El bloque de la investidura ha vuelto a cerrar filas esta tarde en el Congreso, esta vez en torno a una vieja reclamación del PNV. La mayoría ha acordado admitir a trámite la proposición de ley orgánica para suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y eliminar también la facultad del Tribunal Constitucional (TC) para forzar el cumplimiento de sus sentencias y suspender a cargos públicos. Aunque la aprobación final está aún bastante lejos para la postura del PSOE.
La supresión de dos de las herramientas más controvertidas de la última década ha salido adelante por tercera vez, como ya ocurrió en 2016 y 2021. En ambas ocasiones, sin embargo, la iniciativa quedó varada en un limbo de prórrogas de enmiendas y disoluciones anticipadas de las Cortes por la convocatoria de elecciones.
La reforma que el PNV quiere desactivar lleva el sello del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Partido Popular, entonces con mayoría absoluta, la impulsó en pleno choque institucional tras la sentencia de 2010 sobre el Estatut catalán y la escalada de “desobediencias institucionales” en Catalunya denunciadas por el PP durante el proceso soberanista que siguió adelante pese a las resoluciones contrarias del Tribunal.
El PNV ha argumentado en la sesión plenaria vespertina la necesidad de revertir la ley sobre dos motivos. El primero, “evitar que se ponga en manos de la minoría parlamentaria un recurso para obstaculizar y bloquear la voluntad de la mayoría”, con efectos “perturbadores”. El segundo, para evitar que se le atribuya al TC un papel de “tercera cámara legislativa” que no le corresponde, invadiendo las competencias del Legislador. Una crítica que han compartido otros grupos como Podemos, EH Bildu o Sumar.
Rechazo de PP y Vox
ERC y Junts han argumentado por su parte que estas reformas legislativas se adoptaron en 2015 en contra de Catalunya y el partido de Carles Puigdemont ha cargado contra el PSOE por no revertir las leyes adoptadas por el PP contra el procesoa través de su diputado Josep Pagès i Massó.
El PSOE, por su parte, parece decidido a mantener su apoyo al recurso previo de inconstitucionalidad que sus socios quieren derogar. El diputado Artemi Rallo, ha explicado que no comparte las críticas escuchadas aunque se ha mostrado a favor de debatir al respecto. “Nos abrimos a que nos convenzan, pero también tenemos la aspiración de convencerlos”, ha recalcado Rallo, que ha explicado que recuperando esta figura los socialistas pretendían “atemperar y mitigar” un potencial conflicto en el supuesto de que se declarase inconstitucional una reforma estatutaria ya aprobada e incluso refrendada, como ocurrió con el Estatut.
Eso sí, el PSOE apoya la tramitación de la iniciativa del PNV porque coincide en su segundo objetivo, la rebaja de las sanciones que también introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy 2015 para los cargos públicos que incumplan las sentencias del TC, pues opina que se atribuyó al tribunal de garantías “exorbitantes e innecesarias facultades” para ordenar la ejecución de sus resoluciones.
El PP, a través de Edurne Uriarte, ha acusado al PNV de estar negociando con EH Bildu la actualización del Estatuto de Guernika para un nuevo estatus político, al tiempo que ha reprochado al PSOE su cambio de postura, que atribuye a un intento de mantenerse en el poder, incluso aceptando acuerdos “para sacar a los asesinos más sanguinarios de ETA de la cárcel”.
Para Vox, esta iniciativa es “pura dinamita contra España” que busca preparar el terreno para que los parlamentos “desleales” inicien un proceso separatista.
