajeros procedentes de 42 países, entre ellos España, el Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Catar, entre otros.
