Dos grandes casos de corrupción política que afectan tanto al PSOE como al PP van a ser juzgados al mismo tiempo a partir del mes de abril, lo que sin duda va a convertirse en caldo de cultivo para la bronca política en plena efervescencia electoral. Tras la vuelta de Semana Santa, la mirada estará puesta en Andalucía, mientras se forman gobiernos en las comunidades que ya han celebrado elecciones como Castilla y León, Aragón o Extremadura.
En esa coctelera política, a la vuelta de vacaciones, arrancan dos juicios clave que salpican directamente a los dos principales partidos de España. El 7 de abril comienza en el Tribunal Supremo el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el corruptor Víctor de Aldama por presuntos amaños de contratos de mascarillas en plena pandemia a cambio de comisiones ilegales.
En paralelo y solo a unos pocos metros de distancia, en la Audiencia Nacional, en las mismas fechas –concretamente el lunes 6 de abril– empieza la vista oral contra el exministro del Interior popular Jorge Fernández Díaz, su ex número dos Francisco Martínez, el excomisario José Manuel Villarejo y una tanda de altos mandos policiales por idear un operativo “parapolicial” contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Todo el país verá la imagen de Fernández Díaz y Ábalos en el banquillo de los acusados. Ambos se enfrentan a penas elevadas de prisión. Tanto el PSOE como el PP tienen dos opciones: utilizar el juicio del contrario para tapar el suyo propio con un “y tú más” o hacer un pacto de no agresión y que los juicios pasen lo más desapercibidos posibles.
Por el desarrollo de los acontecimientos, la primera opción es la que se estima más probable. Desde ciertas filas socialistas ya se ha lanzado la idea de que el Supremo ha hecho coincidir el juicio a Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización elegido por Pedro Sánchez, con el juicio por la llamada operación Kitchen para tapar la segunda.
José Luis Ábalos tiene una única baza porque la sentencia que se acuerde será firme, sin capacidad de recurso
Desde el PP se pretende tomar distancia porque Fernández Díaz está suspendido cautelarmente de militancia desde 2021, aunque sigue afiliado, y tratan de enmarcar los hechos en otra etapa de la formación, cuando la presidía Mariano Rajoy y, por tanto, que nada tiene que ver con el equipo de Alberto Núñez Feijóo.
Hay otra derivada, que son las otras formaciones, como Vox, que se pueden aprovechar de estos dos juicios para poner en la picota a los partidos tradicionales y tildarlos de corruptos en busca de un rédito electoral.
Que ambos juicios tienen una parte política lo demuestra que en la causa contra Ábalos se encuentran personas como acusación popular tanto el PP como Vox, mientras que en el juicio por Kitchen está personado el PSOE.
Una gran diferencia entre ambos es que Ábalos está en prisión y Fernández Díaz no. El exministro socialista deberá ser trasladado desde la cárcel de Soto del Real hasta el Supremo, donde comerá un bocadillo que le darán en una bolsa de plástico. El juicio, además, será en sesiones de mañana y tarde, durante tres días a la semana, un mes entero, lo que va a suponer un desgaste físico elevado por los traslados diarios desde y hasta el centro penitenciario.
En su caso, además, se juega más porque si sale una sentencia condenatoria –la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para él–, la ejecución es inmediata porque no cabe recurso. Es decir, que en caso de ser condenado, Ábalos ya no saldrá de prisión hasta que acabe de cumplir la pena o recibir permisos para ello.
El exministro popular será juzgado en la Audiencia Nacional y si es condenado tendrá margen para recurrir
En el caso de Fernández Díaz y demás acusados por la Kitchen, el proceso será más lento. Por un lado, el juicio está previsto que llegará el 30 de junio, dos meses después que el de Ábalos. Esto significa que la sentencia se retrasaría, a lo que hay que tener en cuenta que tiene posibilidad de ser recurrida ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y luego en casación ante el Supremo.
