Foto: Gustavo Torrijos
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A nivel mundial, seis de cada diez personas adultas con identidades de género diversos, como las personas trans, no binarias, de género fluido y queer, han vivido situaciones de violencia a lo largo de su vida. Se trata de un conjunto de agresiones físicas, sexuales y psicológicas que, según se identifica, se agravan en contextos de discriminación.
Este hallazgo proviene del estudio “Carga mundial de violencia contra personas adultas transgénero y de género diverso”, publicado en la revista JAMA Network Open, de la Asociación Médica Estadounidense (AMA). La investigación se basó en un metaanálisis de más de cien artículos publicados entre 2010 y 2023, que recoge las experiencias y opiniones de más de 65.000 personas en 22 países.
“Este trabajo representa la mejor evidencia disponible hasta la fecha sobre la prevalencia de la violencia contra las personas trans a nivel mundial”, comenta Sarah Peitzmeier, investigadora y profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland, en un texto que analiza el estudio.
La investigación estima que el 64% de esta población ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno. Además, señala que el 36% de las personas trans ha experimentado agresiones físicas, mientras que el 33% fue víctima de abusos sexuales. Formas de agresión que se presentan con mayor frecuencia en las mujeres con experiencias de vida trans.
También advirtieron que, en las relaciones de pareja, las personas con identidades de género diversos tienen el doble de probabilidades de experimentar ataques físicos o sexuales en comparación con las personas cisgénero, es decir, aquellas que se identifican con el sexo asignado al nacer.
Se trata de situaciones que se agravan por distintos factores. Entre ellos, el estigma social, la falta de protecciones legales, la discriminación económica y la ausencia de atención médica con enfoque de género. Estas condiciones no solo sostienen los ciclos de violencia, sino que también limitan el acceso a espacios de prevención y la búsqueda de justicia cuando ocurren estas situaciones.
El análisis también advierte que estas situaciones no afectan a todas las personas por igual y que pueden intensificarse cuando confluyen otras formas de marginación, un aspecto que debería considerarse en las investigaciones de crímenes por prejuicio. “La raza, la etnia, la edad y el nivel socioeconómico individual pueden influir en la exposición a la violencia”, se lee en el estudio.
De acuerdo con Trans Murder Monitoring, una iniciativa que recopila información sobre asesinatos de personas con identidades de género diversos en todo el mundo, el 94 % de las personas trans asesinadas en 2023 eran mujeres trans, afrodescendientes y vinculadas al trabajo sexual.
Por último, la investigación señala que, entre los principales agresores a lo largo de la vida de las personas con identidades de género diversos, se encuentran las parejas íntimas, familiares, personas desconocidas e integrantes de la policía.
La situación de Colombia frente a la evidencia global
Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, al comparar este análisis mundial con el contexto nacional, el panorama no resulta alentador. “El porcentaje del estudio no solamente se acerca a la realidad del país, sino que la realidad de Colombia está sobre la media”, comenta en entrevista con El Espectador. Esta lectura se sustenta en las cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la misma organización. Al cierre del primer mes del año, se registraron 10 asesinatos de personas LGBTIQ+, de los cuales ocho correspondieron a mujeres trans, que representan el 80% de los casos.
La explicación de por qué esta forma de agresión afecta de manera particular a las personas trans tiene que ver, en gran medida, con la visibilidad. A mayor exposición pública de la identidad o de la expresión de género, mayor es el riesgo. “No es gratuito, por ejemplo, que cuando se genera violencia contra una persona trans, lo que hacen es afectar las partes de su cuerpo donde se marca su expresión de género”, explica Castañeda.
Por su parte, Darla Cristina González, coordinadora de la Red Nacional de Personas Trans Diana Navarro San Juan, recuerda que en los últimos tres años han aumentado las muertes violentas de personas trans en el país. Como ejemplo se menciona el caso de Sara Millerey, ocurrido en 2025, que volvió a encender las alertas por transfobia en el país, en un contexto donde las agresiones sistemáticas contra esta población ya venía siendo denunciada.
Ambas fuentes coinciden en que estas formas de violencia responden a múltiples razones. Entre ellas, la ausencia de derechos, que exponen a las personas trans a mayores niveles de vulnerabilidad, y el hecho de que muchas de estas dinámicas se presentan en entornos de alto riesgo, a los que se ven forzadas a acudir porque son los únicos espacios donde pueden vivir o transitar ante la discriminación.
«Las personas trans históricamente hemos sido mal vistas si ocupamos espacios. A nosotras se nos sigue cargando el estigma de que debemos estar en una esquina ejerciendo prostitución o en una peluquería. Ese estigma nos persigue y hace que no podamos estar en las escuelas, que no terminemos el colegio o que sea casi imposible entrar a la universidad. Al final, nos relega a espacios de extrema vulnerabilidad», explica González.
Esta carga del estigma, sumada a la falta de garantías y de espacios de participación promovidos por el Estado, impacta directamente en la expectativa de vida de las personas trans, en comparación con el resto de la población. «Todos los contextos de violencia se reducen, al final, a una cifra, y es que el promedio de vida de las personas trans ronda los 30 o 33 años. Es decir, si no nos mata la violencia en el conflicto, nos mata la violencia en la calle, el abandono estatal o la falta de acceso a la salud. También nos matan enfermedades como el VIH, la depresión o el suicidio asociado a la ansiedad», añade la activista.
Solo en 2025, Caribe Afirmativo documentó 85 asesinatos contra personas LGBTIQ+, que da cuenta de la persistencia de patrones estructurales de vulneración de derechos humanos. Las principales víctimas fueron hombres 38 hombres gais y 32 mujeres trans. También se registraron afectaciones contra seis mujeres lesbianas, tres hombres trans y una mujer bisexual, además de dos casos en los que no fue posible confirmar la orientación sexual.
Los hechos se concentraron en Antioquia (30 casos) y Valle del Cauca (16 casos), seguidos por Bolívar (6), Atlántico (4), Magdalena (4) y Bogotá (3), mientras que el resto de los casos se distribuyen en al menos 13 departamentos adicionales, incluidos contextos históricamente afectados por conflictividad armada, economías ilegales y débil presencia institucional.
Frente a este panorama, Castañeda concluye que ni el Estado, a nivel nacional, ni los gobiernos locales han priorizado la creación de mecanismos de largo aliento que garantizan condiciones de vida estables y duraderas para la población LGBTIQ+, en especial para las personas trans. “Los gobiernos y las sociedades hablan de las personas trans solo cuando hay hechos de violencia, pero no existen mecanismos en la vida cotidiana que busquen extender los servicios sociales y del Estado a esta población”, dice.
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