Si quedo confirmado, trabajaré con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y los Gobiernos de Andorra y España para garantizar que las acciones se lleven a cabo de una manera justa, transparente y consistente». El autor de estas palabras es Benjamin Leon, nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra, y la traducción del lenguaje diplomático es que su país es molesto con la manera en que las autoridades de ambos países actuaron en 2015 para liquidar Banca Privada d’Andorra (BPA) y que en su nuevo destino investigará qué ocurrió exactamente.
Esta entidad fue cerrada tras una alerta del FinCen –organismo del Tesoro de EE.UU. que combate la financiación criminal–, supuestamente alertada por la policía española y el servicio antiblanqueo del Ministerio de Hacienda (Sepblac) de que en BPA había dinero sucio.
La declaración consta en las llamadas Question for the Record (QFR) del Senado estadounidense, consultadas por La Vanguardia.
Una altísima fuente de la diplomacia estadounidense detalla que el caso BPA resulta “insignificante” para un senador norteamericano “pero no que el FinCen fuera utilizado” con otras multas.
A Estados Unidos le preocupa que se pudiera usar un mecanismo de lucha contra el crimen para intereses diferentes o bajo engaño
Así, una declaración de este tipo implica que el nuevo embajador, que tomó posesión del cargo en febrero en Madrid pero que todavía no ha presentado sus credenciales ante el copríncipe de Andorra, el obispo de La Seu d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, se va a tomar en serio el asunto, planteado en la Cámara Alta norteamericana en octubre por el senador Bill Hagerty, muy próximo a Donald Trump.
Antes de tomar posesión, los embajadores se someten a preguntas de los senadores, en directo o por escrito, y el hecho de que Hagerty planteara esta cuestión indica hasta qué punto el asunto interesa al gobierno Trump.
Es la primera vez que Andorra aparece en las QFR.
Que la pregunta sea de Hagerty sugiere, según esta fuente, que el gobierno Trump, además de querer mantener a salvo el prestigio del FinCen y sus herramientas de actuación, “no va a dejar pasar la oportunidad de cargarle un muerto a la administración Obama ni a España”.
“De entre todo lo que podía preguntar, eligió Andorra”, ubica esta fuente, “y eso no es baladí”.
La pregunta del senador contenía el contexto mínimo.
Explicaba que en marzo de 2015, la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió un aviso de sospechas de que BPA era una “institución financiera de preocupación por el lavado de dinero” y proponía una medida especial para desactivarla.
La tesis del banco es que la ‘policía patriótica’ hinchó o inventó casos en venganza por no colaborar dándoles datos de políticos independentistas
Aunque algunos clientes de BPA fueron encausados por el origen dudoso de los fondos, los cuatro casos que generaron la alarma no tuvieron el recorrido judicial que se esperaba. Pero el banco fue liquidado de forma automática, y también su filial española, Bando Madrid.
La clave es que la información fue supuestamente facilitada al FinCen por la llamada policía patrióticaque buscaba datos de políticos independentistas que pudieran tener dinero en Andorra.
Al no obtenerlos, y como venganza, habría inflado lo que sabía de algunos clientes de BPA.
Esa es la tesis que el banco ha manejado desde entonces para explicar la fulgurante actuación de las autoridades americanas, españolas y andorranas.
El FinCen retiró su nota un año después, pero BPA ya no existía. El cierre del banco colea desde entonces, con decenas de demandas en instrucción judicial.
En una grabación al excomisario José Manuel Villarejo que se publicó en 2022 se le oye decir: “Creíamos que la BPA nos ocultaba información sobre los Pujol; nos pusimos en contacto con nuestros colegas de inteligencia americanos y con el FinCen y les enviamos informes plagados de mentiras; decíamos que la entidad facilitaba blanqueo de capitales a clientes venezolanos y rusos, los acojonamos, y actuaron”.
En 2016, el comandante de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo se atribuyó en una declaración judicial el mérito de haber informado al FinCen de la presencia de la mafia rusa en BPA.
En la investigación judicial de Andorra se ha pedido la citación del ex comisario Pedro Esteban, mencionado en el juicio que se sigue en Madrid contra la familia Pujol.
Sánchez había sido denunciado por un directivo de BPA por definir a la entidad como una “lavadora industrial” de fondos ilícitos.
Este guardia civil intervino en la Operación Clotilde, que investigó sobornos de un empresario ruso (con cuenta en BPA) al alcalde de Lloret, y que acabó con condenas mínimas.
En un escrito del 9 de abril, los abogados de uno de los dos ex propietarios de BPA, Higini Cierco, y el que fuera primer ejecutivo, Joan Pau Miquel, han pedido a la batlle (jueza) que investigue la participación de la “policía patriótica” en el fin de BPA que requiere “copia de todas las comunicaciones enviadas y recibidas, correos electrónicos, notas informativas y cualquier otra comunicación” intercambiada entre el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) con el Sepblac.
La tesis de que la liquidación de BPA se debió a la intervención de la policía patriótica planea también sobre el juicio que se sigue hasta mayo contra la familia Pujol en la Audiencia Nacional, en Madrid.
Este caso estalló en julio de 2014, cuando el diario El Mundo publicó una filtración que indicaba que tenían dinero en Andorra.
Los datos habrían sido obtenidos por agentes de aquella brigada. Uno de ellos -el agregado del ministerio del Interior en Andorra, Celestino Barroso- fue grabado por Joan Pau Miquel, amenazándole justamente de que BPA y Banco Madrid fueran eliminados, y que unos “americanos” estaban interesados en quedárselo, si no colaboraban. Quería saber si Jordi Pujol Soley, Artur Mas y Oriol Junqueras tenían dinero en el banco.
El pasado 11 de marzo, Barroso se declaró como testigo en el juicio de los Pujol, explicando que fue el comisario Pedro Esteban -jefe de la brigada de información de Barcelona en 2014- quien le dio la orden de montar una reunión en Madrid entre Miquel y otro agente.
Por ello, el abogado querellante, Alfons Clavera, del Institut de Drets Humans d’Andorra, ha pedido que se cite como testigo a Pedro Esteban en la causa. Este aparece también en grabaciones con Villarejo en las que se habla de la operación contra el independentismo.
Tras dejar a la policía, Esteban fue como jefe de seguridad a una gran entidad bancaria.
