En el sector inmobiliario considere que el acuerdo para limitar la compra de vivienda tiene los días contados. Dan por hecho que, de aprobarse en los términos que plantean los Comunes en su proposición de ley, acabará en los tribunales porque afectaría a la propiedad privada ya la libertad empresarial. Pero no por ello se muestran menos alarmados: una regulación así podría acabar teniendo el efecto contrario al que se pretende, coinciden todos los consultados.
El colectivo de agentes de la propiedad (API) advierte que limitar determinadas adquisiciones de edificios en zonas ya fuertemente reguladas y tensionadas puede generar mayor inseguridad jurídica y frenar operaciones que, precisamente, podrían ampliar la oferta. Según su análisis, el perfil más afectado será el inversor medio o patrimonial que compra edificios para rehabilitarlos y destinarlos a alquiler. «Si este capital se retira o se marcha a otros territorios, el mercado perderá oferta. Y en un contexto de déficit estructural, menos oferta significa más tensión», dicen los colegios de API. «Nos preocupa que se sigan acumulando medidas que restrinjan la oferta en lugar de incentivarla. Sin mayor vivienda disponible, el problema no se resuelve: se cronifica», añaden.
“El acuerdo no resuelve el problema de fondo que tiene Catalunya con la vivienda”, sostienen los propietarios
La rehabilitación de edificios también se vería afectada, pues la compra para reformar y luego vender quedaría prohibida. “Esto tendría un impacto muy negativo, tenemos un parque de vivienda antiguo que necesita una regeneración”, sostiene Carles Sala, vicesecretario general técnico de la asociación de Promotores APCE. “¿Comprar para rehabilitar también se consideraría especulación?”, se pregunta Sala sobre el fondo de la regulación.
Los agentes sociales también identifican un grave problema de inseguridad jurídica. El Govern ya ha avanzado que la regulación se introduciría a través de una modificación de la ley de Urbanismo, un mecanismo que suscita dudas legales. “Se está reformando la ley de urbanismo para intervenir directamente en operaciones de compraventa, en los particulares; no estamos hablando de regular el uso del suelo, sino de limitar quién puede adquirir propiedades y con qué fin”, advierte Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propietat Urbana de Barcelona. Este hecho abre a la puerta a “recursos judiciales, conflictos competenciales y una gran inseguridad para compradores, promotores y entidades financieras”, lamenta.
El Ministerio de Vivienda apoya la limitación de compra y anima a otras comunidades
En definitiva, el sector tema que esta nueva normativa no resolverá el problema de fondo. “El problema estructural de la vivienda en Catalunya no es solo quien compra, sino que no se construye lo suficiente”, destaca Gorgues. Entre los problemas, cita la falta de suelo finalista, la antelación administrativa, unos costes de construcción elevados, déficit de vivienda protegida, concentración demográfica en las grandes áreas y graves problemas de movilidad que impiden descongestionar el territorio. “Ninguno de estos cuellos de botella queda resuelto con este acuerdo”, insiste.
En cambio, y como era de esperar, el Govern de la Generalitat recibió el apoyo del Ejecutivo central. El Ministerio de Vivienda aplaudió la iniciativa y animó a otras autonomías a aplicar en toda su extensión la ley de Vivienda que permite declarar zonas tensionadas y topar los precios.
La propuesta de ley
Prohibición a los grandes tenedores y control de herencias
La proposición de ley para limitar la compra de vivienda modifica la ley de Urbanismo de Cataluña y se aplicará en las zonas de mercado residencial tensionado. Con ella, se habilita a los 271 municipios incluidos en estas zonas, que concentran el 90% de la población catalana, a aplicar estas restricciones.
Grandes tenedores.
No podrán comprar viviendas individuales ni para ponerlas en alquiler ni para reformar y venderlas después. Solo podrán comprar edificios enteros y siempre con la obligación de destinarlos a alquiler residencial con precio topado.
Gran tenedor persona física.
Podrá comprar una vivienda siempre que sea para residir en ella, algo que deberá acreditar mediante declaración responsable ante notario y empadronamiento.
Pequeños tenedores.
Podrán comprar hasta un máximo de cuatro viviendas –para evitar convertirse en gran tenedor– pero solo para uso propio, de un familiar hasta segundo grado o para alquilar a precio topado.
Segunda residencia.
Toda persona física, sea pequeña o gran tenedor, podrá comprar una única segunda residencia en otro municipio diferente al que vive habitualmente. No se podrá alquilar.
Herencias.
La vivienda heredada se podrá vender, usar para vivir en ella o alquilar a precio restringido, pero no se podrá tener desocupada.
Multas.
La norma se quiere aprobar antes del verano en el Parlament e incluye sanciones de hasta 1,5 millones de euros.
