Emergencia estructural | EL ESPECTADOR

Más allá de la discusión jurídica sobre la validez o no del Decreto de Emergencia Económica, resulta inquietante es el retrato del país que el Gobierno consigna en el documento que lo justifica. No es la excepcionalidad lo que llama la atención, sino la descripción de un escenario desastroso que contradice de frente las promesas de mejora, recuperación y fortalecimiento institucional que se han reiterado en los últimos años.

El decreto no describe una crisis acotada ni un choque externo imprevisible, sino un país con fallas estructurales profundas: limitaciones severas de capacidad fiscal, dificultades para garantizar la continuidad de los servicios básicos, debilidad del Estado y riesgos en el cumplimiento de obligaciones esenciales en materia económica, social y de administración pública. En otras palabras, la institucionalidad reconoce que no puede responder con normalidad y que no puede garantizar los servicios mínimos de seguridad y de justicia. Mucho menos, hacer viable al país de la belleza.

La paradoja es evidente. Durante meses se ha insistido en la reducción de la pobreza, en un desempleo que se acerca a un dígito y en una inversión social presentada como histórica. Pero ahora, el mismo Gobierno que celebra avances admite que los mecanismos ordinarios no alcanzan. Con un Presupuesto General de la Nación que supera los quinientos billones de pesos, el decreto reconoce severas restricciones para cumplir con lo básico. No es una cifra menor ni un desliz: es la admisión de que incluso con uno de los presupuestos más altos de la historia reciente, el Estado no logra sostener su operación.

Sobre la excepcionalidad, el mensaje implícito en la exposición de motivos del Decreto es el de un país frágil, radicalizado y disfuncional. Pero ese no es un hecho sobreviviente. ¿Acaso no ha sido así la realidad en la mayor parte de los 233 años de historia republicana? No obstante, el orgullo del presidente frente a su gestión contrasta con la crudeza del decreto y queda en evidencia que vivimos una República que se celebra en el discurso, pero que se declara en emergencia en el mundo real.

Así, por ejemplo, se habla de la dura situación internacional. Sin duda las decisiones de Trump han generado tensiones inexistentes hace más de un año. Pero eso no implica negar los episodios recientes de desorden institucional y comunicativo, como los protagonizados por la Cancillería, donde declaraciones contradictorias, rectificaciones posteriores y mensajes improvisados ​​en temas que van desde Maduro hasta los pasaportes, han terminado por reforzar la idea de un Gobierno que enfrenta serios problemas de conducción de la política exterior. Paradójicamente, la emergencia económica parece justificada por una acumulación de fallas políticas, administrativas y narrativas.

Lo más preocupante no es la discusión jurídica, sino el mensaje de fondo. La emergencia se convierte en una confesión de incapacidad estructural y el Estado –en voz de una gestión o que prometió mejorar las condiciones que hoy describen como críticas— es el mismo que ahora exponen un país al límite. El trasfondo de esa contradicción, y los problemas estructurales que plantea el Decreto, es el que debería encender todas las alarmas.