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Como era previsible, el Gobierno decidió salir de la participación que tiene en Movistar, como parte del proceso de fusión que esta marca tiene en marcha con Tigo (propiedad de la empresa Millicom).
El 10 de noviembre, la Comisión intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos ya había recomendado que la Nación se deshiciera de su participación accionaria en esta compañía pues, palabras más, palabras menos, la misión central del Estado no es ser prestador de servicio de telecomunicaciones.
Aquí es clave aclarar que la Nación tiene una participación en Movistar a través de la sociedad Coltel, en la cual también se encuentra la española Telefónica, que a su vez es el accionista mayoritario.
La participación nacional en Coltel se derivaba de la venta de Telecom, que era el operador de telecomunicaciones estatal.
Ahora, mediante el decreto 1481 del 30 de diciembre, el Ministerio de Hacienda explica cómo se realizará la venta de estas acciones mediante un plan de enajenación.
De fondo, la Nación espera recibir unos COP 856.000 millones por su participación accionaria en Coltel, que asciende a 32,5 % de la sociedad. Las acciones serán ofrecidas a un precio de COP 772,38 por cada una; y en venta habrá más de 1.100 millones de títulos.
El proceso se realizará en dos etapas: una primera venta para públicos y organizaciones con derechos especiales, como trabajadores activos y pensionados de Coltel, asociaciones de empleados de la sociedad, sindicatos, fondos de pensiones, cooperativas y cajas de compensación familiar, entre otros.
En la segunda etapa entra el público general y es aquí en donde se espera que Millicom salte al baile y adquiera la mayoría de las acciones que se pondrán en venta para así hacerse con el 100% de Movistar.
Vale la pena recordar que justo esta semana Millicom y Telefónica anunciaron un preacuerdo para comprar las acciones que la empresa española tiene en Coltel.
Mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), Millicom se quedaría con el 67,5 % de las acciones de Movistar, que es justamente la participación que posee Telefónica, lo cual se traduce en 2.301.779.819 acciones.
En este acercamiento con Telefónica, Millicom ofreció pagar USD 0,0932 por acción, lo que implicaría más de USD 214,5 millones.
La fusión Tigo-Movistar
En esta operación, Millicom no sólo va por la totalidad de Movistar, sino por la de Tigo, que tiene una participación de la ciudad de Medellín, a través de EPM.
Justo hace una semana se dio otro paso clave en ese proceso de integración. EPM, el otro accionista de Tigo con el 50% de la participación, culminó la primera etapa del proceso de enajenación de acciones, en la que apenas se vendieron 77 títulos. En 2026 se llevará a cabo la segunda fase, cuando las acciones se ofrecerán al público en general, tras lo cual se abrirá la puerta para que Millicom pueda avanzar en su compra.
El futuro de la integración
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó a principios de noviembre la fusión entre Tigo y Movistar, pero con condiciones.
“Encontramos que esta operación ofrece beneficios potenciales, para el mercado y usuarios, en generación de eficiencias, mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios”, detalló en su momento Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, quien agregó que se analizaron las inquietudes que radicaron los demás agentes del mercado, incluyendo los que resultarían afectados.
La importancia de los condicionamientos radica en lo nociva que puede resultar esta integración, dado que Claro y el operador resultante se concentrarán cerca del 90% del mercado de telefonía e internet móvil.
Esto, como lo reconoce la SIC, podría derivar en riesgos de coordinación entre estos dos grandes para influir en la calidad y los precios de cara a los usuarios, así como en operaciones agresivas para afectar a los operadores más pequeños (WOM y los denominados OMV, como Suma, Móvil Éxito y Virgin Mobile).
Al respecto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) señaló, en un comunicado, que la integración entre Tigo-UNE y Movistar “podría tener consecuencias importantes en el mercado minorista de servicios móviles”.
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