Foto: EFE – ARSHAD ARBAB
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El Gobierno nacional continúa ejecutando una de sus políticas más responsables fiscalmente, a pesar de su impopularidad. En varias ocasiones hemos celebrado que la Casa de Nariño haya dado la pelea por desmontar, de manera gradual, el déficit causado por el Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). El hueco que producen los distintos subsidios llevó a deudas de COP 57,3 billones que se venían arrastrando desde 2022 y que en 2024 finalmente pudieron pagarse. Ahora, se anunció una disposición similar para dejar de subsidiar el diésel, lo que ha vuelto a causar polémica. Sin embargo, nos parece fundamental que se mantenga una política que el país necesita.
Siempre hemos considerado que la pregunta esencial en este debate es una: ¿con qué fundamento deben los recursos de los colombianos subsidiar la gasolina y el diésel? En el primer caso, el debate era más sencillo, pues no hay motivos para fomentar con recursos públicos una herramienta contaminante. En el segundo, hay un argumento valioso de por medio: la cantidad de transporte público que usa este combustible y que es clave para las cadenas de distribución de alimentos. La solución que plantea el gobierno de Gustavo Petro es razonable. El Decreto 1428 de 2025 desarrolló un mecanismo diferenciado: mientras los vehículos particulares pasarán a pagar un precio cercano al real, los de transporte público estarán exentos. De los 1,06 millones de vehículos que usan diésel en Colombia, 295.167 serán impactados. Si se aplica adecuadamente, el Estado ahorrará COP 386.700 millones, lo cual es un ajuste necesario.
Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, «el subsidio a los combustibles debe estar cumple donde una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias… estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible para cuidar los recursos del Estado y destinarlos a donde más se necesitan». Estamos de acuerdo. Con la inflación estancada por encima del 5 %, desmontar el beneficio al diésel en el transporte público empeoraría la situación, más aún en vísperas de ver los impactos del aumento del salario mínimo. Por tanto, la opción de aplicar el decreto solo a los particulares, aunque dolorosa para los ciudadanos, es responsable con las finanzas y representa un buen punto medio.
Lo que sí debe hacer el Gobierno nacional es escuchar al gremio de las estaciones de servicio. En un comunicado, exprese su preocupación por la dificultad técnica de aplicar la diferencia de precios y por los problemas que causa el hecho de que el decreto no se establece de manera uniforme para todo el país. Para evitar fraudes y, además, problemas de competencia desleal, el Ministerio de Minas y Energía necesita explicar con transparencia cómo garantizará el cumplimiento de esta nueva normativa. El sector, sin embargo, parece coincidir en la importancia de eliminar los subsidios; otro argumento a favor de una decisión políticamente difícil, pero imperativa para Colombia.
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