En medio de un escenario marcado por denuncias de corrupción, crisis financiera y alta rotación en los cargos directivos, en las últimas horas se ha conocido una posible versión de una eventual salida de Luis Oscar Galves Mateus como interventor de Nueva EPS, apenas poco más de un mes después de haber asumido el cargo. La versión fue difundida por el representante a la Cámara Andrés Forero, quien advirtió que, de concretarse, se trataría del quinto interventor en la EPS más grande de Colombia en menos de dos años.
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«Se rumora que esta semana saldría Oscar Galves, actual y polémico interventor de Nueva EPS que lleva poco más de 1 mes en el cargo. En medio de ruido de corrupción llegaría el 5o interventor a la EPS más grande del país en menos de 2 años. Para rematar la Super ad-hoc renunció», escribió el congresista en su cuenta de la red social X.
El posible cambio administrativo se conoce en un momento particularmente sensible para el sistema de aseguramiento en salud y, en especial, para Nueva EPS, entidad que concentra cerca de 11,7 millones de afiliados y que atraviesa una de las coyunturas más complejas de su historia reciente.
Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático. Foto:REDES SOCIALES
Relevo de interventores en siete EPS
El pasado 14 de noviembre, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la designación de nuevos agentes interventores en siete EPS actualmente intervenidas. Según explicó la entidad en un comunicado, los nombramientos se realizaron a partir de los perfiles inscritos en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) y buscan fortalecer la capacidad de respuesta frente a las quejas de los usuarios, así como avanzar en los planos definidos para cada proceso de intervención.
La decisión fue adoptada por el recién nombrado superintendente nacional de Salud, Bernardo Camacho Rodríguez, quien aseguró que los cambios no afectarían la prestación de los servicios y que los equipos interventores deberán continuar con la ejecución de los planos operativos ya establecidos.
Los nuevos interventores que asumieron funciones son Alexander Mesa Romero en Coosalud; Bety Cecilia Anaya Nieto en Capresoca; Carlos Alberto Betancur Castañeda en Servicios Occidentales de Salud (SOS); Germán Darío Gallo Rojas en Famisanar; Ilsen Inés Jaramillo Laserna en Emssanar; Laín Eduardo López Martínez en Asmet Salud, y William Humberto Salgado Gamboa en Savia Salud. Los perfiles incluyen médicos, administradores, abogados y contadores con experiencia directiva que va desde los 4,6 hasta los 28,8 años.
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El nuevo superintendente de salud ha hecho varios cambios en plena crisis. Foto:Supersalud / Archivo EL TIEMPO
El caso particular de Nueva EPS
En el caso de la Nueva EPS, la decisión de nombramiento no estuvo en cabeza directa del superintendente, sino de la entonces superintendente ad hoc designada para este proceso, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez. Bajo esa figura fue designado como interventor Luis Oscar Galves Mateus, bacteriólogo y laboratorista clínico, con especialización en gerencia de servicios de salud y estudios de maestría en gerencia internacional.
Su llegada, sin embargo, coincidió con una serie de hechos que profundizaron la crisis de la entidad. Uno de los más relevantes ocurrió cuando DisFarma GCSAS anunció la terminación unilateral del contrato de dispensación de medicamentos, una decisión que podría afectar a cerca de 2,4 millones de usuarios en 19 departamentos, donde operan 232 puntos de atención. La medida ya fue notificada oficialmente a la Supersalud.
A esto se suma la alerta emitida por la Contraloría General de la República el 9 de septiembre de 2025, cuando advirtió una “grave situación administrativa y financiera” en la Nueva EPS. El ente de control detalló que los anticipados pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, lo que representó un aumento del 155%. Para junio de 2025, la cifra ya alcanzaba los $15,27 billones, comprometiendo seriamente la liquidez y la estabilidad operativa de la aseguradora.
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Luis Óscar Galves fue posesionado por Angie Rodríguez, superintendente ad hoc. Foto:dapre
En paralelo, el Gobierno Nacional anunciaría en los próximos días que se convertirá en el accionista mayoritario de la Nueva EPS. Varias cajas de compensación habrían cedido parte de su participación, lo que permitiría al Estado alcanzar el 51% de las acciones. La formalización del cambio depende de un trámite final ante el Ministerio de Hacienda.
Un sistema en crisis estructural
El posible relevo del interventor de Nueva EPS se da mientras el sistema de salud enfrenta su momento más crítico en casi una década. Un análisis reciente de Así Vamos en Salud, con base en datos de la Supersalud al 29 de octubre de 2025, evidencia un deterioro financiero sostenido desde 2017.
El informe revela que el patrimonio consolidado de las EPS registra un déficit histórico de $11,3 billones, casi el triple del observado en 2023, cuando el faltante era de $3,8 billones. Para el centro de pensamiento, esta cifra confirma una profundización de las brechas financieras y un deterioro sin precedentes en el aseguramiento.
El endeudamiento también alcanza niveles críticos. EPS como Savia Salud, Mallamás, SOS, Dusakawi, AIC, Emssanar, Famisanar y Capresoca presentan deudas entre tres y siete veces el valor total de sus activos, lo que, según el análisis, constituye una situación de insolvencia estructural: aun liquidando todos sus bienes, no podrían cubrir sus obligaciones.
En este contexto, la eventual salida de Galves Mateus, de confirmarse, reforzaría la percepción de inestabilidad en la conducción de Nueva EPS y reabriría el debate sobre la eficacia de las intervenciones administrativas en un sistema de salud que enfrenta una crisis financiera y operativa de gran escala.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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