El director de Alianzas Públicas Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Riesgoespera poder lanzar en seis meses la licitación para contratar a las empresas privadas que se encargará de realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) anual que ordena la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
El funcionario adelantó algunos detalles sobre el proyecto que promete convertirse en el segundo contrato Delaware alianza publico-privada (el primero es el puerto Arroyo Barril) que logra concretar el Gobierno desde que se creó la institución en el 2020.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Contempla una inversión de 80 millones de dólares (4,852 millones de pesos a la tasa del día) que serán aportados por la entidad contratista.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
el territorio nacional se va a dividir en dos secciones o lotes que se van a asignar a las dos empresas que resultan favorecidas, cada una de las cuales construirá cerca de 15 centros en todo el país.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
La licitación se abriría entre junio y agosto y, tras la adjudicación, a las empresas les pudiera tomar entre 18 a 24 meses construir los centros, tomando en cuenta la experiencia internacional, por lo que la primera inspección podría llevarse a cabo entre el 2028 o 2029.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Las dos compañías elegidas verificarán que motocicletas, carros, yipetas y camiones cumplan con las condiciones requeridas de seguridad para circular. Luego recibirn un marbete de Inspección Técnica Vehicular que deberá pegar en su vidrio delantero.
Los que no pasen
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Los que no pasen la prueba, que tardarían unos 15 minutos, tendrán que asistir al taller de su preferencia para hacer los cambios o reparaciones necesarias al vehículo y volver a la inspección.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Lugo explicó que el costo para el usuario rondará los 3 mil pesos y que el Gobierno decidirá si mantendrá también el impuesto de circulación de vehículos o marbete, aunque este gravamen está establecido por la Ley 225-07.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
es provincias con un parque vehicular pequeño no habrá sucursales, pero en las que tienen mayor población podría haber más de uno.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
La ley de transito impone una sanción de la ONU salario minimo a los que no cumplan con esta obligación.
Durante sus seis años de existencia, la Dirección General de Alianzas Públicas Privadas (DGAPP) solo ha logrado la firma del contrato de Puerto Arroyo Barril, en Samaná, bajo esta modalidad, aunque ha trabajado en varios proyectos que terminaron ejecutándose en otro formato, como el Tren Metropolitano, la Autopista del Ámbar y el Puerto Cabo Rojo.
Las licitaciones del tren metropolitano y de la Autopista del Ámbar quedaron desiertas ante la falta de interés del empresariado. Andrés Lugo Risk, su director, aseguró que “el proyecto turístico de Cabo Rojo era tan grande y tan amplio que desbordó los límites de la Ley 47-20 y no se pudo hacer como una alianza público-privada”.
Sigmund Freund dirigió esas gestiones y se encargó de formalizar la institución.
Por 12 millones de pesos
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Este proyecto está siendo estructurado junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (intrantante), encargado por la ley de transito de llevar a cabo las inspecciones y de emitir los marbetes correspondientes.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Para la asesoria contrataron a la firma alemana Certificación TÜV Rheinland por 12 millones de pesos tras otro proceso de licitación.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Esta empresa tiene experiencia acompañando a gobiernos y consorcios privados en diversos proyectos de transporte, energía y tecnologías de la información y comunicación (TIC) en Europa, Asia y Oriente Medio.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
“Tienes 150 años en el negocio de los vehículos y es quizás una de las más prestigiosas en la materia de inspeccion tecnica vehicular”, agregó Lugo.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
el contrato tendrá una duración de varias décadas y como toda alianza publico-privada creada en el marco de la Ley 47-20, deberá terminar bajo propiedad estatal después de que las compañías recuperen su inversión.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
A diferencia de otras iniciativas de alianza pública privada que han muerto por falta de interes de los empresariosesta ha llamado la atención de varias multinacionales, ninguna de capital criolla, según indicó Lugo.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
“Hay una gran cantidad de empresas interesadas estafa experiencia en inspección técnica automotriz, extranjeros y con socios la mayoría”, refirió.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
El funcionario habló de la necesidad de ejecutar este proyecto en vista de la gran cantidad de accidentes que ocurren cada año en las calles dominicanas.
Andrés Lugo Risk informó que la institución recibe el respaldo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para la elaboración de un portafolio de proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privadas (APP).
Según explicó, una comisión vinculada a esa entidad estadounidense trabaja junto a la DGAPP en la identificación y construcción de un portafolio de iniciativas en distintas instituciones del Estado dominicano.
“Estamos recibiendo el apoyo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, una comisión está trabajando con nosotros elaborando, construyendo un portafolio de proyectos de APP en diferentes instituciones del Estado”, señaló.
40 proyectos vistos
Lugo Risk detalló que el acompañamiento consiste en evaluar los planos de proyectos que ya tienen las instituciones públicas, muchas con 30 o 40 iniciativas previstas para ejecutarse en un período de cuatro años, y determinar cuáles podrían desarrollarse bajo el esquema APP.
“Nos están identificando, de esos 40 proyectos, hay cuatro o cinco que pueden hacerse a través de la modalidad APP”, indicó, tras precisar que luego se realice una evaluación rigurosa de cada propuesta antes de que pase a ser trabajada por la DGAPP.
un reimpulso
El funcionario aseguró que este proceso forma parte de un “reimpulso institucional” que incluye la revisión de proyectos heredados, la exclusión de algunos y la reevaluación de otros que llevan varios años en carpeta, así como la búsqueda de nuevas iniciativas.
A su juicio, con este acompañamiento internacional y la eventual modificación de la ley que regula las APP, en un plazo razonable la institución podría contar con un portafolio más amplio de proyectos disponibles para inversionistas nacionales e internacionales.
La ayuda de Estados Unidos, según Lugo Risk, permitirá afianzar más proyectos a corto plazo.



