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El secretario general de la Fuerza del Pueblo (FP), Antonio Florianafirmó que el agua potable no puede ser tratado como una mercancía ni utilizada como un mecanismo de ajuste financiero, al rechazar el reciente anuncio de aumento en la tarifa del servicio por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).
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Florián calificó la medida como injusta, inoportuna y socialmente insensible, al considerar que impacta de manera directa a millas de familias del Gran Santo Domingo en un contexto marcado por el alto costo de la vida, el encarecimiento de los servicios básicos y la pérdida de la capacidad adquisitiva de los hogares.
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«el agua potable es un derecho fundamental y un servicio publico esencial. No puede ser tratada como una mercancía ni utilizada como mecanismo de ajuste financiero en perjuicio de la población”, sostuvo el dirigente político.
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El secretario general de la FP señaló que, antes de plantear aumentos tarifarios, las autoridades deben priorizar la mejora de la gestión del sistema, la reducción de pérdidasla inversion en infraestructurael combate al despilfarro y la garantía de un servicio eficiente, continuo y de calidad.
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Asimismo, cuestionó la falta de información clara y la ausencia de un proceso de consulta publica previo a la adopción del aumento, lo que, a su juicio, evidencia una desconexión entre las autoridades y las necesidades reales de la ciudadanía.
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En ese sentido, llamó al gobierno a reconsiderar la medida ya abrir un espacio de diálogo con los sectores sociales y comunitarios para definir una política hídrica que garantiza un acceso justo, equitativo y sostenible al agua potable.
Denunciar irregularidad del servicio
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En apoyo a esta posición, el ingeniero Hamlet Otáñezmiembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y titular de su Secretaría de agua Potable y Saneamiento, recordó que durante todo el año 2025 numerosas comunidades del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo denunciaron la falta de suministro continuo, los extremos irregularidad del servicio y la imposibilidad de planificar la vida cotidiana ante un acceso al agua que en algunos casos se limita a una vez al mes o desaparece durante semanas.
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Otáñez consideró inaceptable que, frente a esta situación ampliamente conocida, la CAASD opta por aumentar el costo del metro cúbico de agua sin que exista una mejora previa en la calidad, cantidad y continuidad del servicio.
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Advirtió además que trasladar a la población el peso de ineficiencias estructurales no atribuibles a los usuarios profundiza la inequidad en el acceso a un servicio publico esencial.
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Finalmente, reiteró que no puede existir. justicia tarifaria pecado ONU sistema confiable y medible, y que incrementar tarifas en un contexto de baja micromedición, fallas operativas y desigualdades territoriales equivale a institucionalizar la inequidad en el acceso al agua potable.
